Un miembro de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, junto al cadáver de un hombre muerto durante una operación policial en una favela el pasado febrero.Silvia Izquierdo (AP)
Nunca en las últimas tres décadas, el Estado de Río de Janeiro (Brasil) registró un año con menos asesinatos que 2022, pero esa realidad positiva convive con otra mucho más oscura y grave cuyo epicentro son la capital y su zona metropolitana: la policía comete un porcentaje altísimo de esas muertes. Es un fenómeno que viene de lejos y va en aumento. Una de cada tres muertes violentas cometidas en los últimos cuatro años en la ciudad de Río y su periferia fue obra de agentes de las fuerzas de seguridad, según un estudio de la Universidad Federal Fluminense difundido este viernes, en el segundo aniversario de la matanza policial más letal en la historia del estado. Aquel día, 27 hombres, la mayoría jóvenes negros, y un agente policial murieron en la favela de Jacarezinho.
La policía de Brasil está hace tiempo entre las más violentas del mundo, pero en un país de tamaño continental como este la media eclipsa realidades distintas. Y en lo que se refiere a violencia policial, Río siempre ha ocupado un lugar destacado. Para mal.
Río de Janeiro y la bahía de Guanabara conforman uno de los paisajes urbanos más espectaculares del mundo, pero tras esa fachada de playas, samba y bossa nova existe una realidad extremadamente violenta. En los últimos cuatro años, incluido el periodo del laxo confinamiento durante la pandemia, 5.958 personas fueron asesinadas en la ciudad, donde viven algo más de seis millones de vecinos; de ellas más de dos mil (2.043) perdieron la vida en operaciones policiales. Supone más de un tercio, y es algo que se repite en ciudades vecinas. La brutalidad policial en su expresión más cruda, como refleja la película Tropa de Élite, no supone novedad. En 2013, el mejor año de la serie, uniformados pagados con dinero público para proteger a la ciudadanía cometieron el 10% de las muertes violentas.
Las autoridades de Río llevan meses forcejeando con el Tribunal Supremo para que no les obligue a colocar cámaras en los uniformes de sus policías, una medida que en otros estados, como São Paulo, ha logrado combatir el gatillo fácil y con ello una notable caída en la muerte de sospechosos y de agentes.
La inseguridad imperante en muchos puntos de Brasil hace que la idea bandido bom é bandido morto (el delincuente bueno es el delincuente muerto) siga muy arraigada, que la defensa de los derechos humanos se considere sinónimo de impunidad para los delincuentes. Un discurso abrazado con entusiasmo por el anterior presidente, Jair Bolsonaro, y es uno de los ingredientes del cóctel que explica su victoria en 2018. Y es también uno de los motivos por los que la arraigada violencia policial no es parte del debate público salvo en los casos más graves o cuando las balas perdidas de delincuentes o agentes alcanzan a niños. En cinco años, un centenar de menores murieron en Río por ese motivo.
Después de analizar las operaciones policiales más letales en Río de los últimos 15 años, los investigadores del Grupo de Estudios de las Nuevas Ilegalidades han llegado a una conclusión escalofriante: “Si antes la mayoría de las masacres eran perpetradas por grupos de exterminio, formados en su mayoría por policías en activo o en la reserva, pero fuera de servicio, hoy las masacres son cometidas principalmente por policías de servicio en operaciones avaladas por sus superiores jerárquicos”. Ingrediente clave en este cambio tan significativo, recalcan, la impunidad que les otorga el sistema judicial. Raro es que alguno de los policías implicado en esas operaciones sea castigado. De las 28 muertes en Jacarezinho, 24 casos han sido archivados.
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Muchos barrios de la ciudad más turística de Brasil y los municipios que la rodean son escenario de la batalla cotidiana por el control del territorio y de los mil negocios ilícitos entre las bandas de narcotraficantes y las organizaciones paramilitares de policías y soldados en activo o retirados. En ese ambiente violento, las fuerzas de seguridad se consolidan como parte del problema y no de la solución, constatan los investigadores.
Otra de las conclusiones que vienen a confirmar la gravedad del problema es que “las fuerzas policiales cometen muchas más matanzas y causan muchas mas víctimas mortales que todos los grupos armados juntos”. Y eso que son unos cuantos, con el Comando Vermelho como el más poderoso. Los barrios dominados por este grupo criminal dedicado a la venta de dogas son escenario de las operaciones más sangrientas de las fuerzas de seguridad.
Los investigadores de la Universidad federal Fluminense alertan también sobre un nuevo fenómeno, que contribuye al aumento de la letalidad: son lo que denominan las megamatanzas policiales, es decir, las que causan más de ocho víctimas mortales.
Destaca el informe Matanzas policiales en Río de Janeiro que desde 2020 ha habido siete operaciones que acabaron con más de ocho muertos cuando en la década anterior fue una. Y detalla que ha habido varios puntos de inflexión a lo largo del periodo analizado: las muertes a manos de uniformados empezaron a subir cuando las autoridades retiraron un incentivo que daban a las unidades policiales que menos enfrentamientos armados protagonizaban, aumentaron cuando el Estado entró en bancarrota, volvieron a incrementarse cuando el Ejército fue desplegado en las favelas, en 2018, y se redujo cuando en plena pandemia el Tribunal Supremo obligó a restringir las operaciones policiales.
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