Centenares de cigüeñas persiguen el crepúsculo. Una bandada que surca el cielo con parsimonia y en dirección a la cercana incineradora, donde los desechos para cenar se amontonan por kilos. Daniel Pérez, de 26 años, levanta la vista y admira el espectáculo de la supervivencia. “Se les da mejor que a nosotros”, asegura estupefacto. Esa primera persona del plural alude a los vecinos del sector 6 de la Cañada Real Galiana, en Madrid, que esta semana se atrincheran en sus chabolas y casas bajas con un segundo invierno sin electricidad a la vuelta de la esquina. El origen de las interrupciones hay que encontrarlo en unos elevados consumos localizados que generan sobrecargas, disparando las protecciones automáticas en la red, como sucedería con los plomos de un hogar cualquiera. Las familias del mayor asentamiento irregular de Europa escrutan desde entonces una noche que ya ha durado 365 días. Al otro lado de la autovía, el resto de la ciudad prosiguió con sus rutinas.
Pronto la policía destapó que aquellos enganches eran susceptibles de estar dedicándose a fines industriales. En especial, al cultivo de la marihuana en interior, pues los narcotraficantes empezaban a esconder sus plantas de toda mirada ajena. Pero también contribuyó a la sobrecarga eléctrica el aumento de la población en la zona, “que sigue recibiendo nuevos habitantes”, de viva voz por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien preside un grupo interministerial sobre la Cañada. El organismo se constituyó el pasado martes en respuesta a la carta que en febrero escribió el relator especial de la ONU Olivier De Schutter. Este acusaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reclamaba medidas urgentes para restituir el suministro. La delegada defiende que solo los realojos pueden solucionar el conflicto: “El problema es que a este ritmo tan lento no conseguiremos culminarlos ni dentro de 30 años”.
Las cinco Administraciones implicadas —Delegación del Gobierno y Ejecutivo regional, así como los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid― firmaron en 2017 un acuerdo que garantizaba los servicios más básicos y contemplaba el desmantelamiento de todo el sector 6, donde se calcula que hoy residen más de tres millares de personas, un tercio de ellos menores de edad. Los realojos se han ido sucediendo en el tramo menos poblado, aquel que discurre entre el municipio de Getafe, donde nace la Cañada, y el vertedero, al costado de esta antigua vía pecuaria. De dos años a esta parte, más de 120 familias se han beneficiado de una nueva vivienda y otras 14 están a la espera, como los Pérez. “A mí me da igual, pero quiero sacar de aquí a mis padres, no se merecen esto”, relata Daniel al tiempo que prende una hoguera en el lateral del conocido como camino sin asfaltar, el trecho más precario del sector.
El fuego cobra fuerza, chisporrotea, cuando devora los despojos de un jergón y otros cables que yacían enredados a su lado. Así se purga la chatarra, el negocio de este clan con parentesco feriante que se estableció en la Cañada tres décadas atrás. Daniel, su padre y su hermano dedican días enteros a recoger el material que se desecha en los polígonos más cercanos. A duras penas logran extraer de máquinas y aparatos aquellas piezas metálicas con algo de valor en los desguaces. Preocupa en este casa el futuro de Jonny, el menor de todos a sus 12 años. Pasadas las ocho de la tarde, cuando su padre enciende un generador, el pequeño toma asiento frente a la mesa del comedor y se dispone a hacer los deberes. Dos horas de luz que apura también para cargar el móvil y ver la televisión. A las seis y media de la mañana, Jonny salta de la cama y calienta en la cocina el agua con que se duchará. Su casa constituye la única parada que el autobús escolar efectúa en el camino sin asfaltar.
Visicitudes que no le han impedido cosechar bienes y notables en sexto de Primaria. Paradójicamente, le ha salvado la vida el mismo apagón que evita comentar con sus compañeros de pupitre. El temporal Filomena hundió en plena noche el techo de su dormitorio, pero él descansaba en el porche, donde su madre había instalado una estufa de gas butano. Desde entonces, los cuatro se refugian en la casa vacía del abuelo, a quien la Comunidad había asignado antes de la tormenta un piso en Rivas. Rocío Fernández, la madre de 44 años, dirige la mirada hacia el cielo: “Nos salvamos, pero hay un nuevo miembro de la familia en camino y no quiero que viva algo así”. Aitana, de 17 años, sonríe a su lado y descubre un vientre hinchado cuyo interior aún no tiene nombre. Nacida en Toledo, la joven se mudó a la Cañada por amor al mediano de los Pérez.
