La violencia ha marcado el tercer sábado consecutivo de protestas contra la polémica ley de seguridad en Francia. Grupos de manifestantes incendiaron automóviles, rompieron vitrinas de bancos y comercios y atacaron a las fuerzas del orden durante una marcha que congregó a unos miles de personas en París. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció 95 detenciones. Sesenta y siete agentes resultaron heridos en manifestaciones en la capital y otras ciudades.
Hogueras, cristales rotos, gases lacrimógenos, cohetes de fuegos artificiales: las escenas de desorden y caos en el centro de la capital francesa, todavía medio confinada por la pandemia, vuelven a convertirse en una rutina. Las manifestaciones pacíficas se están convirtiendo en una rareza en Francia.
Después de los meses de pausa por los confinamientos, la calle —actor esencial en la política francesa— ocupa de nuevo un lugar central como fuerza de oposición. La llamada ley sobre la seguridad global, que se encuentra en pleno trámite de enmiendas y aprobación en la Asamblea Nacional y el Senado, ha activado un movimiento de protesta con concentraciones semanales y estallidos de violencia.
Las protestas de este sábado llegaban después de las concurridas, y mayoritariamente pacíficas, de la semana anterior a las que asistieron 133.000 personas en todo el país. Dos días después, el presidente Emmanuel Macron ordenó a los parlamentarios de su partido que revisasen del artículo más discutido de la ley, el 24. Este artículo prohíbe la difusión de imágenes de policías y gendarmes si se hace con intención de dañar física o psíquicamente a los agentes.
La promesa de una “reescritura completa” del artículo 24 no disuadió a los 52.350 manifestantes que, según el Ministerio del Interior, salieron a las calles de París, Marsella, Lyon, Nantes y otras ciudades. Ni tampoco al puñado de violentos —medio millar en París, muchos de ellos encapuchados— que lanzaron proyectiles contra los agentes, destruyeron escaparates de bancos y agencias inmobiliarias, e incendiaron mobiliario urbano y, por lo menos, seis coches y un camión estacionados en la avenida Gambetta, en el nordeste de París.
El objetivo del artículo 24 es, según el Gobierno francés, proteger a las fuerzas policiales. Estas alegan un desgaste moral y físico considerable después de años de manifestaciones violentas. Creen que la difusión de las imágenes de su rostro les convierte en objetivo potencial de campañas de odio y pone en peligro su vida y la de sus familias.
El argumento de los críticos con la ley —desde sindicatos de periodistas y direcciones de medios de comunicación hasta la defensora del pueblo, relatores de la ONU y la oposición francesa de izquierdas— es que el artículo 24 vulnera la libertad de información. El riesgo es que, por la ambigüedad del redactado, periodistas y ciudadanos vean limitada la capacidad para documentar la violencia policial.
El viernes, Macron defendió en una entrevista con el medio de comunicación Brut la necesidad de proteger a los policías y gendarmes. Pero precisó: “La respuesta no puede consistir en reducir la libertad de prensa”. Y garantizó que, bajo el nuevo redactado del artículo 24, periodistas y ciudadanos podrán seguir grabando a los agentes y difundiendo las imágenes.
El tercer sábado consecutivo de protestas en Francia, y el segundo con violencia, recuerda a lo que sucedió hace dos años con las primeras manifestaciones sabatinas de los chalecos amarillos. Aunque su número fue disminuyendo hasta un nivel anecdótico, los chalecos amarillos acabaron saliendo a la calle cada semana durante casi un año.
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