El plan del Ministerio de Igualdad para abrir centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias españolas y las dos ciudades autónomas avanza. De momento, solo existen dos en todo el país, uno en Asturias y otro en Madrid, pero se prevé que en 2023 estén abiertos al menos 50. “Los futuros centros de crisis 24 horas funcionarán mañana, tarde y noche todos los días del año con atención psicológica, jurídica y social para víctimas y familiares. Se podrá asistir presencialmente, y también contarán con atención telefónica y online”, declaró este jueves la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en la Jornada Técnica con motivo de la puesta en marcha de estas instalaciones. Los centros de crisis 24 horas forman parte del proyecto de ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Sin embargo, ante la urgencia de su arranque, Igualdad ha destinado parte de los fondos europeos a tal fin, concretamente un total de 66 millones de euros, según fuentes del Ministerio.
Bárbara Tardón, experta en género y asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró, en conversación con este periódico: “Las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo para que todo esto se materialice. Todo apunta a que Galicia o Cantabria serán las siguientes con un centro de este tipo”. Cualquier mujer víctima podrá acudir a estos recursos. “Da igual su edad, que haya denunciado o no los hechos o el tiempo que hace que sufrió la agresión. El acceso es universal: no se pedirá empadronamiento ni permiso de residencia”, ilustra. Además, defiende: “No los entendamos solo como lugares de urgencia, sino también como lugares seguros en los que las víctimas son creídas, escuchadas, asesoradas, y acompañadas sin ser cuestionadas. Donde se las ayuda en su proceso de recuperación, para que puedan continuar una vida plena a pesar de la experiencia traumática”.
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Integrados por equipos de profesionales interdisciplinares, especializados en violencia sexual y en constante formación, estos centros deberán estar preparados para realizar intervenciones en situaciones de crisis. “La emergencia de la intervención puede responder a que la agresión ha sido reciente o a que, aun habiendo ocurrido en el pasado, la mujer está pasando por una situación de ‘desbordamiento”, explica Tardón. La intención de Igualdad es que las contratadas —psicólogas y psiquiatras, trabajadoras y educadoras sociales, pedagogas, juristas, expertas en la atención telefónica— sean mayoritariamente mujeres. Según Tardón, es “muy habitual” que las víctimas así lo pidan.
Desde el Centro de crisis contra la violencia sexual Pilar Estébanez, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, expresan: “Nosotras estamos ahí para ofrecerles asesoramiento y orientación, para que luego sean ellas las que tomen las decisiones informadas. Lo que queremos es que todas las que han sufrido violencia sexual puedan buscar ayuda, sea la que sea que quieran”. De las 1.450 mujeres que han sido atendidas por teléfono, 900 han recibido atención presencial desde que el centro se puso en marcha a finales de 2019. “No podemos olvidar que las víctimas y las supervivientes son diversas. Hay que reconocer la resiliencia y las capacidades de las mujeres, y dejar que sean las dueñas de sus procesos y de sus decisiones”, destaca Tardón.
Un contexto de descrédito y silencio
“A las mujeres nos agreden en todos los sitios. En las grandes ciudades, en los pueblos, en las zonas rurales, en nuestras casas. Nos agreden nuestros padres, hermanos, tíos, primos, jefes, compañeros, y también desconocidos. La violencia sexual es una violencia sistémica”, reivindica Tardón. “Sin embargo, vivimos en un contexto de descrédito y silencio generalizados contra las víctimas de este tipo de violencia”, denuncia, y precisa que en los últimos treinta años “la atención especializada y la recuperación integral en el marco de las violencias machistas se ha centrado en la violencia de género [la ejercida por la pareja o expareja]”.
Esto ha implicado, asegura la experta, que otras formas de violencias machistas, como son las violencias sexuales, hayan sido “desatendidas” por parte de las instituciones públicas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, un 6,5% del total de mujeres de 16 o más años residentes en España ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja. Solo el 8% de ellas denunciaron al agresor. “Para hacer frente a la violencia sexual, las instituciones deben invertir todos los recursos y medios posibles. Y los centros de crisis 24 horas son esenciales”, concluye Tardón.
