El presidente del Gover, Pere Aragonès, junto a sus consejeros este sábado.Lorena Sopêna (Europa Press)
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) presentará este martes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedirle que obligue al Gobierno catalán a cumplir la sentencia que fija un 25% de horas lectivas en castellano en la enseñanza. Lo hará en nombre de más de 1.500 familias y con el apoyo de otras entidades como Sociedad Civil Catalana o Impulso Ciudadano. El viernes, la Generalitat envió al tribunal un documento con el que pretende convencerle de que está dando pasos en la línea que marca la sentencia, pese a que no fija ningún porcentaje para el castellano. La AEB considera esa respuesta insuficiente, por lo que instará la ejecución forzosa del fallo y solicitará al TSJC que adopte “medidas” para garantizar que se cumple.
“La respuesta de la Generalitat es una tomadura de pelo. No aportan ninguna prueba de que hayan cumplido o vayan a cumplir la sentencia”, explica Ana Losada, presidenta de la entidad que ha batallado, a través de los tribunales, por garantizar la presencia del castellano en las aulas de Cataluña. El sábado, Losada recogía firmas de apoyo, bajo una tenue lluvia, en el paseo de Gràcia de Barcelona. “No creo que el tribunal se dé por satisfecho con esos argumentos. La sentencia es muy clara”, cuenta.
El fallo dictado en diciembre de 2020 por el TSJC se convirtió hace dos meses en firme. El viernes venció el plazo para ejecutarla de forma voluntaria y la Generalitat remitió un texto al tribunal explicando que los cambios legislativos en marcha garantizan la presencia del castellano y que la sentencia puede darse por cumplida sin necesidad de porcentajes. El Govern razona que la reforma en marcha de la Ley de Política Lingüística, que data de 1998, da normalidad al uso del castellano en las aulas. Añade que el Departamento de Educación ha iniciado los trámites para elaborar un decreto sobre el régimen lingüístico en el sistema educativo. Se apoya, además, en estudios —como una encuesta del síndic de greuges— que indican que el uso del castellano en la escuela en ningún caso es “residual”.
Las entidades dudan de que el tribunal vaya a aceptar el planteamiento del Govern. “No tiene posibilidades de prosperar. La ejecución de una sentencia lo ha de ser en sus propios términos, y el 25% es muy claro”, opina José Domingo, vocal y asesor jurídico de la AEB y presidente de Impulso Ciudadano.
Una vez vencido el plazo para hacer efectiva la sentencia de forma voluntaria, las partes del proceso pueden pedir su ejecución forzosa. En este caso, la única parte presente es la Abogacía del Estado, que actúa en nombre del Ministerio de Educación, que interpuso la demanda inicial en la etapa del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha aclarado su decisión. Pero, además, la ley del ámbito contencioso permite que cualquier “persona afectada” por la decisión, sea física o jurídica, pueda dar el paso siempre y cuando el tribunal considere que tiene legitimidad para hacerlo.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe es la que está en mejor posición para que se le reconozca esa legitimidad y por eso será la que presente la demanda. Entre sus fines se cuentan “promover las ventajas del bilingüismo en la sociedad”, “fomentar la enseñanza en las dos lenguas oficiales y una lengua extranjera en el sistema educativo” y “representar y defender los intereses de sus asociados” ante la administración y los tribunales, recuerda Domingo. La demanda que prepara la AEB contestará punto por punto las alegaciones del Departamento de Educación y pedirá al tribunal “medidas concretas para hacer que se cumpla” la sentencia, dice en conversación telefónica Domingo, que se resiste a concretarlas.
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Además del anuncio de cambios legislativos -los cambios en la Ley de Política Lingüística, un decreto sobre el régimen lingüístico que prepara el Departamento de Educación-, la comunicación de la Generalitat al TSJC alude también a diversos estudios. Esos informes probarían, según el Govern, que el uso del castellano no ocupa un espacio meramente residual. Cita, por ejemplo, una encuesta elaborada por el síndic de greuges, Rafael Ribó, que asegura que el catalán se usa durante el 66% de la jornada escolar y el castellano, durante el 33%. Ana Losada se muestra crítica con la encuesta porque tiene en cuenta, también, el uso de lenguas fuera del aula (por ejemplo, en el patio), lo que puede dar lugar a resultados distorsionados.
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