Florencia Serranía, ex directora del metro de Ciudad de México, en mayo de 2021.GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Florencia Serranía será llamada a declarar sobre la tragedia de la Línea 12. La exdirectora del metro de Ciudad de México deberá rendir cuentas sobre los trabajos de mantenimiento y operación previos al colapso que dejó 26 personas muertas y un centenar de personas lesionadas el 3 de mayo de 2021. La solicitud fue presentada por Teófilo Benítez, abogado de un grupo de 14 víctimas y sus familiares, y aprobada por un juez de control. Está previsto que en las próximas horas se defina la fecha para la comparecencia de Serranía, al frente del Sistema de Transporte Colectivo al momento del derrumbe. “Desde el principio nos dimos cuenta de que la estaban protegiendo”, dice Benítez sobre la actuación de la Fiscalía de la capital. “Es un avance muy importante, Serranía debe dar la cara”, agrega en entrevista.
Serranía fue una de las funcionarias más cuestionadas tras el colapso del tramo elevado entre las estaciones de Olivos y Tezonco. La entonces directora del metro limitó sus apariciones públicas en los días que siguieron al accidente, el peor que se recuerde en el metro de la capital mexicana, la red más grande por número de pasajeros en América Latina. “Yo solo soy la directora del metro”, dijo en enero del año pasado tras un incendio en el puesto central del metro, en el que murió una persona, una de las frases más recordadas de su gestión. Tras un mes de cuestionamientos y rumores, el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció su salida en junio de 2021, un mes después del colapso.
“Voy a seguir trabajando y colaborando con la Fiscalía en lo que pueda”, dijo Serranía antes de dejar el cargo. Los representantes legales de las víctimas se quejaron de que el Ministerio Público no le pidiera explicaciones sobre lo sucedido. A más de un año del derrumbe, Benítez presentó un amparo para que se amplíe la investigación y consiguió que se giraran citatorios a Serranía y otros dos ex directores del metro: Jorge Gaviño y Joel Ortega, exdirectores durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018). También serán llamados a declarar el actual secretario de Obras, Jesús Esteva, y el ingeniero Óscar Díaz González Palomas, que fue director de Mantenimiento del metro.
“Es ilógico que no hayan sido llamados”, afirma Benítez, que acusa que hubo una “mano negra” para excluir de las pesquisas funcionarios y exfuncionarios clave. El objetivo es que los citados hablen sobre la operación, los trabajos de mantenimiento, las reparaciones y las inspecciones que se hicieron a partir de lo que dicta el manual de la Línea 12. “Toda la investigación versa sobre eso”, insiste el abogado.
Benítez asegura que han solicitado varios documentos al respecto, pero reclama que no se los han entregado y dice que si se realizaron las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de la línea, Serranía y los otros servidores públicos podrán acreditarlo ante la justicia. El Gobierno y la Fiscalía de Ciudad de México ven cómo hipótesis más viable que existieran fallas de origen y descartan que los problemas en la construcción y el diseño hubieran podido corregir o detectarse a simple vista. “Cuando algunos pensaban que esto estaba por terminar, la reclamación por hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021″, señaló Benítez este fin de semana.
Las autoridades han acusado a 10 exfuncionarios por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, pero no hay ningún ex director del metro entre los imputados. Serranía se desempeña como académica y ostenta un cargo honorario en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el organismo rector en la materia. Fue directora del metro en dos etapas: durante la Administración de Sheinbaum (2018-2021) y durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2004-2006), el actual presidente del país.
Las autoridades de la capital han llegado a un arreglo con el magnate Carlos Slim, dueño de la constructora a cargo del tramo que se cayó, para cubrir los costos de reconstrucción, reparación e indemnización de las víctimas sin que eso implique que pueda ser señalado como responsable. Los acuerdos reparatorios ya han sido firmados por nueve de cada diez afectados por el derrumbe, el grupo que representa Benítez ha rechazado el pacto, promovido por las mismas autoridades. “No se puede dar carpetazo con el pago de reparación del daño”, dice el abogado. “Mis representados no tienen un interés económico, están al pie del cañón para buscar una verdad jurídica apegada a derecho y a pruebas verdaderas, no a manipulaciones”, asegura.
“No lo podemos dejar impune porque existe un riesgo grandísimo de repetición, es en beneficio de toda la ciudadanía”, dice Benítez y cita como ejemplos las fallas recientes que han provocado cierres parciales en la Línea 9 y este mismo lunes en la Línea 2, cuyo servicio se suspendió entre las estaciones de Taxqueña y San Antonio Abad por un corto circuito. El Gobierno de la capital defiende que existen pruebas documentales para acreditar que todos los trabajos de mantenimiento e inspecciones en la Línea 12 se realizaron y que se avanza en la rehabilitación para que los usuarios del oriente de la mancha urbana puedan desplazarse con seguridad y confianza. Está previsto que los testimonios de los funcionarios citados abran un nuevo capítulo en el curso legal tras más de 14 meses de investigación.
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