Nueva tensión en el Gobierno en un asunto de fondo: la reforma del Código Penal para suavizar o derogar delitos relacionados con la libertad de expresión. La movilización por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, apoyado por un manifiesto de más de 200 artistas que defendían al músico que entre los que se incluía a Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, llevaron este lunes por la noche a La Moncloa a anunciar en una nota de dos párrafos que el Gobierno prepara una reforma del Código Penal para que este tipo de delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ofrece más detalles sobre esta modificación y señala que, de momento, están estudiando los tipos penales que tienen más problemas y no hay fecha para tenerla lista. Casi de forma simultánea, Unidas Podemos terminaba la redacción de su “ley de protección de la libertad de expresión”, una reforma completa que ha registrado este martes en el Congreso. En ella va más lejos de lo que probablemente querrá ir el sector socialista del Ejecutivo y plantea directamente derogar varios delitos importantes: el de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias a las instituciones del Estado e incluso el delito de enaltecimiento del terrorismo.
El Ministerio de Justicia señala que su reforma afectaría a delitos como el del enaltecimiento del terrorismo, el de odio, el de injurias a la Corona y el de sentimientos religiosos, pero no aclara cómo los modificaría. Unidas Podemos es más claro y propone directamente la derogación. Justicia alega que, al afectar a derechos fundamentales, el Ejecutivo debe ser “especialmente rigurosos en la concreción de la propuesta de reforma”. El departamento que dirige Juan Carlos Campo sí admite que es necesaria la reforma porque “algunos de estos tipos penales adolecen de una cierta indefinición del bien jurídico protegido”. También añade que “la amplitud de la conducta típica descrita en la norma genera inseguridad” y que “la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva”. “Todas estas cuestiones son exigencias de precisión y restricción de estos delitos, requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo”, remata Justicia.
La batalla dentro de los socios del Gobierno por adelantarse en una reforma sensible para el electorado progresista parece evidente en la semana final de la campaña electoral catalana. El grupo de Pablo Iglesias, según fuentes de Unidas Podemos, comunicó a La Moncloa a media tarde del lunes que este martes registraría la iniciativa. La nota del Ejecutivo llegó poco después. Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos responsable de la reforma, compareció con Jaume Asens, presidente del grupo, y dio por hecho que el sector socialista apoyará la norma de los morados porque no ha presentado ninguna alternativa. “Estamos congratulados, entendemos que ahora podremos seguir adelante con la tramitación urgente de esta reforma sobre la base de nuestra iniciativa porque no conocemos ninguna otra. Dada la respuesta de Relaciones con las Cortes entendemos que [en el sector socialista] están absolutamente de acuerdo con esta iniciativa”, ha señalado.
La exposición de motivos de la reforma de Unidas Podemos deja clara la intención de la reforma: “A través de la aplicación de determinados artículos del Código Penal se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad ―la procesión del Coño Insumiso―, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España. En esta última vía, en la que se aplica el Código Penal, se han detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada” señala. “Son artículos del Código Penal cuya influencia proviene de la dictadura y que por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural”, sentencia.
El primer delito que quiere eliminar es el que va contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del Código Penal. “Las críticas que pudieran ofender a los sentimientos de los creyentes, por gratuitas que sean, se entienden que entran dentro del ámbito de la libertad de expresión y quedarían protegidas con la derogación de este artículo 525, mientras la incitación directa a la violencia, el odio y la discriminación religiosa quedaría sancionada en el artículo 510 del Código Penal”, argumenta el texto. El segundo tipo de delitos a derogar para Unidas Podemos son los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. “Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia”, señala.
En el texto también se apela a la jurisprudencia europea. “Cabe destacar la reciente y contundente sentencia de 13 de marzo de 2018 del TEDH sobre este caso, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, adoptada de forma unánime y donde se concluye que el Estado español ha violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión. En la sentencia se indica que la quema de las fotografías de los reyes se encuadraba dentro de la crítica política, no personal, a la institución monárquica en general y en particular al Reino de España como nación”, señala sobre los delitos contra la Corona. Otro polémico delito que quiere derogar Unidas Podemos es el de “ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, recogido en el artículo 543 del Código Penal”. “Este delito se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión”, explica la reforma.
Otro delito que quiere derogar, aunque admite que se ha aplicado muy poco, es el de “las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, recogido en el artículo 504″.
Y por último, y también muy polémico, Unidas Podemos propone derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal. “Este delito nació en el año 2000, fruto de un pacto de Estado entre los dos partidos entonces mayoritarios en España, en un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA. En el año 2015, tras una oleada de protesta social y a la vez que se reformaba la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, un nuevo pacto de Estado lo endureció. Está constatado que durante los primeros 11 años de vida de este delito apenas hubo juicios por la comisión de delitos de enaltecimiento. No ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos y, desde entonces, se han multiplicado estos casos. Amnistía Internacional, en su último informe de marzo de 2018 donde solicita la derogación de este artículo, cifra en tres personas condenadas en 2011 por este delito y cerca de 70 en los dos últimos años”, explica el grupo de Iglesias.
Source link