El rocambolesco caso del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia, sigue sacudiendo el proceso de paz en Colombia. Un año después de que el exnegociador del acuerdo de La Habana huyera y se rearmara tras ser pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, el diario El Espectador reveló pruebas según las cuales se infiere que tras la investigación judicial hubo un “intento de torpedear el proceso de paz durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez”.
De acuerdo con el diario colombiano hay 24.000 audios que muestran que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, participó en una “operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla”, que esos agentes que se presentaron como narcotraficantes mexicanos tampoco tendrían las autorizaciones judiciales para investigar en Colombia y que la Fiscalía aportó cinco kilos de cocaína para que los exguerrilleros cayeran en la operación. Pero además, que de todos esos audios la Fiscalía solo entregó doce a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los delitos de los exguerrilleros y de los militares que participaron en el conflicto armado. “Queda la sensación de que la Fiscalía hizo todo lo posible para sabotear la reputación y el actuar de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz)” aseguró El Espectador en un editorial.
Las revelaciones obligaron a la JEP a romper su silencio acerca de un caso que le ha costado críticas acérrimas por parte de sectores opuestos al proceso de paz. Desde el principal partido de Gobierno, el Centro Democrático, han asegurado que Santrich escapó por la lentitud del tribunal de paz y la decisión de no entregarlo en extradición. En su momento y tras un año en la cárcel, la JEP lo dejó en libertad por considerar que “las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización”, pero tras esta decisión el exguerrillero huyó y creó un nuevo grupo armado. Este miércoles, el nuevo director de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos se negaron a entregar pruebas que requerían para absolver o incriminar al exguerrillero. “La JEP tenía que pedir pruebas, las pidió y se las negaron. Y en su momento eso afectó a la Jurisdicción”, dijo el presidente de la justicia transicional de Colombia.
Sobre de estas revelaciones el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho que la Fiscalía no coordinó entregas de cocaína aunque la investigación periodística muestra un documento oficial que afirma lo contrario. El polémico fiscal, que renunció en mayo de 2019, también asegura ahora que no se trató de una operación encubierta a pesar de que él mismo lo afirmó durante una entrevista a una radio local en 2019; y agregó que no conocía de la existencia de los 24.000 audios.
Más allá de las denuncias de ocultamiento o ausencia de colaboración entre la Fiscalía y la JEP, tanto Cifuentes como el diario El Espectador señalan que Santrich e Iván Márquez traicionaron el proceso de paz al rearmarse y crear el grupo disidente Segunda Marquetalia. “Su regreso a las armas no tiene justificación alguna, más que su egoísmo y su interés por mantenerse financiados en la economía legal”, dijo el diario. Mientras Cifuentes aclaró que al ser traidores “ya no pueden pisar la JEP”.
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