Letrados de la administración de justicia se han concentrado este miércoles ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la huelga convocada en el sector.Andreu Dalmau (EFE)
La huelga convocada para este miércoles por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha obligado a suspender miles de vistas en juzgados de toda España, según los datos facilitados por los convocantes. Las cifras del seguimiento del paro, no obstante, bailan entre el 30,34% (porcentaje facilitado por el Ministerio de Justicia a partir de los datos de funcionarios que no han acudido a su puesto de trabajo) y el 70% (difundido por la UPSJ).
Según esta asociación, la huelga ha obligado a suspender 1.842 juicios (de los 2.631 que cada día hay señalados de media en España) y 73.667 declaraciones (de las 105.239 señaladas de media cada día). Entre las vistas suspendidas, unas declaraciones previstas para esta mañana en la Audiencia Nacional el marco del caso Púnica, las declaraciones previstas en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla dentro del caso de los ERE y el juicio en Girona contra un participante en la manifestación tras la sentencia del procés, para el que la Fiscalía solicita seis años y medio de cárcel por atentado a la autoridad. Según Justicia, sin embargo, la justicia ha funcionado este miércoles “dentro de la normalidad, sin incidencias reseñables”
Los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) reclaman tener interlocución directa con el Gobierno (ahora recae en las organizaciones sindicales) y una “adecuación salarial” en consonancia con las nuevas competencias que asumieron en 2009 tras la implantación de la nueva Oficina Judicial. “Se nos asignaron más de 600 nuevas competencias y no se ha ajustado el salario”, señala Juan José Yáñez, miembro de la directiva de la UPSJ. El Gobierno anunció hace unos días que el Consejo de Ministros previsto el próximo martes aprobará un incremento salarial a los letrados de la administración de justicia de 195 euros, lo que equivale a 2.430 euros al año (el 5,26% de sus retribuciones) a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todo el sector público. La asociación convocante del paro tacha este anuncio del Gobierno de “interesado” y se queja de que el ministerio lo ha negociado con los sindicatos generalistas, al margen de las asociaciones representativas de este cuerpo, que no han tenido intervención.
El derecho a una negociación colectiva propia es otra de las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales, pero el departamento de Pilar Llop rechaza esta posibilidad porque la legitimación para negociar en representación de los trabajadores la tienen los sindicatos generalistas y no existe en todo el sector público un cuerpo como el de los letrados de la administración de justicia que tenga reconocida una negociación colectiva propia.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, es muy crítico con la actuación de la asociación convocante de la huelga, la segunda más representativa de un cuerpo que integran alrededor de 3.800 funcionarios. “Estamos dispuestos a fortalecer el marco de las relaciones laborales con los trabajadores públicos, pero siempre cumpliendo con la ley; es decir, con las representaciones sindicales con capacidad negociadora reconocida, pero no con asociaciones profesionales que no representan al interés público y que son de naturaleza privada, y es algo que establece en la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo [reguladora del derecho de asociación”, señala Rodríguez, quien considera que la de este miércoles ha sido “una huelga entre las propias asociaciones en un juego de poder y desconfianza mutua entre ellas”.
El secretario de Estado sostiene que, además, UPSJ “no ha transmitido con transparencia” el contenido de la reunión que mantuvo la asociación con el ministerio el 13 de enero. “Están desinformando e instrumentalizando al propio cuerpo de funcionarios con el solo objetivo de canalizar los intereses de la asociación convocante. Solo convocan una huelga por orgullo y por rencor y no por la defensa de los derechos de unos trabajadores públicos”, censura Tontxu Rodríguez.
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