Decir que en los últimos años ha habido algo parecido a una calma chicha en Colombia puede resultar equívoco. Los altos índices de violencia, el choque por la independencia judicial, la falta de avances en la implementación del proceso de paz darían al traste con cualquier razonamiento sobre una hipotética tranquilidad. El problema es que a todo ello, a día de hoy, se le ha añadido más incertidumbre si cabe: la sanitaria, derivada de la pandemia, desde luego; pero también económica, con un incremento de la miseria alarmante y un problema de caja tenaz. Todo ello, amplificado por las elecciones de 2022, vuelve a situar a Colombia en un momento que suele ser recurrente en su historia, cuando todo parece estar a punto de saltar por los aires… y termina por apaciguarse. La tensión se palpa en el ambiente, también en las conversaciones, como las mantenidas recientemente con una serie de altos dirigentes políticos y analistas que dan pie a una serie de claves para vislumbrar el incierto próximo año.
(Casi) todos contra Petro. Las elecciones del próximo año permean ya cualquier aspecto y decisión de la vida pública colombiana. Si en cualquier otro lugar del mundo el dibujo de los posibles candidatos estaría definido a estas alturas, elaborar un diagrama en Colombia resulta quimérico, toda vez que el enrevesado proceso de consultas en los partidos puede elevar a cerca de una veintena los aspirantes, que terminará por reducirse a no más de cinco con posibilidades en la primera vuelta, prevista para mayo de 2022, dos meses después de las elecciones al Congreso. Lo único claro, se hable de derecha a izquierda, es que Gustavo Petro es el rival a batir. El exalcalde de Bogotá, exguerillero del M19, ha emprendido un viraje al pragmatismo semejante al que aupó a Andrés Manuel López Obrador al poder en México en 2018, atrayendo políticos de todos los colores pero, ante todo, con poderosas redes clientelares y tratando de espantar el miedo que para muchos sectores, principalmente económicos, supondría el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia.
En el centro progresista, la apuesta del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, en un nuevo intento por lograr la presidencia, se revela tan certera como la cantidad de peros que afloran cada vez asoma su nombre. Las expectativas que genera que el exministro de Salud Alejandro Gaviria se lance a la contienda son tantas como los desafíos que tiene por delante: convencerse de su decisión; después, sumar la estructura de partidos como Liberal o el Verde, a costa de un alto precio en su campaña. Del lado conservador, se antoja una gran alianza sin que esté claro el peso que pueda tener el candidato del Centro Democrático, el partido en el poder, la formación que lidera con mano de hierro el expresidente Álvaro Uribe.
Lentitud en el plan de vacunación. Como la mayoría de países latinoamericanos, con la excepción de Chile, Colombia sufre un rezago considerable tanto en la llegada como en la aplicación de vacunas contra la covid. Lejos de clamar contra los países más desarrollados o la industria farmacéutica, el presidente Iván Duque muestra un mensaje optimista que choca con los datos. Esta semana superó la simbólica barrera del millón de vacunados, unas 2 dosis por cada 100 habitantes, la mitad aproximadamente que México, por ejemplo, aunque con un ritmo más rápido ya que comenzó más tarde a aplicar las dosis. Para vacunar al 70% de la población antes de final de año, objetivo que las autoridades se marcaron, deberá aplicar unas 200.000 vacunas diarias: hasta ahora, el día que más se han inyectado han sido 109.000 y esta última semana las dosis diarias han sido de, aproximadamente, 50.000.
Una reforma tributaria, camuflada de social. Colombia será el primer país de la región -a buen seguro le seguirán muchos más- que implemente una reforma tributaria, tan necesaria como tardía para muchos; un dique de contención con los mercados de cara a mantener el grado de inversión y otra mecha para el hartazgo ciudadano, de ahí que el concepto de tributaria espante al Ejecutivo, que se esfuerza en denominar de “social”. Lo cierto es que para que las ayudas que prevé el Gobierno lleguen a los ciudadanos se requiere de dinero y ahora hay un 40% de productos que están exentos de IVA. El presidente, Iván Duque, insiste en que no se gravarán los alimentos del consumo diario, pero no termina de dar una explicación fehaciente a las dudas que genera la reforma que, a todas luces, chocará con un Congreso sumergido en el proceso electoral.
Tensión en las calle. Una de las frases más recurrentes en cualquier conversación es que “aquí va a haber calle”. La pandemia ha devuelto al umbral de la pobreza a tres millones de personas; la mecha que prendió a finales de 2019 no se ha apagado -se prendió de nuevo con la brutalidad policial del pasado septiembre- y la xenofobia creciente con cientos de miles de venezolanos son material pirotécnico en medio de un contexto electoral. En el plano político, no son pocas los voces que alertan, dentro y fuera del partido de gobierno, de que el retroceso económico y social, unido a un plan de vacunación que no termina de despegar, puede resultar un lastre para el Centro Democrático y minar sus aspiraciones en las presidenciales.
La crónica inseguridad. El narcotráfico sigue siendo uno de los grandes problemas que afronta Colombia. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ELN con otras bandas criminales o en un todos contra todos en algunos departamentos, no hace si no perpetuar un problema crónico. Colombia ya no registra las grandes masacres que pudo haber padecido antaño, de decenas de personas, pero las matanzas son constantes. Hasta el 17 de marzo se han producido 17, con 65 víctimas, la mayoría de ellos líderes sociales -Colombia es el país con más ambientalistas asesinados del planeta-, una sangría a la que el Gobierno es incapaz de poner remedio. La percepción de inseguridad también se ha disparado en las grandes ciudades, como Bogotá. Una reciente encuesta apuntaba que el 76% de los capitalinos se sienten más inseguros, 16 puntos más que 2019, especialmente ante los incrementos de robos.
Un informe para reconciliar al país. Colombia verá cómo la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno y las FARC entregue al país, después de tres años, su informe. Lo que se presumió como un parteaguas en la reconciliación del país, puede exacerbar la ya creciente polarización, en tanto desde el Ejecutivo, el partido de gobierno y los críticos con el pacto no han concedido un milímetro de paz este tiempo. Mientras, desde las filas de los excombatientes se hacen continuos llamados a acelerar la implementación de los acuerdos que ponga fin a la matanza de líderes y se facilite la incorporación a la vida civil en las zonas rurales, las más golpeadas, a su vez, por la violencia. El demoledor informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que eleva a más de 6.400 los conocidos como falsos positivos, ha vuelto a poner en la mira al principal opositor de la paz de La Habana, el expresidente Álvaro Uribe.
Uribe y la justicia. No hay figura que abarque tantas miradas en la historia política colombiana como la de Álvaro Uribe Vélez, al que aún muchos se refieren con los dos apellidos. 20 años después de su llegada al poder, el país otea el posuribismo, aunque aún no lo alcanza a sentir. El desgaste es tal que el legado del expresidente se enfrenta a la paradoja de que, después de ocho años en el poder y haber designado a los dos mandatarios que le han sucedido -Santos optó por romper con él una vez en el poder, algo que Uribe ni ha digerido ni perdonado-, termine por dejar a un presidente de izquierda en el poder. Entre tanto, el próximo año seguirá marcado por el proceso judicial que encara y que ha producido una colisión total entre una de las instituciones sobre las que se cimienta el Estado, la Corte Suprema, y la Fiscalía, proclive a absolver a Uribe. En el entorno del expresidente asumen que el proceso será inevitable. Un juicio que llegaría en plena campaña electoral. Más material pirotécnico para el polvorín colombiano.
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