Los novios, que contactaron por primera vez en Instagram, pernoctan en un dormitorio propio, donde la ropa infantil y los juguetes empiezan a poblar las estanterías. Silva el viento en las ventanas remendadas. Las puertas siempre abiertas de la casa contrastan con un vallado de espino. “No dejamos entrar a cualquiera. Igual que tampoco mis niños andan por ahí abajo”, advierte la matriarca, señalando hacia el poblado de la droga, a un kilómetro por la carretera de Valencia. “Muchos se han perdido allí”, lamenta. Solo hay que prestar atención al ejército de yonquis, en busca de una dosis más, que recorre de punta a punta este asentamiento. Hacía muchos años que las antiguas naves industriales del sector 6 alojaban almacenes de caballo y cocaína, pero el menudeo solo recaló aquí cuando se desmontaron los letales mercados de la Celsa y las Barranquillas.
Los cultivos de cannabis no tardaron en llegar. “Esa gente nos trajo la ruina”, sentencia Fernández. Las gallinas corretean por su parcela, entre motores destripados, hierros retorcidos y planchas de metal oxidado, como si custodiasen la chatarra antes de venderla. Estampa parecida a la que se vive en el vecino hogar de los Montoya, un caserón de ladrillo y techos de lata que el progenitor ha coronado con dos paneles solares. La Delegación de Gobierno calcula que los han instalado unas 400 familias de la Cañada. Cuestan entre 150 y 300 euros, “los mejor invertidos de cuantos gasté este verano”, afirma Genaro, de 38 años. Un servicio que estará más limitado ahora que los días menguan y las noches se estiran, por lo que el murmullo de los grupos electrógenos pondrá de nuevo banda sonora al final del verano. “Aquí aguantaremos, ¿a dónde vamos si no?”, se pregunta.
El servicio eléctrico es ilegal en la Cañada desde que sus primeros moradores delimitaron las parcelas con cable y estacas. Es imposible instalar contadores reglamentarios en viviendas que carezcan de cédula de habitalidad, como recuerdan fuentes de la suministradora Naturgy, que solo cuenta con cuatro clientes dados de alta en el sector 6: la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, el centro asociativo, un alumbrado público y la incineradora de Valdemingómez. El resto de conexiones se realizan, en general, a partir de un transformador compartido que une los inmuebles con el tendido de la luz. La distribuidora asegura que le resulta técnicamente imposible “medir los suministros ilegales de forma desagregada”. Una labor que en enero, ya arreciando Filomena, auspició el Ayuntamiento de Rivas, al que pertenece el sector 5, donde hasta entonces también se presentaban interrupciones en el servicio.
A golpe de decreto, el alcalde Pedro del Cura (IU) otorgó carta de naturaleza legal a un informe policial que identificaba cuatro parcelas susceptibles de alojar equipos de luz y calor, destinados a producir marihuana. A petición de la Administración, Naturgy cortó aquellos puntos sospechosos y el fluido general se restituyó. El barrio lo festejó en el local asociativo con tarta y vino. La fórmula de Rivas marca una posible vía para la resolución del conflicto que por ahora ninguna otra administración se ha aventurado a replicar. Del Cura coincide con la delegada del Gobierno en que el acento debe ponerse en los realojos, calcula que serán necesarios 200 millones de euros para rematarlos: “Los perfiles más vulnerables tienen que tener prioridad, independientemente del sector. Están siendo utilizados por los traficantes como escudos humanos y nuestra labor debe consistir en separar el grano de la paja”.
Los nuevos desarrollos del sureste de la capital circundarán la Cañada. Cinco nuevos barrios —Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros—, 112.000 viviendas libres y 55.000 protegidas que redibujarán en un cuarto de siglo el gran vertedero de Madrid. La comisión de seguimiento del Pacto por la Cañada propone ahora desmontar también los sectores 4 y 5 por completo, mientras que solo una parte del 3 seguiría en pie. Las viviendas unifamiliares restantes podrían integrarse en el 2, que quedará absorbido por el entramado de El Cañaveral. Está previsto que las asociaciones vecinales sometan a refrendo estas proposiciones, mientras un juez analiza los cortes. Grúas y camiones sepultaban este jueves las chabolas vacías del camino sin asfaltar. Toneladas de tierra que impiden nuevos asentamientos, levantando dunas artificiales que borran todo rastro de los arcenes. En uno de los pocos muros intactos, permanece una pintada: “Solo Dios salva”.
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