La política migratoria de Estados Unidos está a punto de dar un giro de 180 grados. Al menos eso es lo que ha prometido el presidente electo Joe Biden que, en cuanto ponga un pie en la Casa Blanca, quiere dejar atrás los programas “inhumanos y basados en el miedo” de Donald Trump y pasar página hacia unas “leyes que reflejen los valores de una nación de inmigrantes”, como adelantó durante la campaña. Su discurso está en las antípodas del de su predecesor, que llegó a Washington con la promesa de construir un muro, levantó una serie de barreras a la migración legal e ilegal, cerró las puertas a refugiados y solicitantes de asilo e impuso políticas brutales como la separación de los indocumentados que cruzaban la frontera sur de sus hijos.
Los planes que se conocen hasta el momento revelan que el nuevo presidente quiere dejar claro desde el primer día que EE UU volverá a ser un país de acogida. A través de una serie de acciones ejecutivas y proyectos de ley Biden tratará de deshacer el legado del republicano y “restaurar la humanidad del sistema de migración”, según ha adelantado este fin de semana quien será su jefe de Gabinete, Ron Klain. En un memorando, el funcionario dijo que este miércoles, el día de su investidura, el mandatario acabará, vía decreto, con el veto de viajes impuesto por la Administración saliente a algunos países musulmanes y pondrá en marcha un equipo que “comenzará el trabajo difícil pero crucial” de reunir a los cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera sur de sus padres, a los que deportaron a Centroamérica en la mayoría de los casos y perdieron el rastro antes de devolverles a sus hijos.
El demócrata prevé también enviar este mismo miércoles una reforma migratoria al Congreso que daría opciones de regularizar su situación a los 11 millones de indocumentados que se estima que viven en Estados Unidos. La propuesta contempla un plazo de ocho años para que buena parte de esos migrantes puedan acceder a la ciudadanía, una vez que se verifique que no tienen antecedentes penales y que están al día con el pago de impuestos. Además ofrecerá una vía exprés a los grupos que ya están protegidos por estatus temporales, como los cerca de 700.000 dreamers (soñadores), los jóvenes a los que sus padres trajeron a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños y para los que Barack Obama aprobó el programa DACA (acrónimo en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o a los cerca de 400.000 beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas en inglés) que protege de la deportación a ciudadanos de varios países que han sufrido guerras o desastres naturales como Honduras, Nicaragua o El Salvador.
En ambos casos, se trata de migrantes establecidos en el país, que pueden residir legalmente y trabajar con los permisos que les habían otorgado Gobiernos de distintos símbolos políticos, pero que no tenían forma de acceder a la residencia ni a la ciudadanía. Trump trató de quitarles las protecciones temporales, pero las medidas fueron recurridas en los tribunales, lo que ha mantenido sus estatus vigentes durante los cuatro años de su Administración.
El presidente electo también ha prometido acabar con programas más crueles de Trump, como el que envía a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur a peligrosas ciudades del norte de México mientras esperan su turno para que un juez escuche sus casos a través de videoconferencias, e incrementar los cupos de refugiados que recibe el país, que el republicano redujo considerablemente. Además, pretende aprobar una serie de medidas para restablecer el sistema de asilo y acogida que Trump desmanteló en sus cuatro años de presidencia y, según prometió en la campaña, prevé ofrecer un TPS a los venezolanos que han huido del régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Biden sabe que necesitará tiempo y prudencia con las medidas de acogida de nuevos migrantes para no generar más caos, especialmente en un momento en que los estadounidenses sufren una fuerte crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia que ha dejado 400.000 muertos. “La idea es hacerlo para mejorar la situación y no para empeorarla”, dijo Biden a la prensa en diciembre al ser preguntado sobre cómo pondría fin a los Protocolos de Protección de Migrantes, el programa por el que se ha enviado en los últimos dos años a más de 70.000 solicitantes de asilo a México. “Haré lo que prometí, pero no va a ser el primer día. Probablemente va a tomar seis meses ponerlo en marcha”, matizó el demócrata, que durante la campaña había prometido acabar con él el primer día de su mandato.
