Un centenar de los más de 900 brasileños que fueron enviados a prisión por participar en el asalto bolsonarista a los tres poderes en Brasilia serán excarcelados por orden del juez que lleva las investigaciones. Esas 102 personas quedan libres con cargos. Podrán regresar a sus ciudades, pero tendrán que usar una tobillera electrónica, sus permisos de armas quedan en suspenso y no podrán comunicarse con otros sospechosos ni utilizar redes sociales. Cincuenta días después del ataque más grave sufrido por la democracia brasileña en décadas, prosiguen las investigaciones y todavía se producen detenciones de acusados de incitar y financiar el ataque. Nada ha trascendido sobre los interrogatorios al antiguo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro encarcelado por el asalto, y el expresidente brasileño de extrema derecha continúa instalado en Florida.
La decisión del juez del Tribunal Supremo que dirige las investigaciones, Alexandre de Moraes, de ordenar la puesta en libertad provisional se produjo horas después de que este lunes Bolsonaro y el jefe del lobby evangélico en el Congreso coincidieran en quejarse de que todavía queden en prisión cientos de los sospechosos detenidos aquel 8 de enero. Miles de bolsonaristas invadieron por la fuerza las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo disconformes con la victoria electoral del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que había tomado posesión una semana antes.
El expresidente, que se fue a Florida antes de acabar su mandato, se quejó de que, casi dos meses después del ataque, hubiera “900 personas presas, tratadas como terroristas”. Añadió el expresidente de ultraderecha que “cuando los detuvieron no les encontraron ni una navaja. Son cabezas de familia, señoras, madres, abuelas”. Un tercio de los detenidos in fraganti que siguen en prisión son mujeres.
Seguidores de Bolsonaro son llevados a una prisión federal en Brasilia, luego del asalto a la sede del Gobierno brasileño. Gustavo Moreno (AP)
El presidente, cuidadoso con lo que dice y con lo que hace porque se sabe en la mira de la Justicia y de sus adversarios políticos, volvió a deslizar una tímida crítica a los actos violentos al decir: “No estamos de acuerdo con lo que allí ocurrió”. La última pista sobre su regreso es que dijo en una entrevista que volverá en marzo para liderar la oposición. Más allá de la incertidumbre sobre si regresará o cuándo, es seguro que aquí le espera una avalancha de investigaciones en su contra por asuntos variados como la pandemia, el ataque golpista, las noticias falsas… Según una información publicada por Bloomberg este martes, el Gobierno Lula quiere que Bolsonaro regrese a Brasil en los próximos meses y está buscando fórmulas para obligarle si no lo hace por voluntad propia.
El diputado Eli Borges, jefe de la poderosa bancada parlamentaria de los evangélicos, criticó también el lunes en una entrevista que “mucha gente buena siga presa por el 8 de enero”. El parlamentario insistió a Folha de S. Paulo en una teoría conspiratoria al decir que la responsabilidad del ataque fue de una minoría de infiltrados. Es una falsedad difundida por redes sociales que desde las primeras horas caló en los círculos bolsonaristas, ahondando en los universos mediáticos paralelos en los que habitan millones de brasileños.
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El juez Moraes, considerado el gran defensor de las instituciones ante las sistemáticas agresiones del bolsonarismo, ha decidido entre las medidas cautelares contra los excarcelados dejarlos sin acceso sus cuentas en redes sociales. Es un castigo que ha aplicado antes a otros bolsonaristas acusados de difundir noticias falsas, incluidos diputados electos que suman millones de seguidores. Una controvertida medida que según los afectados equivale a censura.
Un policía inspecciona las pertenencias de uno de los bolsonaristas que asaltaron la sede del Gobierno, el pasado 8 de enero. Matheus Alves (Getty Images)
Este lunes el magistrado Moraes adoptó otra medida con potencial de levantar ampollas en los cuarteles. El juez ha decidido asumir para sí mismo los casos judiciales contra los militares y policías militares sospechosos de participar directa o indirectamente del asalto de Brasil, procedimientos que hasta ahora estaban siendo investigados en la Justicia militar. Sostiene en su fallo que compete al Tribunal Supremo ocuparse de delitos como la abolición del Estado democrático de Derecho, un golpe de Estado o los actos terroristas, sean estos perpetrados por civiles o por militares.
El descontento de los uniformados con Lula es enorme. Una de las primeras medidas del nuevo presidente de Brasil fue destituir al jefe del Ejército por falta de confianza. En su lugar, el mandatario nombró al general Tomás Paiva, que días antes defendió en un acto castrense el resultado electoral y la legitimidad de la victoria de Lula. Prueba de lo agitadas que siguen las aguas es que acaba de trascender un audio anterior a su nombramiento en el que afirma ante sus subordinados: “No es posible decir con seguridad que hubo alguna irregularidad [en la elección]. Desgraciadamente, se dio un resultado que, para la mayoría de nosotros, no era deseado”. El general Paiva había pedido al resto de los presentes que no grabaran sus palabras.
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