Una protesta contra la ‘ley mordaza’ celebrada el 13 de febrero en Madrid, convocada por Amnistìa Internacional.OSCAR DEL POZO (AFP)
La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, afronta nuevas dificultades después de que ERC entregara el martes de la semana pasada a los representantes de los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts― un documento con los cambios que la formación nacionalista considera irrenunciables para que sus diputados voten a favor. Se trata de 11 “líneas rojas”, según las describen dos de los negociadores de los otros partidos, entre las que se incluyen la prohibición expresa de usar pelotas de goma como material antidisturbios y la eliminación de la presunción de veracidad de los agentes, dos aspectos que descarta el PSOE. Algunas de las propuestas del partido catalán obligarían, además, a reabrir la negociación sobre artículos de la ley mordaza cuya nueva redacción se daba ya por acordada, algo a lo que se oponen varios grupos.
Fuentes parlamentarias de ERC confirman la existencia del documento y describen su contenido como “los puntos mínimos” que el partido considera que “deben quedar reflejados” en el texto que se lleve a votación al pleno del Congreso para que sus 13 diputados voten a favor. Estas mismas fuentes añaden que, a día de hoy y con lo acordado hasta ahora, el partido catalán rechazaría apoyar la reforma, lo que impediría su aprobación, que necesita 175 votos afirmativos al tratarse de una ley orgánica.
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ERC recuerda que, en febrero, ya votó en contra de una iniciativa del Gobierno, la reforma laboral, que finalmente salió adelante por el error de un diputado del PP. Entre los argumentos que esgrime ahora el partido catalán para defender su posición está la carta que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, envió en febrero a las presidencias de Congreso y Senado para denunciar que la reforma en marcha no resolvía, en su opinión, los problemas que planteaba la norma.
La iniciativa de ERC se produce, además, en un momento crítico de la negociación. Paralizadas desde marzo las reuniones de la ponencia parlamentaria encargada de la reforma ante los pocos avances ―solo se habían cerrado acuerdos sobre 29 artículos―, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios entre ellos para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con textos ya cerrados para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. El objetivo era cerrar el nuevo texto antes del verano, cuando se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprobó el PP en 2015. Sin embargo, en estas reuniones a seis bandas los avances han sido mínimos, según admiten algunos de los grupos. En parte, señalan, por la actitud de ERC, cuya negociadora, la diputada María Carvalho Dantas, ha mostrado “poca flexibilidad”, critican fuentes parlamentarias.
En la última reunión, celebrada el martes de la semana pasada horas antes del discurso del presidente ucranio Volodímir Zelenski ante el Congreso, Dantas dio a conocer el documento de ERC a los otros partidos. El contenido del mismo provocó malestar en algunos de los otros grupos, al considerar que obligaba a reabrir la negociación sobre los artículos 36.23 y 16 de la ley, cuyas modificaciones ya habían sido acordadas y, por tanto, se daban por superados. Fuentes del grupo republicano creen que ello no debe ser un problema: “A veces, el avance de las negociaciones obliga a revisar cosas ya superadas”. El próximo encuentro de los seis partidos está previsto para después de Semana Santa. Aún no hay fecha para que se reanuden las reuniones de la ponencia parlamentaria con todas las formaciones.
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El artículo 36.23 se refiere a la grabación y difusión de la imagen de los policías en el transcurso de su actividad profesional. La ley que aprobó el PP señalaba que se sancionaría como falta grave (multas de 601 a 30.000 euros) el uso “no autorizado” de esas grabaciones, una expresión que la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló en enero de 2021 gran parte de la ley ya consideró inconstitucional. La reforma acordaba suprimir esas dos palabras, pero seguir sancionando la utilización de estas imágenes “cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar” de los agentes. ERC plantea ahora que se explicite el derecho a grabar y difundir las imágenes de las actuaciones policiales sin limitaciones, y que sea el Código Penal el que sancione aquellos casos en que se pudiera incurrir en delito. Algo similar ocurre con el artículo 16, referido a la identificación de personas en la calle por parte de las Fuerzas de Seguridad. ERC pretende que se añade al mismo la prohibición expresa a las identificaciones por razones de raza.
El documento de ERC también pide suprimir el epígrafe que sanciona la entrada de manifestantes en infraestructuras públicas al considerar que puede generar actuaciones policiales arbitrarias como considera que ocurrió con los ciudadanos que protestaron en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes del procés. Asimismo, reclama la prohibición del material antidisturbios que pueda causar potencialmente daños permanentes en los manifestantes, incluida las pelotas de goma.
Junto a ello, solicita que se sancione a los policías que provoquen con su actitud el inicio de incidentes durante las manifestaciones para justificar la represión (denominado síndrome Sherwood, en referencia a la criticada expresión utilizada por un alto mando de los Mossos d’Esquadra para bautizar su propuesta para combatir al fenómeno okupa y antisistema en el barrio barcelonés de Gracia) y que se elimine el valor probatorio que en la actualidad tienen las declaraciones de los policías en su condición de agentes de la autoridad cuando no exista una prueba objetiva que respalde ese testimonio. También pide que se eliminen las sanciones a los organizadores de manifestaciones en los que se produzcan disturbios o a los que practiquen la resistencia pacífica en situaciones como los desahucios.
El partido nacionalista aboga también por suprimir el artículo que penaliza a las mujeres que ejercen la prostitución en lugares públicos y el que recoge las devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera. En este último caso, ERC rechaza que, como pretende el PSOE, la polémica figura se traslade a una futura reforma de la ley de extranjería. El documento recoge, finalmente, la exigencia de eliminar el artículo sobre las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse y el que contempla multas por faltas de respeto a los policías, al considerar que pueden amparar situaciones de abuso por parte de los agentes.
Cuatro años de atasco parlamentario
El texto base sobre el que trabajan los grupos para reformar la ley de seguridad ciudadana es una proposición de ley presentada por el PNV hace cuatro años y que, entre las discrepancias políticas y las sucesivas disoluciones del Congreso, nunca fructificó. Como en otros proyectos del Gobierno, como la ley de memoria democrática, el proyecto ha concitado el rechazo frontal de los partidos de la derecha, pero también con las quejas de los aliados parlamentarios que la consideran insuficiente. Una división que se ha trasladado a la calle. Por un lado, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Sus protestas desembocaron, el 27 de noviembre, en una manifestación que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid. Por otro lado, también se han opuesto a la reforma organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, aunque en su caso por considerar que la norma debe ser derogada en su conjunto. Consideran que los partidos, con las modificaciones que plantean, únicamente van a “maquillar” un texto que consideran lesivos para los ciudadanos. Por su parte, el Defensor del Pueblo lleva años urgiendo en sus informes a los partidos políticos a culminar la reforma de la ley.
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