Rafael Correa (Guayaquil, 57 años) llega con la mirada oculta tras unas gafas de sol, protegiéndose de la luz tras dos semanas de cuarentena en su casa de Lovaina (Bélgica) —el país de su esposa, donde vive desde hace tres años, antes de que empezara su calvario judicial—. París cambió a zona roja cuando visitaba a su hijo, y al volver ha visto desde su encierro cómo los tribunales de su país dictaban un fallo que le condena a ocho años de prisión y le impide presentarse a la vicepresidencia en las elecciones de febrero, como pretendía, al inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un caso de sobornos. “Lo esperábamos. Hay quien cree en milagros, yo soy creyente, pero hace rato que dejé de creer en ellos”, afirma.
Ha tomado un tren a Bruselas para ver a su abogado, Christophe Marchand, también letrado de otros célebres acusados como Julian Assange o los independentistas catalanes huidos en Bélgica. Acaba de darle buenas noticias. Le ha dicho que es imposible que sea extraditado a su país. Pero eso no aplaca la furia con que se defiende. “Jamás he recibido ni he permitido un soborno. Han presentado archivos manipulados. Nuestros informes están respaldados por el Consejo Nacional Electoral, pero no los aceptaron como prueba. Detrás está el Gobierno y todos los odiadores”, repite sentado a una terraza junto a las instituciones comunitarias.
El expresidente ecuatoriano está convencido de que los tribunales se han dado una prisa inaudita en abordar su caso para impedirle concurrir como candidato y obtener inmunidad, pero no se da por vencido, y ve todavía posible que se invalide su sentencia si gana Andrés Arauz, el líder de la coalición Unión por la Esperanza, con quien esperaba formar la dupla electoral. “Hay que esperar que cambie la situación política, porque esto es político. Cuando cese la presión política y mediática habrá jueces que lo reviertan. Ahora no es suficiente que haya algunos honestos, han de ser heroicos”, apunta, negando que vaya a pedir al Ejecutivo que viole la separación de poderes para influir a su favor.
La justicia cree que hubo un entramado de pagos de empresas al partido Alianza PAÍS a cambio de contratos públicos. Correa afirma estar al margen de todo eso. “Una regla de oro es proteger al presidente o candidato de todas las cuestiones financieras para evitar estos abusos. Nunca me he metido en asuntos financieros”, explica.
Los sentimientos de Correa hacia su sucesor, Lenín Moreno, al que él mismo aupó en su camino al poder, son de desdén. “Con los cambios que yo hice el país se polarizó, por eso lo elegimos, por su temperamento afable. Creímos que iba a ser signo de unión, pero el país nunca ha estado tan desunido”. ¿Qué le diría si lo tuviera delante? “Nada, solo merece desprecio. Si pierde el poder no tendrá donde esconderse”, señala, y recita de memoria los 11 dígitos de la presunta cuenta secreta que Correa atribuye a Moreno en Panamá.
Cuando se refiere a la situación de su país, habla como el arquitecto que acaba de ver derrumbarse el edificio que construyó. “Han destrozado mi proyecto vital. El próximo Gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas”. Y se lanza a enumerar la lista de agravios: “Las universidades emblemáticas, los colegios milenio, hospitales, el programa de becas más grande de América Latina que no paga desde hace meses… tengo un dolor en el alma muy grande”.
Correa cree que el acuerdo alcanzado por Quito con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo de 6.500 millones de dólares (5.400 millones de euros) alivia la necesidad de liquidez a corto plazo, pero teme sus consecuencias. “Esconde algo terrible. Las mismas políticas de austeridad que no han permitido a Grecia recuperarse tras 10 años: ajustes estructurales, privatizaciones y disminución del Estado pese a que este es el mayor generador de divisas por el petróleo”.
El dirigente guayaquileño se burla de las acusaciones que le señalan como instigador de las protestas contra el presidente Moreno, aunque cree que, de no ser por la pandemia, las movilizaciones le habrían desbancado del poder. En torno a su figura existe cierto culto al líder, pero reniega del término correísmo como ideología. “Somos la izquierda moderna y progresista de la escuela del socialismo del siglo XXI, sin dogmas, en construcción”. En esa definición incluye al presidente argentino, Alberto Fernández; al mexicano López Obrador; y a Nicolás Maduro. Correa exime al líder bolivariano de cualquier culpa en el descenso a los infiernos que sufre el país, con más de seis millones de desplazados. “Tiene una economía de guerra, no puede vender su petróleo. Bloquéaselo a Ecuador, a ver cuántos meses dura”.
Asesor de Venezuela
La sentencia no solo le ha salido cara políticamente. Correa dejará de percibir una pensión vitalicia de más de 4.000 dólares mensuales. Y dice moverse en bicicleta por no poder costearse un coche. Calcula haber gastado unos 200.000 euros en dos años para defenderse de los graves delitos que se le imputan. Aunque tiene ingresos como presentador del canal Russia Today —para el que ha entrevistado a personalidades como Carles Puigdemont o Evo Morales—. Y como consultor de la Venezuela de Maduro, a la que asesora en cuestiones económicas por una cantidad que elude comentar. “No te voy a decir esos detalles, pero por una asesoría así Jeffrey Sachs cobraría 20 millones de dólares. Nosotros cobramos muchísimo menos”.
Sentado junto al edificio donde los jefes de Gobierno de los 27 se reúnen cada tres meses, Correa dice estar decepcionado con la actitud de la Unión Europea, a la que acusa de doble moral en su actitud hacia Venezuela y Ecuador. “No puedo creer que hayan reconocido a Juan Guaidó. Un tipo que se proclama presidente en una plaza. Es como si yo mañana me proclamase rey de España”.
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