Se ha impuesto el silencio sobre el caso Ayotzinapa, después de un mes de agosto muy movido, semanas de novedades y confusiones que han colocado la investigación en un punto determinante. El Gobierno ha señalado a un general de participar activamente en el ataque contra los estudiantes normalistas, situación que, de confirmarse, cambiaría radicalmente el relato sostenido estos años, la idea de una embestida perpetrada únicamente por actores locales. Un juez ha pedido la detención del general, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. De momento, la Fiscalía, encargada de los arrestos, no lo ha hecho.
El general en cuestión es José Rodríguez, comandante del 27 batallón de Infantería, con sede en Iguala (Guerrero), en el momento del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Coronel entonces, Rodríguez ascendió a general en 2015 y se retiró poco después. Su detención es una de las 83 que pidió la Fiscalía el 19 de agosto, de las que no se ha vuelto a tener noticia. Entre los 83 hay 20 militares, 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero.
El nombre del general saltó a los medios hace semana y media. El 26 de agosto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acompañó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, para presentar las conclusiones del informe sobre el caso Ayotzinapa, que ha elaborado estos años la comisión que investiga el caso. Encargado de la comisión, Encinas dijo: “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos. Y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el coronel José Rodríguez”.
Aunque podría inferirse que la orden de detener al general apunta directamente al presunto asesinato de los seis estudiantes, la Fiscalía no lo ha aclarado. Hasta el momento, el único militar detenido que tuvo algún tipo de participación en el caso Ayotzinapa es el capitán José Martínez Crespo. En la noche del ataque, Crespo estuvo a cargo de la fuerza de reacción del 27 batallón y acudió a varios de los escenarios de la agresión, caso de Periférico Norte, la comandancia de la policía de Iguala o el Hospital Cristina, donde se refugiaron algunos estudiantes. Crespo está preso por un delito de delincuencia organizada, por colaborar con Guerreros Unidos, y no por el ataque.
En todo caso, las declaraciones de Encinas cayeron como una bomba. Primero, por la relevancia narrativa que supone. Y luego, por las implicaciones judiciales a corto y medio plazo. El reto es mayúsculo, además, pues pone a prueba la flexibilidad del Gobierno, que ha planteado la resolución del caso como un asunto de Estado, a la vez que ha confiado amplias parcelas de administración a las Fuerzas Armadas. El caso del general Rodríguez aparece así como un indicador de la capacidad del Ejecutivo para soportar inercias contrarias.
La semana y media que ha seguido al bombazo ha sido, sin embargo, de puro silencio. Ni la comisión que investiga el caso, ni la Fiscalía, ni el Ejército se han referido en público a este asunto desde el 26 de agosto. Tampoco lo ha hecho López Obrador. El caso recuerda, aunque en escalas distintas, al del funcionario del Centro Nacional de Inteligencia, Ignacio Mendoza, que la Fiscalía ha señalado por torturar a detenidos del caso Ayotzinapa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Trabajador del servicio de inteligencia de este Gobierno y del anterior, Mendoza cuenta igualmente con orden de detención, pero su paradero se desconoce.
El anexo ocho
Más allá de la orden de detención contra Rodríguez, los señalamientos de Encinas en su contra provienen de intercambios de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala y alrededores, entre ellos el antiguo mando militar. En estos años, la comisión ha obtenido más de 400 capturas de pantalla, de las que ha verificado apenas una cuarta parte, donde aparecen estas comunicaciones. A partir de su contenido, la comisión concluye que el general ordenó el asesinato de seis de los 43, cautivos durante días a las afueras de Iguala.
Las capturas y su contenido han sido motivo de polémica estos días. El GIEI, el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para colaborar en las investigaciones, ha señalado: “No conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen en el informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”. Era la primera vez que el GIEI marcaba distancias con la comisión estos años.
En los mensajes, detallados en los capítulos cuatro y cinco del anexo ocho del informe, aparece por ejemplo un intercambio entre el coronel, el alcalde entonces de Iguala, José Luis Abarca, y El Chino, presunto operador de las comunicaciones de Guerreros Unidos. La comisión ha señalado a Abarca, preso por delitos distintos a la desaparición de los normalistas, de ser el que ordenó el ataque.
Según el anexo ocho del informe, un documento técnico elaborado por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, asociado del Conacyt, Abarca se “coordina” con el Chino y el Coronel durante el ataque para “arreglar la situación y evitar que se manche su imagen”. En las páginas siguientes, el anexo aporta mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos que refieren al “Coronel” en los días posteriores al ataque. En uno, del 29 de septiembre, la “Gorda” le dice al “Chino”, por ejemplo, que otro integrante de la banda criminal, “El Negro”, ha ido a ver al mando militar al 27 Batallón.
El anexo incorpora después un intercambio entre el “Chino” y el “Coronel” del 30 de septiembre de 2014, cuatro días después del ataque. En los mensajes, cuyo contenido se resume en el documento principal del informe, el “Coronel” le dice al “Chino” que él y su gente ya se encargaron de los estudiantes de la “bodega vieja”, lugar donde supuestamente los tuvieron cautivos. Luego le pregunta si quedan más normalistas vivos. Después, el “Coronel” le dice al “Chino” que le diga al “Negro” que le pague lo que le debe. Por último, el militar le pregunta al “Chino” si el primo de uno de los estudiantes desaparecidos está activo en Los Rojos, grupo criminal contrario. El “Chino” contesta que sí.
Cambio de paradigma
La presunta implicación del general Rodríguez plantea un cambio de paradigma. Durante el gobierno de Peña Nieto, los investigadores señalaron que policías de Iguala y otros municipios y el grupo delincuencial Guerreros Unidos atacaron a los muchachos en el municipio. Los criminales asesinaron a los 43 normalistas desaparecidos, según esta versión, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron los restos a un río cercano. Incluso, la vieja Fiscalía aseguró haber hallado restos de uno de los 43 en el río, versión hoy tildada de montaje por sus sucesores.
Cuando en los primeros meses de la investigación, finales de 2014 y principios de 2015, la prensa preguntó a la Fiscalía por la presunta implicación del Ejército en el ataque, la respuesta fue contundente: no. Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. El GIEI ha documentado, por ejemplo, el cuestionable comportamiento del principal operador militar en la zona en la noche del ataque, el capitán Crespo.
Él y una docena de soldados patrullaron Iguala durante la embestida criminal, amedrentando a estudiantes heridos y refugiados en el hospital Cristina. También acudieron a Barandilla, lugar donde policías municipales llevaron a una parte de los normalistas desaparecidos. Además del grupo de Crespo, un militar de inteligencia estuvo al tanto del ataque en otro de los puntos del municipio, el Palacio de Justicia, donde incluso tomó fotografías.
Hace unos meses, Encinas y la comisión desvelaron también que el Ejército había monitoreado en tiempo real las comunicaciones de la red criminal de Iguala. En octubre del año pasado, la comisión divulgó dos documentos de la Secretaría de la Defensa que recogían comunicaciones de Guerreros Unidos y policías de la zona, en las horas y días posteriores al ataque.
Por todo ello, estos años se ha hablado de que el papel del Ejército durante el ataque había sido de omisión. De no ayudar a los muchachos y no aportar información para tratar de encontrar a los desaparecidos. Superado el paradigma de la quema masiva del basurero, señalado el hallazgo de restos en el río como un montaje, el señalamiento contra el general Rodríguez abre la puerta al mayor cambio de paradigma en el caso durante el actual Gobierno.
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