La pieza que faltaba en la estrategia de LaLiga para combatir la piratería llegó el pasado diciembre, a pocos días de dar carpetazo a 2020, en forma de sentencia judicial. El juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona autorizó a LaLiga y Movistar +, el principal tenedor de los derechos televisivos de la competición en España, a pedir el bloqueo inmediato de más de 40 plataformas que ofrecían retransmisiones ilegales en la Red y de nuevos dominios vinculados sin necesidad de autorización previa, como ocurría antes. La organización deportiva tilda la decisión de “histórica”, ya que por primera vez dispondrán de un mecanismo capaz de acortar el tiempo entre la detección de las señales piratas, misión que lleva a cabo su equipo de protección de contenido, y la posterior retirada de las mismas, responsabilidad de los operadores.
Nada más lograr la venta centralizada de los derechos televisivos, en 2015, LaLiga supo que tendría que hacer frente a una actividad que solo en 2020 causó pérdidas por valor de 2.416 millones de euros en España, según la Coalición de Creadores. Por eso, la organización reclutó a partir de entonces a expertos en ciberseguridad, desarrolladores y especialistas en redes sociales que pasaron a integrar LaLiga Content Protection. Este departamento, ahora convertido en una filial de LaLiga Tech que también ofrece servicios a terceros, logró desarrollar herramientas únicas como Marauder, un software que localiza desde dónde parten las señales piratas y denunciar al dueño del dominio. Pero llegado este punto el proceso podía tornarse ineficiente, explica el abogado Francisco Martínez, miembro del departamento legal de LaLiga. “Entre la denuncia y el posterior bloqueo, los entramados de piratería disponen de los medios técnicos para trasladarse a otro dominio. Por lo tanto, los bloqueos que lográbamos al poco tiempo se revelaban insuficientes”.
La sentencia permite dar respuesta a esta ‘trampa’ y contrarrestar la agilidad y rapidez de los piratas, estima Martínez, porque obliga a los principales operadores de internet españoles –Vodafone, Orange, MásMóvil (R, Telecable, Euskaltel), Digimóbil y Telefónica España– a ejecutar las medidas de bloqueo frente a las nuevas webs piratas de forma semanal.
Un miembro de LaLiga Content Protection en su espacio de trabajo en la sede de la organización deportiva.Inma Flores
El letrado de la organización deportiva cree que la decisión judicial, que responde a la demanda conjunta interpuesta por LaLiga y Movistar+, “bebe de los aires de cambio que se atisban en la futura normativa europea”. El pasado mayo, detalla, el Europarlamento publicó una resolución en la que urgía a la Comisión Europea, el órgano que propone leyes y supervisa su aplicación en la Unión Europea, a mejorar la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual en los eventos deportivos en directo. “La sentencia se avanza a las resoluciones contra la piratería que están por venir con los mecanismos y herramientas legales que se disponen hoy en día”.
Una opinión compartida con Emilio Fernández del Castillo, director de operaciones de LaLiga Content Protection, sociedad filial de LaLiga Tech. “La sentencia es una de las primeras y más innovadoras resoluciones judiciales dictadas para afrontar los retos actuales de la piratería, resultando pionera en tanto que utilizando el actual marco normativo avanza en las líneas maestras que ha marcado el parlamento europeo”.
Un descenso en el visionado ilícito de partidos
Entre las más de 40 webs denunciadas que dan acceso ilícito a los partidos de la competición liguera se han identificado tanto páginas web de streaming, como dominios que albergan las llamadas listas IPTV, y que contienen unos archivos en formato .m3u que permiten acceder a los canales en directo de cualquier plataforma de contenido a través de decodificadores instalados en los hogares.
Frente a estas amenazas, el equipo de protección de contenido de LaLiga logró reducir en 2020 el número de encuentros visionados de forma ilícita un 19%. También la temporada pasada se desactivaron más de un millón de vídeos en YouTube, casi medio millón en 70 redes sociales diferentes y otros 17.000 en plataformas de mensajería instantánea y se bloquearon cerca de 600 aplicaciones móviles, otro subterfugio de los piratas para dar acceso a contenido ilegal.
Los profesionales dedicados a atajar la piratería estiman que la sentencia dará un empuje importante a su esfuerzo y recuerdan que la distribución ilegal de contenido perjudica tanto a la competición como a los usuarios. “La piratería se nutre de la pasión de la gente por los deportes, pero desvía grandes sumas de dinero de esta industria. Además, sabemos que los detalles proporcionados por los usuarios en los sitios de piratería, incluido el correo, el teléfono o incluso los datos de las tarjetas de crédito, se comercializan posteriormente en el mercado negro”, argumenta, Miguel Ángel Leal, director general de LaLiga Tech.
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