Un pequeño alto el fuego en la incesante guerra política por la gestión de la pandemia. El Congreso de los Diputados ha acordado este jueves, con una mayoría poco acostumbrada, crear una comisión que “vigilará” el desarrollo de la campaña de vacunación contra la covid-19 e investigará los casos de cargos y personalidades públicas que se han saltado el turno. La propuesta había partido de una pequeña minoría, los tres diputados que suman Más País y Compromís, y ha concitado un amplio apoyo: solo un voto en contra y 60 abstenciones, entre ellas las de Vox y el PNV.
Las fuerzas políticas tendrán que ponerse ahora de acuerdo en un plan de trabajo en el que se deberá detallar más el alcance de la indagación parlamentaria. Hay ámbitos a los que se refiere la propuesta inicial, como los acuerdos europeos con las farmacéuticas para la compra de vacunas o las actuaciones de las comunidades autónomas, que quedan fuera de las competencias de la Cámara. “Pero si logramos concretar un buen plan, creo que se puede hacer un trabajo útil”, ha señalado el diputado socialista Guillermo Meijón.
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El principal partido del Gobierno tenía algunas reticencias con la iniciativa. La encontraba redundante porque, según Meijón, “ya existen otros mecanismos” para ejercer esa vigilancia, y además el PSOE no quiere transmitir la imagen de que la vacunación esté siendo “un proceso caótico”. Al contrario, argumentan los socialistas, constituye un “ejemplo de buenas prácticas” y de respeto a las normas por la “inmensa mayoría de los ciudadanos”. Aun así, el PSOE ha accedido a respaldar la solicitud para demostrar, en palabras de Meijón, que a transparencia no les gana nadie.
La propuesta ha sido defendida por el único diputado de Compromís, Joan Baldoví, que se ha centrado en los casos de los “caraduras” que se han saltado el turno, especialmente en la vacunación en Abu Dabi de las infantas Elena y Cristina. Baldoví ha expuesto que el propósito último de la iniciativa es “vigilar” que las vacunas se reparten con una “lógica social”, aunque ha reconocido que, de momento, se ha logrado que no prevalezcan los “criterios de mercado”.
Ninguno de los portavoces que ha intervenido ante el Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta. Eso sí, hubo discrepancias sobre su alcance y su potencial eficacia. Y cada uno ha aprovechado para llevar el agua a su molino. El PP, para denunciar el “ritmo de tortuga” de las vacunaciones y el “coste en vidas” que eso supone. Vox, para insistir en que, “si hay justicia”, toda la gestión de la pandemia debe “acabar en los juzgados”. Los independentistas, para atacar a la Monarquía, “esa familia puesta a dedo por un dictador asesino que roba tanto que hasta roba vacunas”, en palabras enardecidas de Gabriel Rufián, de ERC. Y la izquierda en general para criticar a las farmacéuticas. Unidas Podemos ha reconocido como un acierto que la UE se haya encargado de la compra centralizada de las medicinas, pero ha criticado los acuerdos alcanzados con las compañías suministradoras.
El proceso para constituir la comisión y aprobar el plan de trabajo dependerá ahora de la voluntad de los grupos. En función de eso, su puesta en marcha puede demorarse desde unas pocas semanas hasta meses.
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