Luego de que le practicaron un legrado para abortar, una niña venezolana de 13 años fue sometida a un interrogatorio policial sin presencia de fiscales de menores ni representación legal. Así comenzaba la pesquisa sobre la denuncia de esa familia por la violación de la que fue víctima, que tuvo como consecuencia inicial un embarazo. La policía no ha atrapado hasta ahora al presunto agresor, Carlos Alberto Terán, de 52 años, señalado de haber abusado en repetidas ocasiones de la víctima, su vecina en el barrio Pueblo Nuevo del estado Mérida, en el occidente de Venezuela. Pero sí llevo a prisión a la madre de la niña y a la activista feminista Vanessa Rosales, de 31 años.
Las detenciones ocurrieron el pasado 12 de octubre. Fueron acusadas de los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros. El caso del que se supo apenas este mes de enero por la presión del movimiento de derechos de las mujeres para la liberación de Rosales espera convertirse en un parteaguas que empuje el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, uno de los países con las legislaciones más restrictivas de la región. Cuando la niña quedó embarazada producto de la violación, su madre recurrió a Rosales que tiene más de una década siendo activista por los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad donde viven. Rosales, además, había sido docente de la niña, se conocían. Por orientar a la víctima de violación sobre la interrupción del embarazo estuvo presa tres meses en una comisaría de Mérida. Desde el 11 de enero en su casa, bajo arresto domiciliario. La madre fue liberada 23 días después de la detención —el 4 de noviembre— bajo medidas cautelares de presentación. Hicieron una concesión porque la mujer estaba amamantando a algunos de sus ocho hijos, que quedaron —incluida la adolescente violada— al cuidado de la hermana mayor mientras estuvo presa.
“Vanessa fue la profesora de la niña, le había dado clases, la conoce de la escuelita del barrio. La madre es una señora muy pobre, con ocho niños, a la que obviamente se le recomendó que denunciara al violador. Cuando denunciaron formalmente la violación, se desata la persecución por el aborto, criminalizando a la mamá y a Vanessa”, señala Venus Faddoul, del equipo de defensor de Rosales y directora de la organización 100% Estrógeno.
El proceso penal contra ambas continúa y en el caso de Rosales la defensa ha denunciado una suma de irregularidades. “Violaron el debido proceso y todos los lapsos probatorios, hicieron la audiencia cuatro días después de lo que corresponde, no nos admitieron nada ni el amparo constitucional ni la medida cautelar. Llegamos a un punto de quiebre”, enumera Faddoul. Durante la detención en la comisaría, Rosales tampoco tuvo acceso a audiencias privadas con sus abogados, a quienes no se les permitió ver el expediente de la acusación. Durante la reclusión hubo dificultades para la entrega de los medicamentos que toma Rosales.
La pelea del movimiento de mujeres es por la libertad plena y sin cargos para Rosales, pero también porque el caso sirva —en medio de la estela que ha dejado el reciente logro de las argentinas con la legalización del aborto hasta la semana 14— para mover en el país el debate sobre este tema, aplastado por las posiciones conservadoras y por la profunda crisis política e institucional venezolana. “Siempre está el factor misógino de desestimar a los movimientos de mujeres independientes, pero este es el momento para desempolvar esas iniciativas para despenalizar el aborto”, dice Faddoul. “Acá todos son conservadores, cerrados y medievales. No hay una revolución ni una oposición feminista”, se queja.
En 2019 el informe Mujeres al Límite de 2019 reveló los resultados de un monitoreo hecho en cuatro hospitales del país. Durante el seguimiento registraron un total 2.246 abortos, unos 15 diarios, un tercio en adolescentes e incluso niñas menores de 12 años. Por cada tres partos atendidos se recibía una mujer con un aborto iniciado de forma clandestina e insegura. “Este caso lo que viene a demostrar las consecuencias negativas de la penalización del aborto, tanto para quienes se lo realizan como para quienes lo acompañan. La crisis venezolana y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres obligan a una flexibilización de la norma, como han recomendado al Gobierno, sin que este cumpla, la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y también el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU”, señala la psicóloga Magdymar León, de la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, una de las organizaciones que realizó el informe. La activista señala que el debate sobre el aborto debe salir del ámbito de las creencias y entrar en el de los derechos humanos y de la salud pública. Pelear porque al menos la violación sea una causal para permitir el aborto es un objetivo que podrían trazarse las activistas.
La norma venezolana sobre el tema está contenida en un Código Penal de más de 100 años. Solo permite la interrupción del embarazo cuando la madre está en riesgo, aunque admite una disminución de la pena si se apela “el honor” de la familia, el llamado aborto honoris causa. No existe un protocolo para guiar la excepción del aborto terapéutico. “El embarazo en la adolescencia se entiende como de alto riesgo, y más en las condiciones sociales como las de la muchacha que ayudo Vanessa. ¿No era un riesgo para la vida de esa adolescente de 13 años continuar con su embarazo?”, se pregunta León.
La historia de Rosales ha trascendido y la organización internacional Womens Link, con oficinas en España y Colombia y presencia en América Latina y Europa, se ha sumado al caso en apoyo del equipo legal que defiende a la activista presa. “El caso ilustra una de las consecuencias de penalizar el aborto y cómo el Estado desvía sus funciones en perseguir a quienes ayudan y orientan y no al perpetrador de una violación”, dice la abogada costarricense Marcia Aguiluz, de Womens Link. “Venezuela tiene uno de los contextos más restrictivos de la región. La penalización del aborto no es una manera efectiva de evitar o reducir los abortos, porque solo se criminaliza a las mujeres en más riesgo y con menos recursos. Y hay evidencia de que en los países donde se ha legalizado más bien han disminuido”.
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