Antes de plantarle cara al hospital, la directora Lidia Sánchez llevaba semanas viendo morir a decenas de residentes a los que conocía desde hacía años. Lo contó en correos que enviaba a las familias de la residencia Amavir Alcorcón a principios de abril y que se leen como el parte de una guerra. El centro había quedado a merced del virus y como otros hogares de mayores de la Comunidad de Madrid sufrió durante días el bloqueo de las derivaciones a su hospital de referencia, en este caso el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA).
El email de su insubordinación, del jueves 9 de abril, está cargado de rabia y desesperación. Se había enterado de que las Urgencias habían quedado casi vacías, pero le acababan de comunicar que la solución para una residente enferma era tranquilizarla con medicación, sujetarle las manos para ponerle oxígeno y alimentarla a base de pastillas. Era demasiado para alguien que llevaba días llamando personalmente a hijos y nietos para darles las peores noticias.
Sánchez lanzó un ultimátum. O mandaban ambulancias para recoger a sus residentes, o no le quedaría otro remedio que pedir a las familias que fueran a recoger a sus abuelos en coche para llevarlos ellos mismos a Urgencias. A los familiares les explicó que era “su obligación ética” y les adjuntó el mensaje que había enviado al hospital y que ha sido remitido a este periódico por el yerno de un residente.
“Buenas tardes:
Llevo semanas viendo cómo los residentes morían en nuestro centro sin atención hospitalaria, sin los medicamentos específicos para coronavirus porque había desabastecimiento. Sin derivaciones hospitalarias porque los hospitales estaban colapsados.
Entiendo la situación en ese momento pero ahora NO, no la entiendo ni pienso quedarme viendo cómo tengo residentes con positivos, gente todavía sin prueba y con sintomatología respiratoria, que voy a seguir viendo morir.
Me niego, lo siento, viendo cómo las urgencias del HUFA están vacías y camas suficientes para atender a personas, y lo que yo tengo aquí son personas, mayores pero personas, y no se merecen morir en una residencia sin la atención que se merecen, ya no hay nada que justifique que cada una de las personas que siguen aquí reciban la atención que necesita.
Si no se toman medidas YA, voy a tomar otras medidas, si tengo que llamar a las familias para que vengan en sus coches y cojan a su familiar y se presenten en el hospital lo voy a hacer.
Os voy a pasar un listado de personas que deben en este momento recibir atención hospitalaria, si en un tiempo razonable a lo largo del día de hoy no vienen ambulancias a buscar a mis residentes empiezo a llamar familias.
No me parece bien que el hospital me diga que suba dosis de tranquilizante y sujete para poner un oxígeno, me den un tratamiento en pastillas para gente que no come, esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir. No es normal que exista tratamiento intravenoso y nos den pastillas, con gente con disfagia, que no come… sabiendo que ese tratamiento es tirado porque es imposible darlo.
Os voy a dar un listado de todos aquellos precisan atención hospitalaria en este momento”.
Era el aviso de hartazgo de una persona que es descrita como muy comprometida por sus conocidos. Sánchez lleva 11 años trabajando en la residencia del grupo Amavir en el municipio del sur de Madrid. El primer mes de la pandemia, el más duro, lo pasó trabajando con su equipo 12 horas al día para proteger a los 177 mayores, sin apenas recursos o ayuda externa. Un domingo, le tocó comprar 300 mascarillas por 585 euros en una farmacia de Alcorcón, según contó al periódico digital Alcorconhoy.com. “Cuando salí me puse a llorar, me temblaban las piernas”, relató el 19 de marzo, cuando el virus aún no había matado a nadie en su centro.
La lucha por conseguir equipos de protección (EPI) o test de diagnóstico devino luego en la impotencia por el abandono por parte del hospital. La Comunidad de Madrid diseñó una política denunciada por discriminatoria según la cual fue excluida de atención hospitalaria buena parte de la población de las residencias. De este modo querían evitar el colapso hospitalario. A cambio, la Comunidad prometió potenciar la atención de los mayores en los geriátricos, mediante la “medicalización” de las residencias. Pero los correos de Sánchez son una prueba más de que ese refuerzo no llegó. En uno del 7 de abril se refiere a un intento de medicalización, pero no por parte de la Comunidad, sino de las autoridades locales.
