Más de 200 visitas al Casino de Mallorca en las que se dejó 712.000 euros. Reintegros en efectivo por casi un millón de euros para joyas, ropa y ocio. La sustracción directa de 185.700 euros para incorporarlos a su patrimonio o 298.022 euros en transferencias para sus allegados. La fiscalía imputa todos estos hechos a Carlos García Roldán, conocido como Charly, a quien acusa de liderar una estafa piramidal por la que defraudó más de 3,3 millones de euros a 220 personas a las que engañó para que desembolsasen cantidades de dinero con la promesa de construir viviendas que nunca se llevaban a término.
La fiscalía avanza en el escrito para pedir el procesamiento de Charly que reclamará más de 9 años de cárcel para el empresario por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad. La operación para destapar la estafa piramidal se desencadenó en agosto de 2018, cuando Charly llevaba meses fugado en Colombia, país al que huyó cuando tuvo noticias de las primeras denuncias presentadas contra él en los juzgados. Fue arrestado en febrero de 2019 por las autoridades colombianas en la localidad de Buga, en la que se había refugiado en casa de la abuela de su novia.
La fiscalía acusa a Charly y varios de sus cómplices de ofertar la venta de viviendas e inmuebles simulando que era titular de los solares y que contaba con las licencias y permisos de construcción, así como los proyectos visados y el inicio de las obras. Dieron apariencia de negocio viable a su empresa inmobiliaria a pesar de que no contaban con fondos y lograron estafar, según estima la fiscalía, más de 3,3 millones de euros a unas 220 personas en la creencia de que estaban realizando contratos de reserva o de compraventa de inmuebles por todo Mallorca entre diciembre de 2015 y verano de 2018.
“El investigado y el grupo de personas a él asociadas disfrutaron e hicieron desaparecer los fondos sin realizar esfuerzo alguno en ejecutar las promociones y construcciones de los inmuebles. En su actividad utilizaron documentación inveraz y mecanismos de ocultar el destino de los fondos recibidos y que los mismos no pudieran ser recuperados por las víctimas” señala el escrito de acusación de a fiscalía. La empresa Lujo Casa, a través de la cual promocionaban las viviendas, solo tenía 6.000 euros de capital social por la aportación de un coche, que ni siquiera fue inscrito a la sociedad, a pesar de que publicitaban que para acometer las promociones necesitaban una financiación muy superior a los 30 millones. De las 32 promociones que publicitaban sólo habían adquirido siete solares y en las otras 25 no contaban ni siquiera con los permisos para construir.
Situación de especial gravedad
El fiscal señala en el escrito que algunas víctimas quedaron en una situación de especial gravedad, ya que incluso perdieron su vivienda anterior sin poder obtener la prometida. El escrito desgrana los casos de las 220 personas y las cantidades de dinero que aportaron y nunca recuperaron. Uno de los perjudicados llegó a adelantar 180.252 euros, la cantidad más elevada, por una vivienda que nunca se ejecutó en la zona de Es Figueral de Marratxí, una promoción que concentra elevadas cuantías de señales de los futuros compradores, con cifras que van de los 52.000 a los 78.000 euros aportados.
Junto al cerebro de la trama, la acusación pública reclama el procesamiento para su socio Michelle Pilato, responsable de la inmobiliaria Mallorca Investment, que compartía trabajadores y sede con Lujo Casa y a quien la fiscalía acusa de convencer a los clientes para desembolsar las reservas de viviendas que sabía que no se estaban ejecutando. También pide sentar en el banquillo a un arquitecto, un constructor y tres trabajadores de las empresas.
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