El programa de Biden ha sido recibido con ilusión y expectativa por las organizaciones que durante la presidencia del republicano han trabajado de manera incansable tanto desde la trinchera humanitaria, asistiendo a los solicitantes de asilo enviados a México o tratando de reunificar a las familias separadas en la frontera, como desde la legal, litigando en los tribunales por las nuevas medidas y reglas que consideraban que violaban los derechos de los migrantes. “Tenemos mucha esperanza, sobre todo porque vemos la oportunidad de que el país vaya a sanar de todo lo que ha destruido Trump. Aunque hay cosas que va a costar mucho cambiar”, afirma la abogada de inmigración Jodi Goodwill desde Harlingen (Texas). Hace tres meses, el equipo de transición se puso en contacto con ella y con otros letrados que trabajan en la frontera sur para que los asesoren en la creación de un plan que les permita procesar los casos de los migrantes que esperan del otro lado del muro.
El mandatario también se ha comprometido a no construir ni un metro de valla más en la frontera, la propuesta estrella de Trump. Por el contrario, apostará por un plan para apoyar a la Patrulla Fronteriza con más tecnología. Durante la campaña recalcó la importancia de afrontar las causas de la migración, para lo que anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en Centroamérica, la región que más inmigrantes ha enviado a Estados Unidos en los últimos años, y una mayor cooperación con esa región y México. Según informes periodísticos, la reforma migratoria que Biden enviará al Congreso este mismo miércoles contempla acciones para remediar la migración desde el origen. No se espera, sin embargo, que ese proyecto sea una prioridad en el Capitolio, que en las próximas semanas debatirá el segundo juicio político a Trump, así como medidas urgentes relacionadas con la pandemia. Además, cualquier reforma migratoria deberá lidiar con un sector del Partido Republicano, que tiene la mitad del Senado, y que ha radicalizado sus posiciones respecto a la inmigración con la presidencia de Trump.
“Nos alegran mucho todos los pronunciamientos que el presidente Biden ha hecho, pero queremos que se centre en las cosas que él controla”, afirma Abel Nuñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), una organización no gubernamental con sede en la ciudad de Washington. “Algo que nos enseñó y demostró el presidente Trump es que el Ejecutivo tiene mucho control para cambiar las políticas de inmigración en este país”, añade.
El reto para el Gobierno entrante será encontrar un equilibrio para implantar un sistema más humano, pero en el que la llegada de nuevos migrantes sea más controlada, algo difícil en un momento en que Centroamérica vive una profunda crisis provocada por la pandemia y dos potentes huracanes, Eta e Iota, que dejaron a decenas de miles de personas sin hogar ni medios de subsistencia, especialmente en Honduras. Este fin de semana se formó en ese país una de las mayores caravanas de migrantes vistas hasta ahora alentada, en parte, por las esperanzas de que la Administración de Biden sea más flexible con ellos. El Gobierno entrante, pese a todo, ha insistido en que no es un buen momento para migrar.
Un latino para dirigir la agenda de inmigración
El elegido por Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que se encarga de las políticas migratorias, es Alejandro Mayorkas, un ex fiscal general de 61 años. Nacido en Cuba de padres judíos que escaparon del Holocausto y se exiliaron de la isla caribeña tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, cuando él tenía solo un año, el primer latino en dirigir ese departamento lleva grabado en el ADN la empatía por quienes se ven obligados a dejar su país. Quienes han trabajado con él le definen como alguien que trabajará por que se cumplan las normas y grupos de activistas de inmigración han recordado con preocupación que él fue subsecretario de ese ministerio en el segundo Gobierno de Barack Obama, cuando Estados Unidos rompió récords de deportaciones.
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