En marzo de 2021, la brutal muerte de Sarah Everard (33 años) a manos del policía Wayne Couzens (48 años) conmocionó al Reino Unido y sacó a la calle a miles de mujeres que reclamaban mayor seguridad. La dirección de Scotland Yard, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan —ante quien responde la Policía Metropolitana— pidieron a la baronesa Louise Casey, una figura independiente y respetada por años de trabajo en defensa de víctimas de abusos y personas sin hogar, que elaborara un informe exhaustivo sobre el estado del cuerpo policial más importante del Reino Unido. El documento, de 363 páginas, presentado este martes, resulta demoledor: refleja una institución podrida y plagada de “racismo institucional, misoginia y homofobia” que ya no goza de la confianza y el apoyo de los ciudadanos británicos.
“Si mañana cayera del cielo un avión, toda la industria aeronáutica se detendría para preguntarse por las causas de lo ocurrido. Sería un catalizador para realizar un autoexamen y proponer reformas. La Policía Metropolitana, sin embargo, prefiere pensar que aquellos de sus miembros responsables de crímenes inconcebibles son simplemente manzanas podridas, o ni siquiera son realmente policías. A lo largo de esta investigación me he preguntado una y otra vez: si todos estos crímenes son incapaces de provocar esa reflexión interna y esa reforma, ¿qué puede hacerlo?”, ha escrito Casey.
A partir del caso Everard, violada y descuartizada por Couzens —hoy condenado a cadena perpetua—, algunas mujeres reunieron el valor para comenzar a denunciar otros casos de abusos policiales. A mediados de enero, David Carrick (48 años), conocido entre los compañeros del cuerpo como Bastard Dave (Dave el Bastardo, o el hijoputa) por su carácter agresivo, admitía ante un tribunal de Southwark, en Londres, su culpabilidad en más de 80 delitos, incluidas 48 violaciones a 12 mujeres, a lo largo de dos décadas.
El informe de Casey pone negro sobre blanco un largo listado de casos de abusos y ataques sexuales en el seno de Scotland Yard, y revela cómo la mayoría de ellos fueron encubiertos o infravalorados. Un 12% de las mujeres que trabajan en el cuerpo policial se han sentido en alguna ocasión acosadas o atacadas. Una de cada tres ha sufrido episodios de machismo.
Los propios datos de la Policía Metropolitana, “y sus propios informes internos e investigaciones oficiales” sobre casos de violencia sexual y machista “perpetrados por agentes, demuestran un preocupante nivel de complacencia sobre el riesgo que suponen aquellos oficiales que buscan a sus presas entre sus compañeras o la ciudadanía”, señala Casey, que revela el factor clave que dio a Carrick o a Couzens un inmenso poder: un control sobre sus víctimas que las frenaba a la hora de denunciar.
Racismo institucional
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El número de agentes negros, asiáticos o de otras minorías étnicas no responde de modo proporcional a la diversidad demográfica de la ciudad de Londres, señala el informe, y con el ritmo actual de contrataciones, sería necesario esperar más de 30 años para alcanzar ese equilibrio. Dentro de la institución existe además un sesgo que lleva al 46% de los agentes negros y al 33% de los asiáticos a afirmar que han sufrido en sus carnes comportamientos racistas. Los londinenses negros sufren abusos y falta de protección policial. Son las víctimas, en proporciones exageradas, de homicidios, violencia sexual o abusos en las detenciones y registros llevadas a cabo de modo aleatorio por los agentes en las calles.
“Hay un fracaso continuo y colectivo en la Policía Metropolitana a la hora de entender, aceptar y responder ante la existencia del racismo en todos los niveles de la organización (…). Hay racismo institucional en la Policía Metropolitana”, concluye el informe. La ciudadanía, asegura, ha recibido un trato “racista, fruto de una cultura podrida e inaceptable que lleva mucho tiempo en vigor”.
Un agente de la Polícia Metropolitana de Londres, a las puertas del cuartel general de ‘New Scotland Yard’, este martes.PETER NICHOLLS (REUTERS)
Casey descubre casos aberrantes, como el del agente musulmán al que sus compañeros pusieron lonchas de bacon en sus botas, o el oficial sij al que cortaron la barba mientras descansaba, o el policía negro al que sus compañeros se referían constantemente como “mono”.
El término “institucional” es profundamente doloroso para los responsables políticos de Scotland Yard, porque se aleja de un planteamiento de problemas aislados, más fácil de manejar, y señala a un problema estructural que ha corrompido las actuaciones de los agentes. Por eso, Mark Rowley, el comisario jefe de Scotland Yard desde el pasado septiembre, se ha resistido, después de conocer el informe, a aceptar de modo general las etiquetas de “institucionalmente racista, misógina u homófoba”.
“Hemos fallado a la ciudadanía y pedimos perdón por ello. Pero debo usar un lenguaje práctico, apolítico y carente de ambigüedad. No son términos que pueda usar”, ha dicho Rowley. El comisario ha reconocido: “Acepto que tenemos racistas y misóginos, y que tenemos fallos sistemáticos de gestión”, antes de pedir más tiempo para estudiar las conclusiones del informe.
Sin embargo, el responsable político que también solicitó ese mismo informe, el alcalde laborista Khan, ha hecho suyos sin matices los resultados y ha prometido una revisión a conciencia de los métodos, organización y financiación de Scotland Yard, a través de una comisión que presidirá él mismo. “Las pruebas son demoledoras. La baronesa Casey ha revelado racismo institucional, misoginia y homofobia. Acepto todo. Seré inquebrantable en mi apoyo, pero exigiré responsabilidad al nuevo inspector jefe mientras trabaja por renovar la institución”, ha dicho Khan.
Señales de homofobia
Entre junio de 2014 y septiembre de 2015, un solo depredador sexual que hizo del barrio londinense de Barking su dominio asesinó a cuatro hombres jóvenes. El retraso y los fallos en la investigación policial tuvieron que ver con los prejuicios homófobos latentes en Scotland Yard, como señaló un informe interno demoledor, y denunciaron repetidamente los familiares de víctimas de delitos de odio. Casey utiliza esa controvertida investigación para trabajar sobre la actitud actual de la institución respecto a la comunidad LGTBIQ. “El testimonio que hemos recabado de agentes actualmente en activo y de otros retirados revela unos niveles preocupantes de homofobia y de acoso”, concluye Casey.
Falta de confianza
Los bobbies, como se ha conocido siempre a los policías londinenses, eran famosos por patrullar sin armas de fuego. Su presencia respondía a un “principio de consentimiento” de la ciudadanía —un concepto desarrollado por Robert Peel, el fundador de la institución—, por el que la presencia de los agentes era aceptada y los londinenses se mostraban dispuestos a colaborar con ellos.
La realidad actual, plasmada en el informe de Casey, muestra una desconfianza enorme hacia los agentes por parte de los británicos, mucho más grave cuando los consultados pertenecen a alguna minoría racial o étnica. En 2022, por primera vez en la historia, el número de ciudadanos convencido de la buena tarea diaria de la policía se situó por debajo del 50%. La confianza en la institución por parte de las personas de minorías étnicas es al menos un 20% inferior a la mostrada por la población blanca y esa misma confianza, en el caso de los jóvenes y de los miembros de la comunidad LGTBQ, también ha sufrido una drástica reducción.
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