Venezuela celebra el domingo unas elecciones legislativas que encierran varias anomalías incluso antes de su celebración. La gran mayoría de las fuerzas opositoras no participarán en la cita al considerar que carece de garantías suficientes. Al mismo tiempo, las principales instancias de la comunidad internacional, con Washington y la Unión Europea a la cabeza, se disponen a rechazar el resultado. Sin embargo, el chavismo ha tratado de dar una imagen de normalidad durante una campaña en la que se ha registrado una fuerte desmovilización de sus bases y se prepara para recuperar el control de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y la oposición a Nicolás Maduro.
Este lunes, en un mitin del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, número dos del aparato chavista, afirmó que “el que no vota, no come”. “Se le aplica una cuarentena y no come”, insistió. Cabello lanzó esta advertencia en la cual condiciona la entrega de bolsas de comida y ayudas sociales a los sectores empobrecidos del país -foco del trabajo del Gobierno desde los tiempos del expresidente fallecido Hugo Chávez-, tratando de apelar al voto. “Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar”, continuó.
La campaña electoral de las elecciones legislativas convocadas para este domingo 6 de diciembre ha tenido una última semana de mítines, debates y anuncios que se despliegan ante la indiferencia del grueso de la ciudadanía. En un contexto muy desigual en el manejo de los recursos y acceso a los medios, los candidatos del oficialista PSUV se enfrentan a los dirigentes de la Mesa de Diálogo Nacional, una facción minoritaria de la oposición que ha decidido asistir, a pesar de los múltiples señalamientos en torno a la falta de garantías en los comicios. Estas dudas hicieron, por ejemplo, que la Unión Europea rechazara enviar una misión de observación.
La organización de las elecciones parlamentarias venezolanas, que estaban previstas para este año, ha ido acumulando una secuencia tal de denuncias que le ha ido restando el entusiasmo incluso a los sectores más moderados de la disidencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, decidió asumir las funciones del Parlamento actual, de mayoría opositora, nombrando por cuenta propia a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como afirma el abogado Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, “se dedicó a partir de ese momento, a violar todas las disposiciones constitucionales, dejando sin validez los contenidos de la Ley de Procesos Electorales”.
A continuación, señala Caleca, los cinco rectores o vocales del CNE comenzaron a diseñar una consulta con inconsistencias y violaciones a la Constitución: “El número de escaños de la Asamblea Nacional fue aumentado de 167 diputados a 277 y se quebró el principio de la representación poblacional. Unos 40 diputados serán electos a partir de una lista nacional desvinculada de los circuitos electorales, que plantean técnicamente una elección de segundo grado. El cambio de reglamento electoral se hizo sin respetar los seis meses de antelación que dispone la ley”.
Los tres diputados indígenas que dispone la Constitución no tendrán derecho al voto directo y secreto: los candidatos se presentaran en espacios supervisados por la Guardia Nacional, en asambleas a mano alzada. Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, recuerda que “el inventario de violaciones a la ley incluye la ausencia de licitación para las nuevas máquinas que se usarán en la elección, luego de que todo el parque tecnológico del CNE se quemara en un incendio en el pasado mes de marzo”.
Lander también alude a “la judicialización de los principales partidos políticos de oposición [Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia] y de algunas organizaciones aliadas del chavismo, como el Movimiento Tupamaro, cuyas directivas fueron intervenidas y tomadas por personas que no fueron escogidas por la militancia, lo que compromete la libertad de los candidatos”.
A principios del pasado mes de septiembre, después de un indulto masivo concedido a un centenar de opositores, se abrió la puerta a una negociación entre el Gobierno y un sector más amplio de la oposición, encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles. Esa posibilidad, sin embargo, quedó frustrada semanas más tarde, cuando una misión electoral de la Unión Europea determinó que no se daban las condiciones para una competición democrática y pidió un aplazamiento de la votación. El Ejecutivo lo rechazó, argumentando que, según la Constitución, en enero de 2021 debe tomar posesión el nuevo Parlamento. Así las cosas, el PSUV volverá a tomar el control de la única institución dominada desde 2015 por las fuerzas críticas con el chavismo.
“Las elecciones están concebidas para darle una mayoría anticipada el chavismo”, afirma Eglée González Lobato, abogada especializada en participación política y académica de la Universidad Central de Venezuela. “La modificación del sistema de elección legislativa es escandalosamente inconstitucional, se altera el mecanismo aritmético que permite traducir los votos en escaños. No es un proceso que va a permitir a los ciudadanos la resolución de sus diferencias con métodos democráticos. La mayoría anticipada que se forjará el chavismo acaba con cualquier principio democrático”.
Respecto al registro electoral, González Lobato agrega que “no hubo oportunidad de incorporar a nuevos electores, se ha sobrerrepresentado la elección de diputados en aquellos circuitos donde el chavismo tiene fuerza y hubo migraciones de votantes”. El censo está afectado, de hecho, por un flujo migratorio masivo tanto de las zonas rurales a las ciudades como, principalmente, por un éxodo que, según el cálculo de Naciones Unidas, supera los cinco millones de personas.
Las nuevas reglas de juego, afirman Caleca y González Lobato, se han ejecutado, con el apoyo y participación de los partidos opositores de la Mesa de Diálogo Nacional, pequeñas formaciones sin apenas estructura que en cualquier caso verán crecer sus bancadas legislativas en la consulta.
A estos reparos hay que añadir algunos elementos inherentes al propio día de la elección, que se celebra después de que Nicolás Maduro levantara las restricciones adoptadas en marzo por la pandemia de coronavirus en un intento de reactivar el consumo con vistas a las navidades. Mientras las Fuerzas Armadas participan en la logística de los comicios, el PSUV volvió a instalar los llamados “puntos rojos”, unos kioscos en los que los votantes deben registrarse con su carnet de la patria (documento de identidad) después de sufragar si quieren recibir las ayudas sociales.
Estos aspectos han sido criticados por los informes de Naciones Unidas en torno a la crisis venezolana y han sido denunciados en repetidas ocasiones, sin consecuencias, por los políticos de la oposición. Nada en los altos mandos chavistas parece inmutarse ante estas denuncias. “No nos importa si Estados Unidos o la Unión Europea no reconocen nuestras elecciones”, ha afirmado la vicepresidenta, Delcy Rodíguez. “Ellos no son los dueños del mundo, y el asunto no es completamente indiferente”.
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