En noviembre de 2018, Mari Isabel Aretxabala recibió en su casa de Getxo (Vizcaya) una carta de la Junta de Andalucía en la que se le comunicaba que los restos hallados en el cementerio gaditano de San José se correspondían con los de su padre. Dionisio Anton Aretxabala fue un marinero vasco fallecido en extrañas circunstancias el 19 de abril de 1939, mientras estaba encarcelado, acusado de “desafección al Régimen” de Franco. Para la familia terminaba con aquella misiva una odisea que su hijo Xabi Azkalgorta había iniciado en 2009. Fueron las pruebas de ADN las que permitieron identificar el cadáver. Este cotejo genético se ha convertido en la última esperanza para muchos familiares de víctimas del franquismo para cerrar el largo viacrucis que comienza, si lo hace, por la localización del cuerpo y las exhumaciones. Los resultados positivos, sin embargo, son escasos y no todas las comunidades autónomas tienen bancos de ADN.
En España solo Andalucía, Cataluña, Navarra y País Vasco disponen de archivos de muestras genéticas de víctimas del franquismo. El banco andaluz de ADN cuenta con 2.143 muestras, 1.367 de familiares y 776 de restos óseos. “La casuística es distinta en función de cómo fue la guerra”, explica una portavoz del Instituto Gogora del Gobierno vasco, encargado de las exhumaciones y de las muestras genéticas. Desde que en 2017 se puso en marcha el del País Vasco se han recopilado 400 muestras. Los cotejos positivos son pocos. De las 110 víctimas exhumadas, se han identificado 27 gracias al ADN de familiares. En Cataluña hasta la fecha, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Justicia de la Generalitat catalana, se han realizado 2.708 análisis a familiares y se han exhumado 810 individuos, de los que 17 han sido identificados gracias al cotejo genético. En Navarra, hay 305 expedientes de ADN abiertos, 130 cadáveres exhumados y 32 identificados, informa Amaia Otazu.
Muchos descendientes o familiares directos de quienes fallecieron en la Guerra Civil o en la dictadura no llegan siquiera a este hito final del camino. Es al excavar en una fosa cuando se acude a los familiares para que cedan su ADN. El proceso puede prolongarse décadas, un tiempo del que muchos, por su edad avanzada, no disponen. La Diputación de Cádiz busca revertir esa espiral y la semana pasada anunció un programa de recogida masiva de muestras de cualquier persona de la provincia que sospeche que alguno de sus familiares pudo ser represaliado. “La finalidad es conformar una base de datos con perfiles genéticos sin necesidad de esperar a que se vayan abriendo fosas”, explicó la presidenta de la Diputación, Irene García.
Las muestras se enviarán al laboratorio Genyo de la Universidad de Granada (UGR), un centro de referencia al que no paran de llegar tomas genéticas —1.469 restos óseos de 43 fosas y 1.389 muestras de familiares de 51 fosas, según los datos recopilados por la Junta— de todas las sepulturas en las que ahora se está trabajando en Andalucía, la comunidad con más fosas de represaliados (708). El plan permitirá disponer de muestras de familiares con un vínculo de primera generación, donde es más factible encontrar coincidencias, ahorrándoles la tarea de localización y exhumación, puesto que el ADN estará disponible con anterioridad, sin depender de dónde estén los restos de la víctima.
“La mayoría de familiares de primera generación ya han fallecido y la coincidencia con los de segunda y tercera generación es menos factible”, explica el profesor Francisco Carrión, uno de los investigadores principales del proyecto iniciado en las fosas del Barranco de Víznar (Granada). “El porcentaje de identificación por ADN es muy pequeño y se lo advertimos a los familiares”.
El alcalde de Cádiz, José María González (i), junto a Anton Azkargorta, (2i), nieto de Dionisio Anton Aretxabala, maquinista naval vasco asesinado en 1939 tras ser detenido en Cádiz en plena represión franquista, durante el acto en el que le entregaron los restos de su abuelo, en diciembre de 2019. / ROMÁN RÍOS (EFE)
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La de Anton Aretxabala fue la primera identificación de un represaliado a través del ADN de la provincia de Cádiz, y una de las 19 confirmadas en Andalucía. Los Azkalgorta Aretxabala han tenido suerte. Hay otros que siguen esperando. El 8 de marzo de 2019, Teresa López, que entonces tenía 88 años, viajó de Barcelona al cementerio de la Salud en su Córdoba natal para ceder su ADN, junto con el de 179 familiares de otras víctimas, para ser cotejados con las muestras genéticas de 23 cuerpos exhumados. “Fui con un ramo de flores para ponérselas en una lápida en la que aparece su nombre. Pero ya tengo 91 años y me voy a morir sin tener los restos de mi padre”, se lamenta. “Vino gente muy mayor de muchas partes de España, han pasado tres años y algunos han fallecido sin recibir un resultado”, denuncia Pablo Pérez, presidente de la Asociación para la Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera (Córdoba).
