La guerra fratricida entre las dos principales formaciones de la coalición gubernamental de centro-derecha —el Partido Nacional Liberal (PNL) y el centrista Unión Salvar Rumania (USR)— se saldó este martes con la caída del primer ministro, el liberal Florin Citu. El jefe de Gobierno saldrá del cargo tras perder una moción de censura presentada por la oposición socialdemócrata, que obtuvo el mayor respaldo en las dos cámaras legislativas de la historia del país desde el derrocamiento en 1989 del régimen comunista.
La oposición de centroizquierda acusa al Gobierno de la escalada del precio de la energía y, sobre todo, del abrupto aumento de casos por covid-19, que este martes han batido el récord de 15.037 contagios y 252 muertes en las últimas 24 horas.
Mientras, el USR, una de las dos patas del Gobierno, exigía la dimisión del primer ministro Citu, a quien le reprocha el fulminante despido del ministro de Justicia, Stelian Ion, en septiembre. El ministro intentaba ralentizar la aprobación de un opaco programa de inversión en administración local de más de 10.000 millones de euros con el objetivo de introducir más controles en los gastos de este programa, que ha sido muy criticado por la oposición y parte de la coalición gobernante.
Para tumbar al Gobierno, se alinearon la Unión Salvar Rumania, el Partido Social Demócrata (PSD) y la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR, acrónimo de oro en rumano). Un total de 281 diputados y senadores votaron a favor de la moción, que requería de al menos 234 votos. Según los últimos sondeos, si hubiera nuevas elecciones los socialdemócratas lograrían gobernar con el apoyo de la extrema derecha.
El líder de USR y excomisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, acusó al dimitido primer ministro de provocar una crisis política que “ha bloqueado todo el país”. Según Ciolos, las polémicas en torno al ministro de Justicia y el plan de inversiones han terminado por sacrificar “una coalición funcional”. Ciolos acusa a Citu de mirar solo por sus intereses personales en vez de modernizar el país.
El presidente de Rumania, Klaus Iohannis -que ha tenido un papel importante en la crisis, ya que apoyó que Citu siguiera en su cargo- ha indicado que iniciará una ronda de consultas a partir de la próxima semana para salir de la parálisis política en medio de una grave crisis sanitaria y económica.
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Los precios de la luz y la gasolina se han disparado, lo que ha hecho que el poder adquisitivo de los ciudadanos haya descendido más de un 10%. El país balcánico está sufriendo su cuarta ola de la pandemia, la peor hasta el momento, debido sobre todo a que apenas el 30% de la población está vacunada con la pauta completa y las escasas medidas para frenar los contagios por coronavirus.
El Gobierno de Citu aprobó un polémico plan de inversiones con el que los alcaldes pueden pedir dinero del Estado para mejorar las infraestructuras de las calles, la canalización del agua o la modernización de los gasoductos que podrían representar sobrecostes por sus trámites poco transparentes.
“El Ministerio de Desarrollo ha aprobado un reglamento sin ninguna modificación tras hacerse una consulta pública, incumpliendo la ley” para la puesta en marcha de este programa de subsidio”, asegura Sorin Ionita, director del think tank Expert Forum. Ionita subraya que el Gobierno de Citu “no quería aplicar las normas exigidas por la Unión Europea en cuanto a transparencia”.
USR ya ha manifestado su intención de renegociar con los liberales de Citu una nueva coalición. Los socialdemócratas del PSD, por su parte, abogan por la celebración de las elecciones anticipadas en la próxima primavera y la ultraderecha de AUR apoya la formación de un Gobierno tecnócrata.
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