En Colombia no encontraron justicia y ahora la buscan en Estados Unidos. La familia del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la retoma al Palacio de Justicia, tras el asalto del M-19, ha interpuesto una demanda civil en una corte de Florida contra el excoronel Alfonso Plazas Vega, el hombre que lideró la violenta respuesta de las fuerzas militares a la irrupción de la insurgencia en la sede del poder judicial, en noviembre de 1985.
Plazas Vega (Sogamoso, 77 años) fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema tras una revisión de la condena en su contra a 30 años de prisión por la desaparición de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería del edificio, Carlos Rodríguez. La justicia dijo entonces que no había suficientes pruebas y lo dejó en libertad. El excoronel vive en Estados Unidos con su esposa, la exsenadora Thania Vega. Las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia, que él coordinó, no son solo dos. Hubo más de 90 muertos, entre ellos once magistrados, decenas de heridos y desaparecidos. Según la denuncia que este martes ha interpuesto la familia Urán, que reside en Florida, existen pruebas para demostrar que su papá fue asesinado por el Ejército y que no murió en el fuego cruzado, como se ha dicho. El cuerpo de Urán fue encontrado dentro del edificio, pero su billetera fue hallada, años después, lejos de allí. En 2017, cuando la fiscal Ángela María Buitrago reactivó la investigación, descubrieron las pertenencias personales del magistrado Urán escondidas en una bóveda dentro de una brigada del Ejército.
Para la familia, que la billetera apareciera en ese lugar confirmaba que el magistrado había sido asesinado fuera del Palacio de Justicia. “Después de que encuentran la billetera de mi papá, queda claro que no solo lo había ejecutado un arma de altos cargos, sino que además lo habían torturado. Él no murió en un cruce de balas”, dice Helena, una de sus hijas. La demanda señala que Plazas Vega participó activamente en el sistema que llevaron a cabo los militares para identificar, interrogar, torturar y matar o desaparecer por la fuerza a los rehenes rescatados. “Esta demanda, presentada en Estados Unidos, donde Plazas Vega ha fijado su residencia, ofrece a nuestra familia una oportunidad largamente esperada de rendir cuentas y sanar”, declaró Xiomara, otra de las hijas del magistrado en el documento que presenta la demanda.
La investigación penal que adelanta la justicia colombiana en el caso del magistrado Urán no avanza desde 2007. Han sido muchos años de espera y ninguna prueba ha sido suficiente. Ni siquiera los videos en los que se ve cuando el magistrado sale caminando del Palacio de Justicia y es recibido por lo que parecen ser socorristas, que luego se lo llevan en una camilla. Después de un día, aparece su cadáver dentro del edificio. “Plazas Vega estuvo a cargo de los rehenes, él entregó un reporte de cómo se dio la operación”, dice su hija Helena. Con la demanda buscan que se reconozca su responsabilidad frente a las víctimas. No esperan que vaya a la cárcel. Aunque Plazas Vega estuvo detenido en Colombia, siempre estuvo en una guarnición militar, con condiciones especiales. Para las víctimas, es como si nunca hubiera estado preso. “Estados Unidos nos brinda herramientas para intentar buscar justicia. Queremos probar qué pasa aquí”, dice. Plazas Vega ya está notificado. En 21 días debe responder a ese primer llamado de la corte. “Esto ya es un éxito, nos falta la victoria, pero es un camino largo”, reconoce Urán.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la sangrienta respuesta ante la toma guerrillera y en 2015, el presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que pedir perdón a nombre del Estado colombiano a las víctimas que entonces llevaban 30 años esperando justicia. Han pasado siete años desde entonces y todavía no hay respuestas. “¿Cómo podemos seguir adelante las víctimas sin saber nunca lo que les pasó a nuestros seres queridos ni ver que los responsables de sus torturas y muertes rindan cuentas?”, dice Helena, que recuerda la célebre frase del coronel en medio del operativo: “Mantener la democracia, maestro”. “La frase que nos ha acompañado durante 36 años toma hoy otro sentido: AQUí SALVANDO LA DEMOCRACIA, MAESTRO!”, escribió Urán en un tuit cuando anunció la demanda contra el militar en una corte de Estados Unidos.
Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha representado a vícimas de los sucesos del Palacio de Justicia, reconoce la demanda contra Plazas Vega como un mensaje importante a la justicia colombiana. “Las víctimas han intentado por otras vías porque la fiscalía de Colombia no ha hecho nada para avanzar. En el caso particular del magistrado Urán existe total impunidad”, dice la abogada.
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