Una reforma para fortalecer, no para capturar, al Poder Judicial de la Federación | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural”: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea *

La propuesta de reforma judicial que presentó el pasado miércoles el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hizo suya y suscribió como iniciativa el presidente de la República, debiera cerrarle el paso a los intentos de Morena para capturar, mediante el subterfugio de modificar su integración, a los órganos cúspide del Poder Judicial de la Federación: la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Ese es el mensaje de la parte inicial del discurso del presidente de la Suprema Corte al presentar ante los senadores la propuesta de reforma judicial. Los argumentos del ministro Zaldívar fueron contundentes: “Los problemas de la justicia federal no están en el diseño institucional de sus órganos cúspide” y “emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría, en una coyuntura en que se requiere de una judicatura fuerte, independiente y legitimada”.

Considerando la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión y las condiciones políticas en las que se habrán de discutir y votar las reformas al Poder Judicial de la Federación, el mensaje parece no solo oportuno sino necesario.

Apoyados en sus mayorías parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados, el presidente de la República y Morena se han propuesto modificar la integración de la Suprema Corte, de los órganos de dirección de los organismos constitucionales autónomos y de los órganos reguladores, para alinearlos con la 4T e incidir en la toma de decisiones en los mismos, a pesar de que esto pudiera afectar el ejercicio de su funciones constitucionales e incluso poner en riesgo la independencia de la Suprema Corte y la autonomía de los organismos.

La estrategia del presidente López Obrador y de los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, para intentar capturar a los órganos cúspide del Poder Judicial de la Federación y de los organismos constitucionales autónomos y órganos reguladores, se ha basado, hasta ahora, en aprovechar la renovación escalonada de sus integrantes, la conclusión del periodo para el que fueron electos o las renuncias, para designar a personas afines a la 4T. Estrategia sin duda cuestionable desde el punto de vista político y contraria a los principios democráticos y del Estado constitucional pero que, salvo en el caso de la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de algunos de los integrantes de los órganos reguladores, se ha llevado a cabo dentro del marco constitucional.

Sin embargo, como esta estrategia no necesariamente les permitiría hacerse con el control de la Suprema Corte y de estos organismos; en la actual Legislatura diversos senadores de Morena han propuesto o presentado iniciativas de reforma constitucional o legal, aún sin dictaminar pero que están vigentes, para modificar la integración de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura o la duración del periodo para el que fueron electos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el presidente del Instituto Nacional Electoral, con la evidente intención de nombrar a nuevos integrantes identificados con el proyecto político de la 4T o de sustituir, con personas afines al gobierno y a Morena, a quienes aún no concluyen el periodo para el que fueron electos o designados.

La propuesta de reforma judicial que presentó el Poder Judicial tiene la virtud de que introduce cambios significativos que permitirían fortalecer a la Suprema Corte en su función de tribunal constitucional; avanzar en la paridad de géneros, la profesionalización y el combate a la corrupción y al nepotismo en el Poder Judicial y hacer de la defensoría pública un instrumento efectivo de justicia social, sin modificar la integración de los órganos cúspide del Poder Judicial, para minimizar los riesgos de su debilitamiento o captura.

Siempre bajo la premisa de que no es necesario ni conveniente modificar la integración de estos órganos, la propuesta del Poder Judicial debiera ser enriquecida para incorporar faltantes o mejorar aspectos de la reforma judicial. Menciono algunos temas sobre los que convendría reflexionar:

a) Establecer en el régimen transitorio de esta reforma constitucional las bases para que, como lo dispone el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros publicada en 2019, a partir de los nuevos nombramientos se alcance la paridad en la Suprema Corte en 2024; lo cual es posible sin modificar, en ningún caso, los periodos de sus actuales integrantes.

b) Mejorar las vías para el acceso efectivo de las minorías parlamentarias y de los ciudadanos a la justicia constitucional para controvertir decisiones de las mayorías que atenten en contra del orden constitucional, los derechos humanos, la integración de los órganos del Estado y los derechos de las minorías parlamentarias y respecto de las cuales actualmente no existen medios de impugnación o los que existen tienen requisitos imposibles de cumplir por una fuerza política, grupo parlamentario o un ciudadano.

c) Valorar si es necesario mantener la disposición legal que establece la existencia de siete salas regionales en el Tribunal Electoral -además de la Sala Regional Especializada- a pesar de que las dos nuevas salas, que de conformidad con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 23 de mayo de 2014 debían haber iniciado actividades en septiembre de 2017, no se han instalado en virtud de la reforma legal del 19 de junio de 2017 que pospuso su integración.

En caso de de que se decida mantener las siete salas, como se propone en el texto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a pesar de que a la luz de los resultados del trabajo de las cinco salas regionales en funcionamiento no parece necesaria la existencia de dos más, sería imprescindible que en el régimen transitorio de la ley se establecieran las bases para su creación e inicio de actividades. La propuesta presentada no incluye ninguna disposición al respecto.

Al dictaminar la iniciativa de reformas constitucionales y legales en materia de justicia que el presidente López Obrador enviará al Senado, deberán discutirse también todas las demás iniciativas en la materia, que se encuentren vigentes.

No obstante el ejercicio de colaboración de poderes del miércoles pasado y el aval del presidente de la República al proyecto de reforma del Poder Judicial, se corre el riesgo de que durante el proceso parlamentario para su aprobación los legisladores de Morena pretendan incorporar en el dictamen algunas de sus propuestas para capturar algunos de los órganos del Poder Judicial; como la del senador Ricardo Monreal para crear una tercera sala en la Suprema Corte, con la finalidad no de fortalecer al Tribunal Constitucional sino de incrementar el número de ministros de 11 a 16 y así modificar la correlación de fuerzas en la Corte con el nombramiento de ministros afines al proyecto político de la 4T -además de desaparecer el Consejo de la Judicatura-; o la del senador Germán Martínez para reducir el periodo de cuatro de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con la misma intención.

Ojalá que el mensaje del presidente de la Suprema Corte y el aval del presidente de la República a la propuesta del Poder Judicial sirvan para que los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión y los sectores más radicales y antidemocráticos de la 4T entiendan que el objetivo de esta reforma es fortalecer al Poder Judicial de la Federación para mejorar el acceso a la justicia y no capturarlo y alinearlo a los objetivos de la 4T, en perjuicio de la división de poderes y del sistema democrático.

* Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación