El fallo de un tribunal federal ha dado, de momento, una importante victoria para la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. La jueza de distrito Tanya Chuktan rechazó el martes una petición de emergencia promovida por el expresidente Donald Trump para mantener en secreto cientos de documentos de la Casa Blanca bajo pretexto de ser uno de los privilegios del Poder Ejecutivo. Estos registros, principalmente las comunicaciones y actividades de varios asesores y ayudantes de alto nivel del republicano, ayudarán a los congresistas a entender cómo transcurrieron los acontecimientos de aquel día y a despejar las sospechas sobre la responsabilidad de la Oficina Oval en los trágicos hechos en los que murieron cinco personas y obligaron a evacuar la sede del Legislativo.
La decisión de la jueza del Distrito de Columbia implica que el Archivo Nacional debe entregar desde este viernes los documentos que fueron requeridos por la comisión, compuesta por 11 demócratas y dos republicanos de la Cámara de Representantes. Chuktan señaló en su fallo que el ataque del 6 de enero es un asunto de “insuperable interés público” pues conocer los detalles de los acontecimientos de ese día es importante para mantener la confianza en las instituciones democráticas y evitar que estos se repitan en el futuro.
Un portavoz de Trump ha señalado la noche del martes que la moción será apelada inmediatamente. Los abogados del expresidente llevan casi un mes bloqueando los intentos de la Cámara de Representantes para hacerse con los documentos de mensajes y llamadas de los asesores del republicano. Los letrados consideran que las decisiones tomadas ese día están protegidas por la discrecionalidad del titular del Ejecutivo. El presidente Joe Biden, sin embargo, dijo desde inicios de octubre que no invocaría esa facultad para proteger la información. “No está entre los mejores intereses de Estados Unidos y por lo tanto no se justifica para ninguno de los documentos solicitados”, escribió Dana Remus, la consejera jurídica de Biden a los Archivos Nacionales.
La jueza Chuktan ha dado la razón a Biden en sus argumentos. “La postura de que puede imponerse al deseo expreso de la rama del Ejecutivo parece tener como premisa la noción de que el poder ejecutivo existe en perpetuidad… Pero los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente”, razonó la togada, quien señala que es el mandatario actual quien debe proteger o no los intereses de la investidura. Chuktan llegó a la corte en 2014 nombrada por el presidente Barack Obama.
Los analistas consideran que este caso abre el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo y el alcance que tiene el Legislativo para servir como contrapeso y vigilar a los presidentes. Los congresistas demócratas creen que los juicios interpuestos por Trump y sus abogados tienen como único propósito entorpecer el avance de las investigaciones. Los expertos estiman que esta disputa entre poderes tendrá una inevitable resolución en la Suprema Corte, un Tribunal que tiene una mayoría conservadora gracias a los jueces colocados durante el mandato trumpista.
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La estrategia de Trump y sus allegados ha sido de rechazar cualquier colaboración con la comisión de investigación. El expresidente ha instruido a quienes fueron sus subordinados a no presentarse a declarar ante los congresistas. Cuatro de los hombres más leales de la presidencia del republicano fueron citados desde finales de septiembre por los demócratas. Estos son Mark Meadows, su jefe de Gabinete; el estratega digital de la Casa Blanca, Daniel Scavino; el influyente asesor Steve Bannon y Kashyap Patel, el jefe de asesores del secretario de Defensa, Christopher Miller.
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