Un policía estatal vigila una camino cercano a la ciudad de Colima.Hector Guerrero
Un tribunal del Poder Judicial de la Federación con sede en la capital del Estado de Colima ha instaurado el teletrabajo por tiempo indefinido, no por motivos relacionados con la pandemia de covid-19, ya superada, sino para procurar una salvaguarda mínima a la vida de jueces y trabajadores. La medida la ha tomado el martes el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito “ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones que ocupa este tribunal y el Centro de Justicia Penal Federal”. La instrucción se ha hecho del conocimiento de los trabajadores y del Consejo de la Judicatura Federal mediante una circular que, con un toque excepcional de crónica de nota roja, da cuenta de una serie de asesinatos relacionados con un juicio llevado a cabo en ese tribunal y actos de intimidación a las afueras de las instalaciones judiciales. El caso ilustra el problema mayor de inseguridad y violencia que padecen simultáneamente varias urbes de México. Precisamente este miércoles seis policías han sido asesinados en una emboscada en Jalisco, Estado vecino de Colima.
La circular del tribunal federal comienza así la crónica de los hechos: el domingo pasado, alrededor del mediodía, dos personas que acababan de atender una audiencia inicial ante un juez de control fueron asesinadas a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en ese tribunal. La identidad de las personas, la naturaleza del juicio en el que participaban y el rol que jugaban —si de denunciantes o acusadas— no fueron detalladas en la circular, pero necesariamente debe tratarse de un asunto de carácter penal por delitos federales. Continúa la circular: dos días después, el martes, fue asesinado, en su casa y junto a su hijo, un abogado que dio asesoría legal a una de las personas que participó en la audiencia del domingo y que posteriormente murió en el ataque. Tampoco fue revelada la identidad del litigante, mucho menos la de su hijo.
Añade la circular: el mismo martes, pasada la una de la tarde, la seguridad del tribunal detectó a una “persona sospechosa” en un vehículo que estaba a las afueras de las instalaciones. “Ese individuo, al percatarse de la presencia de policías, se dio a la fuga, siendo perseguido por elementos de seguridad, sin que se tenga noticia, hasta ahora, sobre si fue detenido o no”. La circular agrega a la relatoría otro hecho de violencia que parecería caso aislado: el domingo por la tarde, tras el asesinato de las dos personas que participaron en la audiencia judicial, en otro sitio de la capital, fue agredida a balazos la patrulla que tiene la encomienda de resguardar la casa donde, en junio de 2020, fue asesinado el juez Uriel Villegas Ortiz, que había llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Las autoridades del tribunal han dado instrucciones adicionales a los trabajadores del centro de justicia: la regla general será el teletrabajo, y han de acudir a laborar de manera presencial solo unas cuantas personas; quienes se queden en casa deberán estar localizables por correo, teléfono y WhatsApp; para quienes tengan que ir a laborar al tribunal, sus ingresos y salidas serán escalonados, como se estilaba durante la pandemia. Firman la circular el magistrado presidente, Luis Núñez Sandoval; el magistrado Francisco Miguel Padilla Gómez y el secretario en funciones de magistrado Luis Enrique Radbruch Sánchez.
Colima es un pequeño Estado que da a la costa del Pacífico y está enclavado entre Michoacán y Jalisco, dos de las entidades más violentas, territorios en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de La Familia Michoacana. Colima es gobernado desde 2021 por Índira Vizcaíno, del partido oficialista Morena. Este año, un ranking del Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal situó a la capital del Estado por segunda ocasión como la ciudad más violenta del mundo. De enero a junio se han cometido 367 asesinatos en el Estado, cifra semejante a la del mismo periodo del año pasado (371 homicidios) y a la de 2021 (328).
México ha vivido en últimos días hechos de violencia que despuntan en distintos Estados. En Toluca, la capital de Estado de México, nueve personas fueron asesinadas tras un ataque a la Central de Abasto; el hecho es antecedido por el hallazgo, una semana antes, de una bolsa con restos humanos colgada de un puente peatonal en la misma ciudad. En Chilpancingo, capital de Guerrero, grupos criminales han utilizado a la población como escudo para chantajear a las autoridades y exigir la liberación de dos líderes transportistas sobre los que pesan acusaciones de delincuencia. Hace dos semanas, siete cuerpos desmembrados fueron arrojados a una céntrica plaza de la ciudad. En Chiapas, varios funcionarios fueron secuestrados por un grupo criminal como elemento de presión para apurar la localización de una cantante, Nayeli Cinco, aprisionada por otra organización delincuencia.
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