Pese a tener semejantes cifras encima de la mesa, España llega tarde a esta cuestión: en los países anglosajones disponen de estos recursos desde hace décadas. En Estados Unidos, la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica está asociada con más de 1.100 centros de crisis por violación, según Elsa Granados, coordinadora del de Santa Bárbara, fundado en 1974. Solo en California, hay 84, asegura. En Canadá, existen 184 centros y viviendas de transición, según María Olaya y Grissel Orellana, coordinadoras del de Toronto, fundado hace más de 40 años. Y En Escocia, que tiene una población de poco más de 5 millones de personas, hay 17, según Mridul Wadhwa, coordinadora del de Edimburgo, fundado en 1978.
Las cuatro coordinadoras de estos centros, referentes a nivel mundial, coinciden en que los centros de crisis 24 horas deben ser, además, espacios de transformación social y comunitaria que sirvan para crear conciencia e intolerancia hacia la violencia sexual, sobre todo a través de labores de prevención y sensibilización y programas educativos. También, además de apoyo emocional y psicológico, deben ofrecer a las mujeres víctimas de violencia sexual la posibilidad de salir de sus viviendas, o de conseguir un empleo y un sueldo dignos. “El apoyo debe ser integral”, concluye María Olaya, desde Toronto, Canadá.
Tener dónde ir
María Páez (Sevilla, 40 años) sabe, a ciencia cierta, que un centro de crisis 24 horas le hubiera “cambiado la vida”: “A mí la violencia sexual que sufrí me afectó muchísimo, y me sigue afectando todavía. Imagino que de haber asistido a uno de estos centros, mi vida sería otra. Me habría podido acercar, habría sido atendida, me habrían creído y me habrían explicado que lo que me estaba pasando no era culpa mía”. Páez sufrió abusos y agresiones sexuales continuados de los seis a los 11 años, entre 1987 y 1992, por parte de su primo paterno, con quien compartió techo hasta que cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, nunca supo a quién o dónde acudir. “Tantas veces he sentido que no tenía dónde ir, que no tenía con quién hablar”, lamenta.
“Siempre que podía, mi primo me bajaba las bragas y me rozaba con su pene por mi cuerpo, me cogía las manos para que le hiciera una masturbación, mientras metía su lengua en mi boca. Después me decía, de forma amenazante, que no se lo podía decir a nadie, que era un secreto”, narra Páez. A los 11 años le contó a su madre lo que le estaba pasando. Su madre la creyó, al igual que su hermano, pero no así su padre: “Dijo que me lo había inventado, que podía haberlo visto en una película. Convenció a mi madre y este primo siguió viviendo con nosotros”. En la adolescencia, Páez volvió a comentar los abusos con su madre, quien, “horrorizada porque la habían convencido con una teoría falsa”, amenazó a su marido con el divorcio. “Consiguió echar a mi primo, pero este continuó trabajando en el taller de mi padre, y actualmente mantiene una relación de afecto con él”, cuenta Páez.
Durante aquella época, personas cercanas al círculo familiar le decían que “tenía que olvidarlo”, que era “agua pasada”. Ni su madre, ni su hermano, ni ella misma, sabían dónde buscar ayuda. “¿Qué recursos hay para que lo que pasa dentro de una familia no se quede allí, oculto?”, se pregunta Páez. Y continúa: “No encontraba respuestas, hasta que en 2007 leí un artículo de EL PAÍS en el que se hablaba de la Fundación Vicki Bernadet. Por fin veía que mi caso no era el único”. En ese momento, tenía ya 24 años. Y acababa de encontrar su primer referente. Poco a poco, empezó su camino de reparación, y en diciembre de 2021, a los 40 años, decidió dar el paso definitivo: denunciar. Pero ya le han comunicado la prescripción del caso. “He pasado años odiándome a mí misma, conviviendo con fases depresivas, trastorno postraumático y ataques de ansiedad. De haber existido los centros de crisis 24 horas mi vida sería otra. Quizás habría sido una persona feliz, como estoy empezando a serlo ahora”, concluye.
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