Oaxaca, Oax.- Ha pasado un año y no se sabe nada de Irma Galindo Barrios, la guardabosques ñuu savi (mixteca), quien desapareció el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, aún cuando tenía protección del Mecanismo Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
La ambientalista conocida como la princesa Mononoke, fue vista por última vez en la estación del Metro Barranca del Muerto, y se sabe que iba a reunirse con personal del Mecanismo, pero no llegó al encuentro.
La desaparición de Irma ocurrió en un contexto de conflicto comunitario que ha dejado como saldo más de 100 casas quemadas, 300 personas e infantes desplazados sin que tengan fecha de retorno en el municipio de San Esteban Atatlahuca, de donde era originaria.
En noviembre de 2019, la guardabosques subió fotografías en sus redes sociales de la tala de árboles en la zona comunal de Yozo Tiza’a. Días después fue cuando le quemaron su casa y tuvo que huir para salvarse.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones civiles, colectivos y defensoras solicitaron al Estado Mexicano que den con ella.
Maurilio Santiago, defensor comunitario de la CEDHAPI y amigo de la guardabosques, dijo que el caso de la desaparición de Irma lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).
“Nosotros hemos insistido en la búsqueda de Irma, sabemos que como defensora comunitaria su actuar era valioso en la comunidad, porque además de cuidar el bosque, también estaba ayudando a las mujeres a rescatar sus huipiles tradicionales, a revalorizar la identidad, y a cuidar por supuesto los recursos naturales”.
Integrantes de la Red Mexicana contra la Minería (Rema) y la Articulación por la vida y contra la minería del valle de Ocotlán señalaron que en 2019, la activista ya había desaparecido después de un intento de asesinato por las autoridades de San Esteban Atatlahuca, municipio del cual Irma era autoridad, regidora de Cultura.
“Irma había descubierto el contubernio de las autoridades municipales y agrarias de Atatlahuca con la deforestación del bosque, la tala ilegal, el tráfico de especies nativas y únicas de la región de fauna y flora”, dijeron.
Oaxaca la entidad con más crímenes contra ambientalistas
De acuerdo con la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en 2021 ocho oaxaqueños fueron asesinados en este año.
“Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández”.
Oaxaca concentró el mayor número de eventos de agresiones con un total de 24 (21.82%); eventos en los que se perpetraron, al menos, 60 agresiones diversas, señaló en su informe 2021.
Los casos de Isidoro y Jacinto, defensores de los bosques San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, constituyen 2 de los 3 casos registrados como probables ejecuciones extrajudiciales durante 2021.
De acuerdo con esta organización ambiental, al menos 58 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Urge aplicar el acuerdo de Escazú: Barranco
Laura Barranco es beneficiaria del Mecanismo desde 2019 y protege de la tala clandestina el Parque Nacional de los Remedios en Naucalpan, Estado de México.
A un año de la desaparición de Irma, Laura opina que lo único que ha ocurrido son “puros llamados a misa”, y que lo urgente sería la aplicación del Acuerdo de Escazú, que México ratificó el 5 de noviembre de 2020.
Detalló que el Acuerdo de Escazú es un documento obligatorio para el Estado Mexicano y que tiene 3 objetivos: Acceso a la información, participación y justicia.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que nadie hace caso a la ONU, pues dejenme decirles que el estado mexicano tampoco, llevamos un año de que Irma desapareció y casi dos años de la ratificación del acuerdo de Escazú, y no hay respuesta para una mujer que por cuidar su bosque está desaparecida”.
Lamentó que por la desaparición de Irma debería haber sanciones administrativas para el personal del Mecanismo de Protección, pues sabían que la defensora estaba huyendo y ni aún así la protegieron.
Source link