En el mundo, uno de cada siete adolescentes de entre 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Cada año, 45.800 adolescentes se suicidan, siendo esta una de las cinco principales causas de muerte para este grupo de edad. Sin embargo, solamente alrededor del 2% de los presupuestos destinados a la salud de los gobiernos en todo el mundo se destina a tratar dolencias como depresión, ansiedad u otras enfermedades mentales que, con la pandemia, se han multiplicado. “Muchos de los problemas ya venían afectando a la infancia, pero la covid-19 lo que ha hecho es visibilizarlos y acentuarlos“, confirma María Ángeles Espinosa, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
Menos silencio y estigma alrededor de estas enfermedades, pero también más recursos y financiación para cuidar la salud mental, en especial, de las nuevas generaciones tras el impacto de la covid-19. Estas son las conclusiones principales a la que ha llegado Unicef a través de su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2021 titulado En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños. Este estudio, la publicación anual más importante de la Agencia de la ONU para la infancia, se ha dedicado por primera vez a un análisis completo de las dolencias como la depresión, la ansiedad y aquellas otras enfermedades mentales que afectan a los niños, adolescentes y cuidadores en el siglo XXI.
“Las consecuencias de la pandemia tienen un gran alcance, pero son solo la punta del iceberg. Incluso antes de ella ya había demasiados niños y niñas abrumados por el peso de una serie de problemas de salud mental a los que no se había prestado atención. Los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en la vida”, explica la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.
Desigualdad y falta de recursos
“Estaba debajo de un escritorio, llorando y diciendo que no quería seguir viviendo”. Con estas palabras, explica a Unicef Roxana (nombre ficticio), madre de Andre (nombre ficticio), de 14 años, cómo encontraron sus profesoras a su hijo, diagnosticado con ansiedad y depresión desde 2019 tras la separación de sus progenitores. Los dos, con nombres ficticios para preservar su intimidad, viven en las afueras del norte de Lima (Perú), donde comparten una pequeña habitación en la casa de una tía. En el momento de su diagnóstico, la atención de salud mental se concentraba en tres hospitales de la capital, demasiado lejos de ellos y a un coste demasiado alto para sus ingresos. Finalmente, y a través de un centro de salud local, se les proporcionó un seguro público y se les derivó al Centro Comunitario de Salud Mental en Carabayllo, a 10 minutos en autobús desde su casa, donde recibe tratamiento y apoyo psicológico.
Andre es uno de los muchos testimonios que corrobora la importancia de la salud mental incluso antes de la covid-19: la infancia y la juventud ya sufrían problemas de depresión y ansiedad sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos. “No hay salud física sin salud mental. Un niño con ansiedad y depresión tendrá problemas en la escuela, en su aprendizaje, en su integración social… Y no atender convenientemente estos problemas está poniendo en riesgo y comprometiendo su futuro”, contextualiza Espinosa.
Además del impacto en la vida del niño a largo plazo, algo incalculable, también está el que sufre la propia sociedad. Las pérdidas económicas provocadas por los trastornos mentales que derivan en discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 390.000 millones de dólares al año (unos 335.000 millones de euros), según un análisis realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, incluido en el mismo informe de Unicef. “La sociedad tiene que dejar de estigmatizar las enfermedades mentales. Tener ansiedad o depresión es como tener un problema dermatológico o gástrico. Es un asunto de salud y hay que buscarle la solución”, ahonda Espinosa.
En algunos de los países más pobres del mundo, los gobiernos gastan menos de un dólar por persona [86 céntimos de euro] en el tratamiento de enfermedades mentales, según el mismo informe. Y esta falta de financiación, acaba afectando a los más vulnerables. “Los elementos para tener una buena condición mental están íntimamente ligados a que los niños tengan garantizados sus derechos: a una vivienda, a una alimentación adecuada, a un mayor de salud posible, a la educación, al juego… La vulneración de los derechos y la inadecuada satisfacción de las necesidades infantiles son factores de riesgo que hacen aumentar la probabilidad de que aparezca la enfermedad mental”, explica Espinosa.
A su vez, el número de psiquiatras especializados en el tratamiento de niños y adolescentes es inferior al 0,1 por 100.000 en todos los países analizados por el informe, excepto en los de ingresos altos, donde la cifra es de 5,5 por 100.000. “Todavía es todo un reto que se hable de ello, cuando nos referimos a lugares en los que la seguridad alimentaria no está garantizada o la atención primaria es mínima… ¿cómo se va a identificar allí que ese niño o niña tenga un problema de salud mental? Y el problema queda oculto”, contextualiza Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política de Unicef España.
#EnMiMente, una campaña para romper el silencio
La alteración de las rutinas, la educación y el ocio por la pandemia, además de la preocupación de las familias por los ingresos y la salud, hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro. Temores que no han sido capaz de verbalizar, ni siquiera, con sus seres queridos. Sobre esta idea, la de romper el silencio y la importancia de la comunicación, nace la campaña de Unicef España #EnMiMente, lanzada al hilo del informe mundial.
“A través de una conversación uno le puede preguntar a un amigo qué tiene en su mente; y ese otro amigo puede callar o animarse a hablar de sus problemas. De esta manera, queremos arroparlos para que se sientan seguros a la hora de buscar un especialista y así empoderar a los jóvenes, maestros y cuidadores a realmente a hacer algo y actuar, para que eso que exigimos a los Gobiernos en su compromiso, sea realmente efectivo”, explica Junqueras, de Unicef España.
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