Las cinco matanzas perpetradas en Colombia en menos de 11 días, con un saldo de al menos 30 muertos, han obligado al presidente Iván Duque a reaccionar ante un problema que, hasta ahora, había pretendido minimizar. Aunque organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo venían advirtiendo la tendencia al alza de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, el mandatario lleva un semestre volcado en atender la crisis del coronavirus, y recientemente se había mostrado más preocupado por defender a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, en detención domiciliaria.
Los sangrientos episodios asoman a Colombia, una vez más, a su pasado más oscuro. Con una semana de retraso, y tras un alud de críticas por una sensación generalizada de deterioro de la seguridad, el mandatario se desplazó el fin de semana a Cali y luego a Samaniego, en el sureño departamento de Nariño, dos de los lugares donde grupos armados aún no identificados han perpetrado masacres contra jóvenes en hechos aún por esclarecer.
Esas correrías reactivas, mientras el país conocía los detalles de otras tres matanzas, estuvieron lejos de aplacar las críticas. Duque no solo recorrió las calles del pueblo rodeado de funcionarios y prometió “dejar” un estadio de fútbol para Samaniego, que ha sufrido más de 20 homicidios en el último mes, sino que respondió con un puño levantado, como si estuviera siendo ovacionado, al cántico de algunos pobladores que le pedían justicia en este caso aún no esclarecido. “Queremos paz”, le gritaban al mandatario que llegó al poder como un férreo crítico del acuerdo que selló su predecesor, Juan Manuel Santos, con la extinta guerrilla de las FARC.
Duque, que lleva seis meses presentando un programa de televisión diario sobre el coronavirus, ya afrontaba crecientes críticas a lo largo de la semana entera que le tomó desplazarse a Samaniego, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes reunidos en una casa en una zona rural. En el entretanto, convocó a Bogotá al alcalde, Óscar Pantoja, que contó que tuvo que hacer un trayecto por carretera de unas 16 horas para reunirse con el mandatario, pues el transporte aéreo sigue suspendido por la pandemia. Esa fue la antesala del consejo de seguridad que Duque encabezó en esa región enclavada en las montañas de Nariño el sábado, la misma jornada en que el país amaneció con la noticia de tres nuevas masacres en distintos puntos de Cauca, Nariño y Arauca.
Antes de aterrizar, Duque intentó aplacar los reclamos con un mensaje acompañado de un gráfico en su cuenta de Twitter. “Nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y el terrorismo. Entre 2010 y 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros”, escribió. Casi de inmediato, y desde diversos sectores, se consideró un eufemismo evitar la palabra masacres, se interpretó que intentaba minimizar el problema y se recibió con indignación ese uso arbitrario de las cifras, que comparaba las masacres de los dos periodos de Santos con los dos años que lleva en el poder.
Espejo retrovisor
“El Gobierno le sigue echando la culpa a Santos y al proceso de paz. No ha sido capaz de entender la nueva realidad del crimen y como no entienden, no saben qué hacer. Por eso nos esperan muchos meses más de esta situación”, valoró el analista Ariel Ávila, columnista de este periódico, para quien esa falta de orientación parte de una “lectura ideologizada y politizada de la seguridad”.
Entre los indicadores de violencia, el de las masacres, en particular, puede tener diferentes criterios según la fuente, pero el deterioro es evidente. “Negarlo no lo va a solucionar”, señaló el investigador Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), al corregir la comparación, con las cifras del Ministerio de Defensa, para mostrar que entre 2015 y junio de 2017 hubo 29 masacres con 120 víctimas, en contraste con 41 masacres con 210 víctimas entre 2018 y junio de 2020. La oficina de Derechos Humanos de la ONU, que recibió las últimas noticias con “honda preocupación”, registró 36 masacres en 2019, la mayor cifra de su conteo desde el 2014, y en este año ya había documentado 33 antes de las tres matanzas del fin de semana.
Desde Pasto, la capital de Nariño, luego del consejo de seguridad y mientras muchos veían una falta de empatía en las imágenes del puño alzado y la promesa de un nuevo estadio en Samaniego que inundaban las redes sociales, Duque se sostuvo en que el nombre preciso era “homicidios colectivos”, que el Ministerio de Defensa ha usado durante varios Gobiernos. “Tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos”, defendió, sin ahondar en el incremento que se dibuja en su mandato.
Una de las mayores promesas del acuerdo de paz, firmado a finales de 2016, era llevar el Estado a las regiones apartadas. Pero tres el vacío dejado por el desarme de las FARC, el rosario de masacres insinúa una nueva etapa de la violencia armada, más fragmentada, con una proliferación de grupos armados ilegales en contraste con los actores dominantes que eran las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aún en medio de la pandemia, los grupos armados se mantienen activos en muchas regiones, e incluso han abundado las alertas sobre el aumento del reclutamiento forzado o los estrictos controles sociales impuestos a la población.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado la última guerrilla del país, se ha venido fortaleciendo hasta convertirse en el grupo más activo, seguido por las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo – surgido de los remanentes de los grupos paramilitares–, de acuerdo con la radiografía de las dinámicas de la confrontación armada de la FIP para los primeros cuatro meses de 2020. Después viene un amplio archipiélago de bandas. El aumento de las masacres llega para sumarse al incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes que firmaron la paz que ya había encendido todas las alarmas.
Aunque la pandemia ha dado un relato al Gobierno, a falta de uno propio en temas de seguridad, Duque encapsula lo que viene ocurriendo bajo el paraguas del narcotráfico. El presidente ha dicho que “el engendro del narcotráfico” es la causa de los homicidios de los últimos días. Sin embargo, diversos analistas coinciden en alertar que ese es un reduccionismo que no contempla las lógicas territoriales ni de organización social de los lugares donde han ocurrido las masacres y no contribuye a detener los crímenes. Además, familiares de víctimas como las de Samaniego consideran que están siendo estigmatizadas al quedar bajo esa lógica.
Otros advierten que esa insistencia en el narcotráfico en realidad permite al Gobierno un camino para reforzar su visión prohibicionista de la política antidrogas, que favorece la erradicación forzada acompañada de la fuerza pública y el regreso a la fumigación con glifosato, en detrimento de la sustitución pactada con los campesinos que contemplan los acuerdos. Durante su visita a Arauca, donde fueron asesinadas 5 personas, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que “hoy la aspersión aérea es más necesaria que nunca antes para acabar con cultivos ilícitos. Con ella se erradican muchas más hectáreas diariamente (en promedio 400), es más segura y económica y, sobre todo, evita afectaciones a la Fuerza Pública y a la población civil”.
Ante una semana oscura para los colombianos, el presidente Iván Duque anunció la creación de una Unidad Especial contra Homicidios Colectivos, que recuerda sus anuncios de investigaciones a fondo o comisiones especiales como respuesta a los hechos que afectan a la población civil. Mientras tanto comienzan a aparecer detalles de otra masacre de tres personas, esta vez en Venecia, Antioquia.