La Corte Superior de Justicia de la provincia canadiense de Ontario ha decretado que Irán debe indemnizar a las familias de seis de las víctimas del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines, tragedia ocurrida el ocho de enero de 2020. El juez Edward Beloaba, en su decisión firmada el 31 de diciembre y hecha pública el pasado lunes, indicó que Teherán tendrá que desembolsar 107 millones de dólares canadienses (unos 84 millones estadounidenses), tanto en compensaciones como en daños punitivos e intereses, a los familiares que presentaron la demanda pocas semanas después de la catástrofe. Beloaba escribió que “las indemnizaciones por daños y perjuicios son un pobre sustituto de las vidas perdidas”.
El vuelo de la compañía ucrania fue derribado por dos misiles de la Guardia Revolucionaria Iraní. Teherán había informado en un principio que se trataba de un accidente aéreo, pero tuvo que rectificar unos días después al reconocer el lanzamiento de los proyectiles, catalogándolo como un “error desastroso”. El drama del avión que se dirigía a Kiev procedente de la capital iraní causó consternación en Canadá, ya que 138 de sus 176 ocupantes tenía como destino final el país norteamericano (55 con pasaporte canadiense, 30 residentes permanentes y 53 visitantes).
El juez Beloaba había dictaminado en mayo de 2021 que la destrucción del avión fue un “acto de terrorismo”. Dicha decisión permitió sortear la inmunidad que tienen los países extranjeros en las cortes canadienses, abriendo la vía para solicitar indemnizaciones. Las autoridades iraníes expresaron en esa fecha que era un fallo “sin fundamento” y que las cortes de Canadá no tienen competencias en este asunto; todo procedimiento judicial, subrayaron, debe llevarse a cabo dentro de Irán.
Mark Arnold, uno de los abogados de los demandantes, comentó al diario The Globe and Mail tras la decisión del juez Beloaba respecto a las indemnizaciones que el caso “establece en Canadá que no se puede perpetrar un caso terrorista contra ciudadanos canadienses sin pagar por ello”. El próximo reto, señaló Arnold, es incautar activos iraníes –dentro y fuera del país norteamericano- para cubrir los montos. Sin embargo, afirmó que uno de sus defendidos en otro asunto lo consiguió hace cinco años. “Una vez que se asiente el polvo, iremos tras cualquier cosa que sea propiedad de Irán”, agregó.
Este martes, el ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica manifestó que la resolución judicial es “vergonzosa”, criticando que la corte haya fijado las cantidades sin contar con “pruebas creíbles”. El mismo día, algunos miembros de las familias y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa virtual para brindar más detalles. No obstante, la cita tuvo que cancelarse pocos minutos después de su inicio debido a las interrupciones de piratas informáticos.
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