El abogado Gonzalo Boye, defensor entre otros del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra, ha asumido la defensa del dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, según han confirmado fuentes de su equipo jurídico a EL PAÍS. Ternera, detenido en mayo de 2019 en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, intenta evitar su entrega a España, que le reclama por varios atentados, entre ellos su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987 que causó 11 muertos, entre ellos seis niños, y decenas de heridos. El Tribunal de Apelación de París ya dio su visto bueno a su entrega por este atentado el pasado 8 de enero, pero el etarra ha recurrido al Tribunal Supremo francés, que aún debe pronunciarse. No obstante, el dirigente terrorista aún tiene pendiente otra demanda de extradición y dos euroórdenes de entrega.
Boye se encargará de colaborar con el equipo de abogados franceses que defienden al terrorista en Francia, con los que ya se ha reunido en varias ocasiones, según detallan fuentes del entorno del abogado. Además, también defenderá a Josu Ternera en España en una causa abierta por delitos de lesa humanidad por los atentados cometidos por la banda a partir de 2004, fecha en la que entró en vigor esta figura penal. El dirigente etarra, que fue jefe político de la banda, tiene otras dos causas abiertas en la Audiencia Nacional. En 2005 fue procesado por el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980 y también lo está por la llamada causa de las herriko tabernas, iniciada en 2002 y que fue juzgada 11 años después.
El abogado fue juzgado en 1996 por formar parte de una célula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno que dio apoyo a la banda terrorista ETA en el secuestro en Madrid, en 1988, del empresario Emiliano Revilla. Por estos hechos fue condenado por un delito de detención ilegal a 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. La pena incluía también el pago de una responsabilidad civil solidaria -junto a los otros dos ciudadanos chilenos condenados- de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), que recientemente la Audiencia Nacional ha ordenado cobrar pese al tiempo transcurrido. Boye asegura que ese pago prescribió hace años.
Tras su puesta en libertad, Boye se dedicó a la abogacía y asumió la representación legal de una de las acusaciones particulares en el juicio del 11-M. También ha asumido la defensa del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Sin embargo, su relevancia mediática se multiplicó cuando asumió la defensa de Puigdemont y otros exconsejeros de la Generalitat huidos a Bélgica de la justicia española tras el fracaso del proceso independentista del 1 de octubre de 2017. También se encarga de representar a Quim Torra en la causa de los lazos amarillos que le han costado la inhabilitación por un delito de desobediencia.
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