La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado este jueves su propuesta de programa de recuperación sostenible. Se trata de un plan de choque de inversiones verdes centradas en el sector energético para los próximos tres años. Estas dos organizaciones estiman que servirá para crear nueve millones de empleos en el mundo y para que las emisiones de gases de efecto invernadero ―que se han desplomado por el confinamiento mundial— no reboten con fuerza cuando finalice lo peor de esta crisis provocada por el nuevo coronavirus. El plan, que contempla una treintena de medidas, empezaría a aplicarse en 2021 y requerirá de una inversión global de alrededor de 1 billón de dólares anual (0,9 billones de euros, el 0,7% del PIB mundial) hasta 2023. En esa cantidad se incluyen los fondos públicos y la financiación privada que se movilizaría con la aplicación de las políticas gubernamentales que se proponen.
Ambas instituciones internacionales pretenden con este informe especial acabar con lo que consideran un falso dilema entre creación de empleo y protección del medio ambiente. “El debate está ahora muy polarizado en Europa, América y Asia”, explica a EL PAÍS Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE. “Algunos dicen que lo primero por lo que hay que mirar ahora es por los empleos; otros dicen que lo primero por lo que tenemos que mirar es por el clima. Y este estudio apunta a que las políticas energéticas correctas pueden crear empleos, hacer que la economía crezca y luchar contra el cambio climático”, añade Birol.
Entre todas las medidas, Birol destaca las referidas a las inversiones para la implantación de tecnologías solar y eólica, la eficiencia energética de las edificaciones y la industria manufactura y la modernización de las redes eléctricas. “Pueden ponerse en marcha muchas, pero estás tres áreas principales pueden hacer que caigan las emisiones mucho”, añade el director de esta agencia. El desarrollo de la solar y eólica sería el área que se llevaría una cantidad mayor de inversión de este plan. Y la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones la que tendría una mayor capacidad de creación de puestos de trabajo.
Empleos
Toda la industria energética del mundo empleaba a alrededor de 40 millones de personas en 2019. Las estimaciones que se fijan en el plan apuntan a que “alrededor de seis millones de puestos de trabajo en todo el sector de la energía, la eficiencia energética y la fabricación de vehículos se han perdido o corren el riesgo de perderse permanentemente debido a los impactos de la covid-19″. “Este año tres millones de empleos se perderán y otros tres millones adicionales están en riesgo. Es un gran número. Pero nuestro plan servirá para crear, o salvar, nueve millones de empleos anuales en los próximos tres años”, enfatiza Birol.
La propuesta se presenta como un plan de choque limitado en el tiempo. Por lo que esos nueve millones de empleos centrados en las labores de mejora de la eficiencia energética de los edificios, el sector eléctrico y la industria del transporte se mantendrían durante esos tres años. Luego, a partir de 2024, alrededor de 400.000 empleos seguirían necesitándose en los proyectos de más larga duración que arrancan con el plan. Otro medio millón de trabajos continuarían para las labores de operación y mantenimiento de lo construido.
Emisiones
“Una de las principales razones para realizar este estudio es asegurarnos de que las emisiones alcanzaron su pico en 2019 y que siguen bajando”, afirma Birol. El cierre de la economía mundial durante este 2020 ha desplomado las emisiones de gases de efecto invernadero. Las de dióxido de carbono, el principal de estos gases, se espera que a final de año hayan descendido un 8% respecto al ejercicio anterior, lo que supondrá la mayor caída desde la II Guerra Mundial, según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía. Pero, como se advierte en el plan, la experiencia de la crisis financiera de 2008 apunta a un rebote de las emisiones si no se toman medidas estructurales, como ya ocurrió en 2010. “Si no tomamos estas medidas, el próximo año las emisiones volverán a rebotar y alcanzarán los niveles de los años anteriores”, insiste Birol. “Tenemos que asegurarnos de que las emisiones sigan cayendo”.
Todas las medidas contempladas en el plan llevarían a un ahorro de 4.500 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2023 respecto a lo proyectado hasta ahora, con lo que se consolidaría que a 2019 como el año del pico de las emisiones mundiales. El plan resalta además que la reducción sería con medidas estructurales, y no con una paralización de la economía como la que se ha vivido por la covid-19. En cualquier caso, los autores de este estudio apuntan a que las medidas propuestas en el plan, de forma aislada, no serán suficientes para cumplir con las metas del Acuerdo de París. “Serían necesarias más acciones”, apunta el informe.
Un desplome parecido al de las emisiones de efecto invernadero se ha visto con la contaminación. En las principales ciudades españolas, los niveles de dióxido de nitrógeno llegaron a caer un 50% durante la fase más dura del confinamiento respecto a las del mismo periodo de 2019. Pero ahora empiezan a repuntar. Los autores del estudio sostienen que las medidas también servirán para reducir un 5% las emisiones contaminantes del aire. Además, 420 millones de personas de países en desarrollo —que ahora emplean para cocinar carbón— podrían acceder a cocinas limpias. Y cerca de 270 millones de personas tendrían acceso a electricidad con la aplicación del plan propuesto.
Medidas
Entre la treintena de medidas propuesta en el plan de la AIE, las que requieren un mayor esfuerzo inversor son las referidas al sector eléctrico, con la implantación de renovables y la modernización y expansión de las redes eléctricas. También se aboga por la ampliación de la vida de las centrales nucleares ―”no podemos permitirnos el lujo de excluir ninguna tecnología de emisiones cero”, defiende Birol―. En el sector del transporte, entre las medidas propuestas están las ayudas públicas para la compra de vehículos a cambio del achatarramiento de coches viejos. También, la promoción del vehículo eléctrico y la inversión en trenes de alta velocidad y otras formas de transporte urbano. El informe cita, por ejemplo, el impulso a las infraestructuras ciclistas, la recarga de vehículos eléctricos y el transporte colectivo.
Respecto a la eficiencia energética, los analistas resaltan la gran fuente de generación de empleo que pueden suponer las medidas de eficiencia de los edificios y de electrodomésticos. Los autores del plan, además, apuntan a la necesidad de que las industrias inviertan en eficiencia, especialmente con “motores y bombas agrícolas”, y en la necesidad de impulsar el reciclaje.
Las dos instituciones internacionales proponen también actuaciones en el sector de los combustibles fósiles, muy golpeado durante esta crisis. Se plantea poner en marcha obras para reducir las emisiones de metano —otro potente gas de efecto invernadero— vinculadas a las explotaciones de petróleo y gas. Además, los analistas consideran que los “bajos precios del petróleo y el gas” suponen una ocasión ideal para la “reducción gradual de los subsidios a los combustibles fósiles”. En el informe se estima que el valor global de los subsidios al consumo de estos combustibles en 2019 fue de alrededor de 320.000 millones de dólares. Este año, debido a la crisis, podrían caer hasta los 180.000 millones. Según los autores, “la eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles” permitirá liberar presupuestos públicos para otras políticas de impulso de la economía.
Source link