América Latina y el Caribe es la región del mundo que menos ha conseguido reducir el embarazo adolescente durante la última década. Una de cada tres latinoamericanas es madre antes de cumplir los 20 años y la tasa de chicas encintas entre los 15 y los 19 años en esta región solo es superada por la de África subsahariana. A pesar de que controlar el embarazo juvenil es uno de los grandes desafíos para las políticas de juventud y de las gigantescas inversiones realizadas hasta la fecha, América Latina no ha conseguido poner freno a una tendencia que acarrea altos riesgos para la salud tanto de las madres como de los recién nacidos e implica considerables costes de oportunidad y financieros para los países, las mismas jóvenes y sus familias.
El embarazo en adolescentes es un fenómeno que se encuentra estrechamente ligado a situaciones de vulnerabilidad y que se exacerba con la desigualdad económica. Afecta en mayor medida a los países de ingresos medios y bajos, donde las mujeres entre los 15 y los 19 años tienen cuatro veces más posibilidades de quedarse embarazadas que las de los países de altos ingresos. Desde el punto de vista de la política pública, reproduce la trampa de la pobreza intergeneracional: muchas niñas y adolescentes que se quedan embarazadas deciden abandonar el colegio, lo que a la larga implica mayores dificultades para competir en el mercado laboral. Resulta, además, oneroso en términos de costes financieros porque implica mayores gastos en asistencia social y salud pública y perder los ingresos que una mujer productiva hubiese podido aportar a la economía del país.
No existe una receta única para la prevención del embarazo de las adolescentes. En los últimos años América Latina y el Caribe ha puesto en práctica numerosos proyectos, programas o políticas que buscan actuar sobre ciertos factores de riesgo asociados con ese fenómeno. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los ha analizado con el propósito de facilitar el diseño de políticas públicas en esta materia y de obtener guías que permitan una mayor efectividad de los programas de prevención.
El estudio de las intervenciones que buscan reducir el embarazo en adolescentes deja ver tres grandes líneas estratégicas de acción. Están, en primer lugar, las que proveen educación sexual y reproductiva y que tienen por objeto influir en las decisiones de los jóvenes. Se suelen desarrollar en el ámbito escolar, aunque también en centros comunitarios y sanitarios. Es el caso del programa chileno Teenstar o del colombiano Profamilia.
El embarazo en adolescentes es un fenómeno que se encuentra estrechamente ligado a situaciones de vulnerabilidad y que se exacerba con la desigualdad económica
Las intervenciones con un enfoque en los derechos humanos pretenden abordar un ámbito más amplio de la vida de los adolescentes que considere los entornos social, económico e institucional en los que se desenvuelven involucrando actores importantes como la familia, la comunidad y la escuela. Esta perspectiva es la que adoptó la reforma educativa para la escolarización a tiempo completo, en Chile, o el programa mexicano Progresa/Oportunidades/Prospera. Sus defensores consideran que los verdaderos desafíos para el embarazo en adolescentes son la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios y las opiniones negativas sobre las niñas y las mujeres. La lógica detrás de estas intervenciones es propiciar un marco institucional y sociocultural donde se respeten los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes.
Por último, las intervenciones integrales incluyen tanto la educación sexual y reproductiva como el enfoque en los derechos humanos. Actualmente parece existir un consenso generalizado en favor de este tipo de iniciativas que consideran que el embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe es un fenómeno complejo que solo puede ser abordado con intervenciones multicomponentes (varias líneas de acción simultáneas y complementarias), multisectoriales (que involucren a los diferentes sectores gubernamentales, de la sociedad civil y del mundo empresarial en diferentes ámbitos) y multiniveles (que incluyan los diferentes niveles de gobierno local, departamental, provincial o estatal y de la nación en su conjunto). Programas como Cuídate: Promueve tu salud (México), Focus on Youth in the Caribbean (Bahamas), Juventud y Empleo (República Dominicana) siguieron esta línea de acción.
Pese a todas estas iniciativas, la tasa de fertilidad adolescente no ha seguido en América Latina y el Caribe la tendencia decreciente de buena parte del mundo. Dada la complejidad de esta realidad, el estudio del BID insiste en que se realicen diagnósticos previos para conocer cuáles son las necesidades de cada contexto, las características de cada territorio y sus particularidades legales, institucionales y presupuestarias. Recomienda que las políticas públicas en materia de prevención adopten una mirada integral que recoja las conclusiones de la información recabada y que se diseñen iniciativas que ofrezcan un servicio de calidad concentrado en el grupo de edad comprendido entre los 10 y los 19 años, que impliquen a los diferentes sectores afectados y que fomenten la participación de los adolescentes en las estrategias de prevención.
Existen incentivos sanitarios, económicos y sociales para reducir el embarazo en adolescentes. No es una tarea sencilla ni hay una receta única, pero combinar la información adecuada con medidas que consideren todos los entornos en los que se desenvuelven los jóvenes parece ser un buen camino para reducir esta problemática que termina afectando no solo a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto.
Xiomara Alemán es especialista en protección social en la división de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo.
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