Una investigación oficial sobre el asesinato de la periodista anticorrupción maltesa Daphne Caruana Galizia hecha pública este jueves muestra el “fracaso” del Estado a la hora de proteger su vida y apunta a la “cultura de la impunidad” en el seno del Gobierno. Caruana falleció con 53 años víctima de una bomba colocada en su coche en octubre de 2017, a pocos metros de su chalé rodeado de olivos en una zona rural a media hora de la capital, La Valeta.
Las conclusiones del informe confirman que Yorgen Fenech, millonario e importante hombre de negocios relacionado con altos cargos del Gobierno, fue el autor intelectual del crimen. En el momento de su asesinato, Caruana, una de las periodistas más conocidas de este pequeño país mediterráneo, estaba investigando un asunto vinculado precisamente a Fenech, dueño de un consorcio de compañías, en especial de una radicada en un paraíso fiscal que presuntamente habría hecho pagos secretos al jefe de Gabinete del ex primer ministro laborista Joseph Muscat, Keith Schembi, y al ministro de Turismo, Konrad Mizzi. El empresario, que fue arrestado a finales de 2019 cuando trataba de huir de la isla de madrugada en un yate, está a a la espera de juicio por el delito de conspiración para asesinar y rechaza cualquier responsabilidad en los hechos.
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Tres hombres sospechosos de haber colocado el artefacto explosivo en el vehículo de la reportera fueron detenidos en diciembre de 2017. Uno de ellos, Vincent Muscat, se confesó culpable y, tras un acuerdo con la Fiscalía y convertirse en testigo de la acusación para evitar la cadena perpetua, está cumpliendo una pena de 15 años de prisión. Los otros dos, George y Alfred Degiorgio, siguen a la espera de juicio. Un cuarto hombre, Melvin Theuma, un taxista acusado en un caso distinto de lavado de dinero, reconoció estar implicado en la muerte de Caruana. Theuma dijo a la policía —a cambio de ser indultado— que él actuó de intermediario con los supuestos asesinos y señaló a Fenech como la persona que pagó por la ejecución del crimen.
La investigación, que comenzó en junio de 2019 y en la que han participado tres jueces, dos retirados y uno en activo, concluye que la cultura de la impunidad reinaba en las más altas esferas del Gobierno de Muscat. “Los tentáculos de la impunidad se expandieron después a otras instituciones gubernamentales y a la policía, lo que ocasionó el colapso del imperio de la ley”, se asegura en el informe, que ha presentado el actual primer ministro del país, el también laborista Robert Abela.
El documento, de 437 páginas, asegura que el Estado falló en identificar los riesgos reales e inminentes para la vida de Caruana y falló a la hora de tomar decisiones para evitarlos. Está claro, según el resultado de las investigaciones, que el asesinato estaba directa o indirectamente ligado al trabajo de periodismo de investigación de Caruana. Joseph Muscat anunció su dimisión en diciembre de 2010 y la hizo efectiva en enero, después de la detención de Fenech y tras la renuncia de tres ministros, protestas callejeras y ser criticado por supuesto encubrimiento y laxitud hacia los grupos corruptos y criminales de la isla . Nunca ha sido acusado. En sus conclusiones, los magistrados han llamado a tomar medidas efectivas para controlar y regular los lazos entre políticos y empresarios.
En un tuit en su cuenta de Twitter, Abela ha asegurado que el informe requiere un análisis “maduro” y objetivo. “Deben extraerse lecciones y las reformas deben continuar con mayor resolución”, ha escrito, sin dar más detalles. En la investigación, los jueces escucharon los testimonios de más de 120 personas, entre ellas, funcionarios, policías, familiares de Caruana y periodistas, según Times of Malta.