El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Eduardo Enrique Zapateiro, en Bogotá, el 30 de diciembre de 2019.LUISA GONZALEZ (Reuters)
Un retrato de Gustavo Petro Urrego enfundado en la banda presidencial colgará de la pared de todos los cuarteles militares de Colombia a partir de agosto. En ese momento no solo será el nuevo presidente del país, sino también el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Estará al mando de una institución que a menudo lo ha interpretado como un enemigo por su condición de político de izquierdas y de exguerrillero, aunque en realidad lleve más de media vida ocupando cargos públicos. En su seno anidan sectores extremistas convencidos de que el adversario estará ahora en la cúpula. El general Eduardo Zapateiro, el representante del ala más dura y guerrerista, se ha retirado estos días para evitar caminar junto a él durante la toma de posesión.
Petro hereda unas fuerzas armadas envueltas en muchos interrogantes. La ciudadanía las mira con recelo por su gestión del estallido social del año pasado, en el que se privilegió el uso de la fuerza al diálogo. Su concepción es que el enemigo interno se esconde en la población y hay que exterminarlo. Por esa mentalidad en algunos territorios del país son vistas todavía como una fuerza de invasión. El informe de la Comisión de la Verdad, en el que se recogen seis décadas de violencia en el país, dice claramente que la justicia militar se ha convertido en un mecanismo para ocultar las violaciones a los derechos humanos de la tropa. Está documentado que los militares asesinaron a 6.402 ciudadanos inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros y cobrar un bonus.
Los propios militares están confundidos y desmoralizados, según los expertos consultados. El presidente Juan Manuel Santos, que lideró el proceso de paz con las FARC, les hizo ver que la desmovilización de la guerrilla más poderosa de América Latina era una victoria del Ejército, que la había arrinconado hasta que no tuvo otra opción que sentarse a negociar. Un puñado de comandantes guerrilleros fueron aniquilados poco antes de los diálogos. La imagen de los insurgentes y los soldados bajando juntos de las montañas después de décadas matándose parecía abrir una nueva era en la historia de Colombia.
Sin embargo, el sucesor de Santos, Iván Duque, no creía en la paz negociada y ha boicoteado su implementación en estos últimos cuatro años. Le ha dado la vuelta al argumento para volver a abrazar las tesis de su mentor, Álvaro Uribe: el proceso de paz fue una humillación, supuso arrodillarse frente al enemigo. Eso se ha instalado en el imaginario de las fuerzas armadas, lo que ha apuntalado la mentalidad guerrerista que impera en los cuarteles. El éxito de sus misiones se mide por acabar con líderes de carteles y grupos paramilitares que, pese al shock que supone el descabezamiento, vuelven a colocar nuevos cabecillas. El acercamiento con la gente no se ha producido. La tasa de homicidios creció en 2021 por primera vez en siete años.
Petro ya ha nombrado a sus ministros de Hacienda y Exteriores, pero se está tomando más tiempo para colocar a alguien en Defensa. Sabe que buena parte del éxito de su Gobierno pasa por ese nombramiento. “Aunque, en el fondo, el verdadero encargado será el propio Petro. Estará muy encima”, dice uno de sus colaboradores más estrechos. La duda reside en sí nombrará a un militar retirado o un civil. “Haría mal Petro en nombrar a un general retirado. Demostraría una debilidad que no le conviene. La lectura de los militares sería que nombra a alguien de los suyos porque les teme”, opina Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa con Uribe.
El siguiente paso será nombrar una cúpula con una mentalidad distinta a la actual. No será fácil. El Gobierno de Duque ha purgado a todos los altos mandos que trabajaron en el proceso de paz con Santos. Los actuales mandos son todos gente de confianza de Zapateiro, reconocido por su valentía en combate, pero que se ha retirado después de un mandato cuestionable. Petro deberá hacer nombramientos sin tocar ningún nervio. “Que él a su vez hiciera una purga sería un enorme error”, conviene Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, y añade: “Favorecería que grupos de extrema derecha se quedaran por fuera de la ley y generaría una enorme división”.
Silva Luján también cree que ahí se juega la partida. A su juicio, no debe romper la tradición de antigüedad en los ascensos. Debe encontrar afinidad con los que están en la fila. “Si diera un paso en falso y ascendiera a capitanes y mayores para remover la cúpula, como hizo Chávez en Venezuela, se metería en graves problemas. Se puede dar algunos lujos, claro, pero sin abusar”, dice. Los dos expertos coinciden también en que no hay riesgo de un golpe de Estado. Las fuerzas militares colombianas tienen una historia de respeto al poder político, a diferencia de otros países de la región.
Hay un riesgo mayor, y es que los generales utilicen una frase que ha pasado entre ellos de generación en generación: “Obedezco, pero no acato”. Ha ocurrido en el pasado. El presidente Ernesto Samper (1994-1998) tuvo que destituir por desacato al entonces jefe de las fuerzas armadas, el general Harold Bedoya. Su sucesor, Andrés Pastrana, enfrentó un conato de rebelión al pedir a un batallón que desalojara una región durante una intento de diálogo con las FARC. En última instancia, las aguas regresaron a su cauce.
Los movimientos de Petro, por ahora, han sido astutos. La semana siguiente a su elección se reunió con Uribe en busca de un acuerdo nacional que una el país después de una campaña muy polarizada. Sabe la ascendencia que tiene el expresidente en las fuerzas armadas. Sus tesis todavía impregnan los cuarteles. En su etapa, él mismo daba conferencias en las escuelas de formación y hacía reuniones privadas con los oficiales que iban a ascender. Mantiene una relación muy estrecha con los mandos y la estructura. De hecho, Duque, un desconocido al que él colocó en la presidencia, ha tenido como ministros a dos uribistas muy leales que, más que ejercer un rol de autoridad sobre los militares, han sido sus defensores y portavoces. Los expertos coinciden en que Zapateiro ha ostentado un poder en temas de seguridad que supera al del propio Duque.
El nuevo presidente también recibe una institución con muy poca capacidad de autocrítica. Cualquier cuestionamiento a sus labores se responde con golpes de pecho y menciones al honor y la lealtad. En las protestas del año pasado, se evidenció con videos que algunos manifestantes o incluso transeúntes que pasaban en ese momento por ahí fueron asesinados a manos de la fuerza pública. Los hechos no merecieron la condena del presidente ni del jefe de las fuerzas armadas. Unos meses atrás, durante un operativo militar en el Putumayo varios civiles murieron en circunstancias sospechosas, y tampoco hubo ningún atisbo de examen de conciencia. “Es una fuerza vanidosa y prepotente a la que le cuesta mucho aceptar errores”, describe alguien que durante una época estuvo en la cúpula.
Petro ha sido uno de los principales críticos. Él mismo fue torturado por uniformados cuando pertenecía al M-19, una guerrilla urbana. Más tarde, se exilió en Europa por miedo a morir, como muchos otros colegas de izquierdas, que fueron asesinados por militares y paramilitares. Ahora, en unas semanas, estará al mando de la institución. El reto es mayúsculo. Su éxito pasa por conseguir que los militares que se crucen con su retrato en los cuarteles lo vean como un líder y no como el enemigo.
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