La sospecha de que la princesa Amalia de Orange, hija de los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, está en la diana del crimen organizado, ha llevado al Gobierno a reducir drásticamente sus movimientos, hasta casi confinarla en su domicilio. Sale para ir a la universidad, en Ámsterdam, y después regresa al palacio Huis ten Bosch, la residencia oficial de la familia real, en La Haya. Así lo contaron sus padres la semana pasada durante una visita oficial a Suecia.
La policía y el Ejecutivo holandés guardan silencio, mientras que expertos en seguridad y terrorismo dan credibilidad a la amenaza y ven “altamente probable” que el desafío provenga de grupos criminales ligados al narcotráfico. Es un salto cualitativo sin precedentes en un país en el que los criminales han pasado de ajustar cuentas entre sus miembros o rivales a desafiar a la democracia. El primer ministro, Mark Rutte, que suele ir al trabajo en bicicleta, también ha tenido que aceptar mayor protección por amenazas a su vida.
Mark Rutte, en una calle de La Haya el 14 de octubre. BART MAAT (EFE)
“Este tipo de amenazas se consideraban prácticamente imposibles hace unos años”, afirma al teléfono el sociólogo Paul Schnabel, en referencia a la situación de la princesa Amalia. La heredera al trono estudia un grado de Políticas, Psicología, Derecho y Economía, y Rutte ha asegurado que “se está haciendo todo lo posible para resolver el problema con rapidez”. “Aunque no puedo garantizar los tiempos”, ha advertido.
No es excepcional que servidores públicos reciban alguna amenaza por su función o gestión, pero en este caso “falta el elemento ideológico o un claro objetivo político”, señala Jelle van Buuren, experto en seguridad de la Universidad de Leiden. “Cuando el objetivo ya no es el dinero, sino el Estado, sus símbolos e instituciones, puede considerarse una forma de terrorismo”, sostiene. El refuerzo de la seguridad a los representantes del Estado se empezó a notar en septiembre, cuando el diario De Telegraaf publicó que “se hacía referencia al primer ministro y a la princesa en mensajes encriptados del crimen organizado sobre un supuesto ataque o un secuestro”.
Erwin Bakker, catedrático de Estudios sobre el Terrorismo en la misma universidad holandesa, comparte la opinión de su colega. Le parece, además, que intimidar de este modo a la futura jefa del Estado y al primer ministro supone “entrar en una nueva realidad que pone a Países Bajos a la altura de otros Estados” amenazados. “Tal vez nos sintamos lejos de lugares como México o Italia, donde hemos visto crímenes de mafias, pero es una forma de negación de la realidad. El Gobierno se ha dado cuenta de que el crimen organizado atenta contra el orden legal, y de que debe invertir más en seguridad”.
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SuscríbeteEl asesinato de De Vries, punto de inflexión
Ambos expertos ven en la muerte a tiros del reportero de investigación Peter R. de Vries, en julio de 2021, en el centro de Ámsterdam, un punto de inflexión. Fueron detenidos dos autores materiales del ataque, pero todavía no hay sentencia porque se investiga a tres sospechosos más. El asalto mortal fue filmado por los delincuentes, y Bakker recuerda que el fiscal ha subrayado que “puede hablarse de intención terrorista”. Ello “obliga a reevaluar la definición misma de terrorismo, porque asistimos a una amenaza contra la democracia y el imperio de la ley”. Es la primera vez que se califica de acto terrorista un crimen de esta clase. La Fiscalía considera que “el asesinato fue perpetrado para asustar a la población”.
De Vries, de 64 años, era el confidente del testigo de cargo en el caso Marengo, un proceso contra presuntos miembros de la denominada Mocro Mafia, dedicada al tráfico de drogas. Formada por varias bandas, sus integrantes son holandeses, también de origen turco y marroquí (de ahí el término Mocro), antillano, de Surinam, y albanés. Operan sobre todo en los puertos de Amberes, en Bélgica, y en Ámsterdam, aunque su red de contactos es internacional. Uno de sus principales cabecillas es Ridouan Taghi, encerrado en una cárcel de máxima seguridad en el sur de Países Bajos. En 2019 hubo otro crimen relacionado con este entorno que sacudió a la sociedad holandesa: el asesinato del abogado Derk Wiersum, de 44 años, que defendía al mismo testigo que le contaba confidencias a De Vries. Dos años después mataron al reportero.
El periodista Peter R. de Vries en Ámsterdam, en 2019.BAS CZERWINSKI (AFP)
La actuación del crimen organizado contra instancias del Estado se extiende más allá de la frontera de Países Bajos. Cuatro ciudadanos holandeses fueron detenidos en septiembre en La Haya y alrededores después de que la policía encontrase un coche con armas y botellas de gasolina en Bélgica. El vehículo tenía matrícula de Países Bajos y fue hallado frente a la casa del ministro belga de Justicia, Vincent van Quickenborne. Los medios belgas señalaron que el político, que pasó unos días con la seguridad reforzada, había recibido amenazas graves que provenían “del mundo de la droga”.
Según Van Buuren, “el crimen organizado es difícil de combatir en todas partes, y Países Bajos tiene una posición geográfica privilegiada para el transporte y producción de productos de todo tipo; también las drogas”. “Tenemos el aeropuerto de Schiphol y el puerto de Róterdam, gran conectividad y buenas carreteras”, destaca. Pero hasta la muerte del abogado y el periodista, la sociedad holandesa creía que este tipo de criminales solo se mataban entre ellos, afirma el experto. Bakker sitúa la amenaza del crimen organizado como uno de los principales desafíos del país: “La violencia del crimen organizado socava el orden democrático legal”, recalca.
Ambos expertos reclaman un debate nacional porque, en su opinión, hasta ahora no se ha abordado suficientemente “el problema social y del crimen” en el país, según Bakker. Van Buuren agrega: “Hay diferencias en el Parlamento en torno a la legalización de las drogas, pero no así en cuestiones de seguridad: hay que hablar”.
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