“El trabajo de muestras conlleva una serie de problemas técnicos y una complejidad burocrática, que incluye la normativa de protección de datos, la del laboratorio, las disposiciones en materia de memoria… El resultado final es de una enorme complejidad, como una telaraña paralizante que no ha podido resolverse por la falta de desarrollo normativo”, se lamenta Juanma Guijo, antropólogo de la sociedad de ciencias Aranzadi, responsable de las exhumaciones de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, la segunda fosa más grande de España, con 4.453 sujetos intervenidos, 869 de ellos asesinados, y que también participó en la identificación de Anton Aretxabala.
La ley de Memoria Histórica de Andalucía de 2017, como el resto de las normas autonómicas, otorga a la Junta la competencia para la recopilación de muestras y su análisis a través de universidades públicas, una circunstancia que, de acuerdo con el historiador José Luis Gutiérrez Molina, clave en la localización de Anton Aretxabala, “ralentiza el proceso de identificación”. “Aquí las muestras se analizan en la Universidad de Granada y eso crea un cuello de botella perverso, porque los resultados tardan demasiado tiempo”. La hija de Anton Aretxabala tardó casi un año en recibir una respuesta. “El mismo tiempo que otras víctimas encontradas en Cádiz”, puntualiza Gutiérrez. El hijo de Teresa López, Juan Carlos Fernández, ve “una clara relación entre la llegada a la Junta del PP y la tardanza en el cotejo de los resultados” del ADN de su madre.
Un técnico trabaja en uno de los restos de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, de Sevilla.Alejandro Ruesga Sanchez
La Junta de Andalucía firmó en 2018 un convenio con la UGR para que el laboratorio Genyo se encargara del análisis de las muestras de los restos y de los familiares, en un plazo de cuatro meses, y otro en 2019 para la creación de un banco de ADN andaluz de las víctimas del franquismo. Un portavoz de la Consejería de Cultura, de la que dependen las políticas sobre memoria histórica, subraya que el retraso se debe “a la gran cantidad de restos que están llegando de las numerosas exhumaciones que se están llevando a cabo en Andalucía y que multiplican las de anteriores legislaturas”, y adelanta que “se va a ampliar el laboratorio y que se le ha dotado de un software específico para modernizar las técnicas de identificación y acelerar los trabajos”.
“Sin un banco de ADN nacional, estas iniciativas no tendrán mucho recorrido”, advierte el arqueólogo Jesús Román, uno de los impulsores del proyecto gaditano. Solo Navarra tiene convenios con País Vasco y Cataluña para cruzar datos, aunque la colaboración es muy fluida entre las cuatro administraciones cuando se requiere, coinciden todas. La nueva ley estatal va en sintonía con la demanda de Román y plantea un banco de ADN. El diálogo con los 11 laboratorios que participarían, entre ellos el de la UGR, está muy avanzado, según confirman a este diario fuentes vinculadas con los colectivos de memoria democrática. El archivo genético estaría centralizado en el Instituto de Toxicología.
La última búsqueda: el porqué y los responsables
Cuando Txabi Azkalgorta inició la búsqueda de los restos de su abuelo, su único interés era “localizarlo y trasladarlo”. Para eso contaba con las 19 cartas que el marinero fallecido había enviado a su esposa mientras estuvo prisionero y una confirmación de que se había suicidado “por estrangulamiento”. “Algo que no se deduce del tono de las últimas cartas, una de ellas dos días antes de que falleciera”, puntualiza su nieto. Ha conseguido dar con su abuelo “más por el voluntarismo de las personas que trabajan sobre el terreno, que por la Administración”, señala. Pero ahora, como explica su hermano Anton, “aunque la posesión y ubicación conocida es fundamental a nivel emocional”, le queda saber por qué les fue arrebatado su familiar “en unas circunstancias irregulares” que la dictadura franquista nunca quiso aclarar para “no asumir responsabilidades”.
En la penúltima carta de su abuelo, que no fue censurada, explica a su mujer que “la denuncia la han hecho el capitán y el jefe de escolta”. Azkalgorta ha preguntado por los archivos del Puerto de Cádiz y tiene previsto acudir al armador del barco para conocer los nombres de la tripulación. “Cuando mi madre dijo que habían recuperado los restos de su padre, alguien del pueblo le dijo: ‘Pero si se suicidó’. Eso le dolió”, recuerda. Después de 80 años, la búsqueda no se ha cerrado. Queda ahora la de los porqués y los responsables.
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