“Desde el Ayuntamiento de Alcorcón, junto con el Cuerpo de Bomberos Alcorcón están tratando de medicalizar las residencias, hasta el momento sin resultado”, escribió. “Seguimos con el mismo afán y fin desde el principio, que es tratar de pasar esta pandemia con los menores daños, pero seguimos sintiendo nuestras manos atadas, con poca respuesta por las autoridades”.
Se suponía que la Comunidad iba a suplir las derivaciones al hospital con la atención médica en los propios geriátricos, pero los críticos creen que era una cortina de humo. Ni el Gobierno regional puso medios ni era factible en medio del caos transformar estos centros en sucedáneos de hospitales. Las residencias se convirtieron así en una trampa mortal.
El Ayuntamiento de Alcorcón pidió auxilio al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, para la residencia de Amavir y otras tres del municipio, Sanitas, Campodón y la pública de la Comunidad de Madrid. Lo hizo en cuatro cartas fechadas el 3, 5 y 6 de abril, que han sido puestas en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que han podido ser vistas por este periódico.
El sábado 4 a las ocho de la tarde fue Sánchez quien se encargó de llamar a la hija de Galo García, Ester, para decirle que su padre se estaba apagando. Galo, un maestro jubilado de 75 años, llevaba seis días luchando en la residencia contra la covid-19. “Ester no tengo buenas noticias”, le dijo. La hija, enfermera en el hospital de Alcorcón, le preguntó si había posibilidad de traslado, pero por su trabajo sabía la respuesta mejor que cualquier otro familiar. La única opción que quedaba eran los cuidados paliativos. Su padre ni siquiera era un gran dependiente, uno de los perfiles excluidos por los protocolos. Tenía alzhéimer moderado pero caminaba, se aseaba y comía solo. Galo murió el día 6 poco antes del amanecer.
“Mi padre no tuvo derecho a nada, ni a ser diagnosticado, ni a ser tratado, ni a morir dignamente”, dice Ester que no culpa ni a la residencia ni al hospital. “Esto ha sido una guerra con muchas víctimas, pero ha habido alguien que ha cribado, tú sí, tú no…”.
El correo de protesta de la directora Sánchez del 9 de abril surtió efecto. A la mañana siguiente le escribía de nuevo a las familias: “Quería que supierais que esta misma mañana ha venido la geriatra del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón personalmente al centro para ver la situación actual de los residentes que tienen en estos momentos problemas de salud. Que ayer ya hubo derivaciones y hoy por la mañana. Las personas que puedan seguir aquí bien el tratamiento, lo seguirán recibiendo en el centro, si en algún momento observamos la imposibilidad serán derivados al hospital”.
Alrededor de la mitad de abril, cuando los hospitales madrileños se desatascan, comienzan las admisiones de los mayores que habían sido relegados. Los enfermos de Amavir Alcorcón pudieron quizás ganar unos días gracias al ultimátum de la directora. Según los correos de la directora, el hospital había abierto tímidamente el tapón el fin de semana del 3 y 4 de abril. Una portavoz del hospital dice que entre el 31 de marzo y el 9 de abril las ambulancias trasladaron desde Amavir a 12 residentes. A instancias del Ayuntamiento, el TSJM ordenó a la Comunidad de Madrid el 21 de abril que reforzara con carácter urgente la atención médica en la residencia. Son medidas que llegaron demasiado tarde para muchos.
Sánchez y el grupo Amavir han declinado hacer comentarios para este reportaje porque se trata de un asunto sensible. Familiares de esta y otras decenas de residencias de Madrid se han querellado contra la Comunidad de Madrid y el asunto está en manos del Tribunal Supremo.
Los familiares dicen que la directora hablaba por ellos cuando expresó esa “descarga de impotencia brutal”. José María Gil, que tiene a su suegro en la residencia, dice que desde mediados de marzo la directora no les ocultó su frustración por el abandono por parte de las autoridades. “Era desesperación pura y dura”.
¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada
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