Contenedores en el puerto de Barcelona.PUERTO DE BARCELONA (Europa Press)
Los acusados no tienen la obligación de decir la verdad. Ni siquiera de declarar. Pero si lo hacen, su versión de los hechos ha de ser suficientemente buena, al menos, para convencer al tribunal de que son inocentes. A esa tarea se han dedicado este miércoles dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) acusados de liderar una banda dedicada al tráfico de cocaína en el puerto de Barcelona. El principal acusado, Calixto M. G -que pertenecía a la UDYCO, la unidad dedicada a combatir el tráfico de drogas- ha explicado, en el juicio, que fue víctima de una trampa urdida por un denunciante que iba a aportarle información valiosa y que acabó presentando una denuncia falsa contra él.
Calixto M. G. y Francisco Ll. M. -un inspector jubilado- se sientan en el banquillo junto a una treintena de personas en una macrocausa de corupción policial en torno al puerto de Barcelona, que es una de las principales vías de entrada de droga en España. Según la fiscalía -que pide 18 y 13 años de cárcel, respectivamente, para cada uno de ellos- entre 2014 y su detención en 2017 los policías colaboraron para que la banda importara de Sudamérica grandes cantidades de cocaína oculta en contenedores. La investigación se asienta sobre conversaciones telefónicas muy elocuentes. En una de ellas, el inspector antidroga se interesa por una plaza de responsabilidad en el puerto de Barcelona para controlar mejor las descargas.
Una de las claves de este juicio es el testimonio de Javier Z., responsable de una empresa logística que, después de colaborar en una primera descarga de droga, se arrepintió y fue amenazado por ello. El hombre acabó interponiendo, en abril de 2016, una denuncia en la que señalaba a los dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, que en la Audiencia de Barcelona han ofrecido una explicación muy distinta sobre sus tratos con ese denunciante. Calixto ha contado que un amigo le citó en un hotel de Barcelona para presentarle a Javier Z. porque éste tenía que contarle una información que, desde el punto de vista policial, podía ser muy valiosa.
“Me dijo que un clan gitano le había ofrecido meter droga con contenedores utilizando la empresa y que, como él no quería, empezaron a acosarle”, ha explicado el inspector, que accedió a “pasar con el coche por la zona simulando que vigilaba la empresa” para ahuyentar a los traficantes. Todo eso lo hizo, siempre según su declaración, en el marco de su trabajo como policía y por el bien de la lucha contra el narcotráfico, ya que supuestamente Javier Z. tenía “información privilegiada sobre estibadores y empresas” involucrados en el tráfico de droga en el puerto.
El inspector Calixto, de 56 años, ha afirmado que mantuvo “tres o cuatro encuentros” con el denunciante, que no acababa de dar el paso. “Quedamos para que me diera una información que nunca llegó a darme. Me lo tragué, me engañó”, ha explicado el policía, que por esta causa estuvo en prisión provisional y ha optado por declarar solamente a preguntas de su abogada. La sorpresa del inspector llegó cuando, semanas más tarde, vio a Javier Z. en un aparcamiento para camiones cerca del puerto “saludándose con los mismos gitanos que le habían amenazado”. “Le dije que era un mentiroso de mierda, que me había hecho perder el tiempo, que iba a investigarle y que la próxima vez que le viera sería para detenerle”. Esa fue la causa, siempre según la versión del acusado, de que Javier Z., le denunciara sin motivo, origen del caso Romeo de corrupción policial que se juzga estos días.
El jefe policial se ha desmarcado de cualquier vínculo con el tráfico de drogas y ha tratado de combatir los indicios recabados por los investigadores de Asuntos Internos, que no son pocos. Por orden judicial, los agentes instalaron un teléfono en vehículos de la organización que revelaron sus intenciones de traer a Barcelona dos contenedores de cocaína (de 1.100 y 600 kilos); esas operaciones no se acabaron de concretar por problemas con el socio colombiano. En septiembre de 2017, finalmente, la jueza ordenó la detención de los dos inspectores y de una treintena de personas más. El proveedor colombiano, Carlos Alberto G., admitió en su declaración los planes de la banda y señaló que gozaba de la cobertura de dos mandos de la Policía española.
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