El Gobierno ha decidido que todas las carreras universitarias en España duren cuatro años, salvo estudios sanitarios o técnicos aún más largos y títulos conjuntos con otros países europeos; y que los másteres sean de uno o dos años. El Ministerio de Universidades ha elaborado el borrador de un nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso EL PAÍS y con el que pone fin a la conocida como “guerra del 3+2” (tres años de carrera y dos de máster).
En España, los grados de tres años son muy minoritarios —se ofertan unos 60 títulos, la mayoría en universidades de titularidad privada— a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, y solo ha dado tiempo a que se gradúen dos promociones. Con esta medida, el ministro de Universidades, Manuel Castells, pretende frenar la creación de más grados cortos, pensados para la incorporación inmediata al mercado laboral, pero que no responden al espíritu de un grado, que es el de proporcionar conocimientos generalistas de un área para luego especializarse en un máster.
Las universidades que tienen grados de tres años —la mayoría en Cataluña— tendrán que adaptarse y alargarlos un año más. Muchos campus privados también han creado titulaciones cortas, por ejemplo en Gastronomía; otros públicos, como la Universidad de Salamanca, en Estudios Globales. La duración del grado es la piedra angular del decreto, que también potencia las carreras con mención dual —tejidas con la empresa—, regula los grados abiertos y los ciclos sucesivos o audita, por primera vez, los títulos para reciclarse laboralmente que expiden los campus.
Adiós al 3+2
La matrícula de los másteres en España (con un precio que oscila desde 590 euros a 2.800 euros este curso) es mucho más costosa que la de los grados (de 518 euros a 1.660 euros) y por eso los estudiantes han sido desde hace siete años muy reticentes al 3+2. Esa fórmula implicaba que, para alcanzar una formación completa, los alumnos debían cursar un máster de dos años que les permitiera tener una formación de cinco, que era lo habitual hasta ese momento. Como resultado, los estudiantes se veían forzados a costear un año más de posgrado. Al descontento estudiantil se sumó el de los sindicatos, a los que no convencía que los profesores impartiesen menos horas de clase en el grado. El nuevo decreto consolida la fórmula 4+1 (cuatro años de grado y uno de máster).
El Ministerio de Universidades considera que mientras no se reduzca el precio de los másteres —las tarifas las deciden los gobiernos autónomos, que reclaman más financiación para compensar la bajada— un posgrado de dos años obstaculiza el desarrollo profesional de quienes cuentan con menos recursos.
En la última década han desaparecido en España las diplomaturas de tres años (Enfermería, Magisterio o las ingenierías técnicas) y las licenciaturas que duraban cinco años se redujeron a cuatro —salvo excepciones— y se rebautizaron como grados. A cambio, las universidades comenzaron a impartir más másteres, entre ellos los llamados habilitantes, obligatorios para ejercer, por ejemplo, de abogado o de profesor de educación secundaria. Se impuso, por tanto, el formato 4+1 —el de Estados Unidos y Asia— frente al 3+2, más generalizado en el resto de Europa.
Pero en 2015, buscando la llegada de alumnos extranjeros, el Gobierno del Partido Popular, con José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación, aprobó un decreto que permitía implantar grados de tres años ―“los planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos”, se afirmaba en el texto (60 créditos equivalen a un curso)— acompañados de másteres de dos. Los estudiantes, empobrecidos con la crisis económica, salieron a las calles para protestar en las mareas verdes.
Wert tampoco sedujo a la conferencia de rectores de universidades (CRUE), con quienes mantuvo una pésima relación en años de recortes. Estos consideraron que se necesitaba “una evaluación previa” antes de implantar los tres años y, divididos entre ellos, acordaron en febrero de 2015 una moratoria de tres años sin títulos cortos. Aunque algunas universidades no esperaron y comenzaron en el curso 2016-2017 a ofertar algún grado menguado. El Consejo General de Universidades —órgano formado por el ministerio y los rectores— acordó en 2017 que solo se crearían carreras que atendiesen a necesidades del mercado y hubo que esperar al 2018-2019 para que por fin proliferaran.
Con el nuevo decreto, las universidades catalanas tendrán que alargar una veintena de grados de tres años enfocados a las nuevas tecnologías y el diseño digital (videojuegos, animación o aplicaciones web). Este curso, por ejemplo, se está impartiendo el grado en Bioinformática, con apenas 40 plazas, en inglés y dividido entre las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y Politécnica de Cataluña. Los alumnos ya matriculados continuarán con su plan de estudios de tres cursos y este tendrá que modificarse cuando el título tenga que reacreditarse ante las agencias de evaluación, algo que ocurre cada seis años. Es decir, la mayoría de los grados que se aprobaron se readaptarán antes del curso 2023-2024.
Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, cree que los grados de tres años no podían progresar. “En 2010 y 2011 hubo muchas presiones para los grados de cuatro años. Sobre todo de los colegios profesionales [los peritos y las enfermeras querían ser graduados], y también del profesorado, que no quería perder desarrollo curricular”.
El pasado mayo, el Ministerio de Universidades planteó en un borrador abrir la puerta a más carreras de tres años que se focalizasen en “aquellos ámbitos de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural que respondan a las nuevas demandas sociales, laborales y económicas”, se señalaba en ese texto. Pero los sindicatos le reprocharon haber llevado el borrador a consulta pública sin negociar y el proceso se paralizó.
Se resta importancia al trabajo final
Antes de la Declaración de Bolonia, que se implantó en 2011, tan solo las titulaciones del itinerario de las ingenierías y arquitecturas obligaban a presentar un trabajo de fin de carrera, pero desde entonces se requiere en todos los ámbitos de conocimiento.
El Ministerio de Universidades, no obstante, resta algo de peso a esta formación práctica. Como mínimo supondrá 6 créditos del título y de máximo un 10% del total, cuando ahora es un 12,5%. Los másteres de ingeniería podrán empezar a cursarse sin haber defendido el trabajo de grado.
Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la Universidad, criticó duramente el 3+2, que en su opinión “castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas”.
Menos especialización
¿Tiene sentido que Gastronomía o Videojuegos sea un grado universitario en lugar de un grado superior de Formación Profesional? El ministerio cree que se quiere cubrir con el marchamo de la Universidad el acceso rápido a profesiones. El espíritu de un grado es dotar de contenidos sólidos y generalistas, para luego especializarse en el máster. Por ejemplo, ser ingeniero informático (cuatro años) y cursar un máster de un año en seguridad.
En España, estudiar una carrera era sota, caballo y rey durante varias generaciones. Las universidades se ajustaban al Catálogo de Títulos Oficiales del Ministerio de Educación —por ejemplo, Derecho, Medicina o Enfermería—. Hasta que la implantación del Plan Bolonia (promovido desde Europa para homogeneizar la formación superior) permitió a las instituciones que diseñasen sus titulaciones (auditadas por el Gobierno central y el autonómico). Estalló entonces una guerra por ofertar el título más específico y atractivo a los estudiantes: Videojuegos, Criminología o Protocolo. España ha pasado de tener 116 licenciaturas y diplomaturas a 365 carreras distintas, mientras los títulos suman 3.008 en toda España por su diferente nomenclatura.
Toda esa evolución fue hecha sin ningún amparo normativo, de forma que el nombre de las carreras de Humanidades se ha multiplicado por seis (de 20 títulos ha pasado a 120) o las ingenierías por dos (de 50 a 104), según datos del Observatorio del Sistema Univesitario. Los rectores son conscientes de que esta fiebre de títulos tiene que frenarse y de que debe quedar claro qué se enseña y cómo.
En la actualidad, cada título está adscrito a una de las cinco ramas de conocimiento —Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ingenierías, Humanidades y Ciencias de la Salud— pero el nuevo decreto fuerza a ser aún más específico: el grado debe etiquetarse dentro de uno de los 25 ámbitos de conocimiento especificados.
La idea de la Declaración de Bolonia era crear un “sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable”, pero el tiempo ha demostrado que es un embrollo. El Observatorio del Sistema Universitario, que agrupa a docentes de las universidades públicas de Barcelona, es muy crítico en su estudio Grados universitarios: ¿cuántos y cuáles?, de 2019: “Se tiene menos referencias, lo cual puede implicar dificultades en la elección de carrera o en la contratación de personal”.
Grados abiertos
Desde hace años, las universidades Pompeu Fabra y Carlos III permiten al estudiante escoger en los primeros dos cursos materias de cualquier carrera de Humanidades y Ciencias Sociales o dentro de las distintas ingenierías, pero sin atenerse a ninguna normativa. El nuevo decreto estipula que solo pueden ofertarse un 10% de plazas con esta peculiaridad, ya que es muy complejo cuadrar los horarios de estos alumnos y los itinerarios. “Los grados abiertos deben combinar materias de, como mínimo, tres grados de la misma rama de conocimiento”, señala el documento.
El peligro es abarcar tanto que al final no se sepa de nada. Cristina Gelpi, vicerrectora de la Universidad Pompeu Fabra, sostiene que “en la transversalidad ayuda mucho trabajar por proyectos docentes para que el resultado no sea una suma de piezas desconectadas, [y el alumno se convierta en] un aprendiz de nada. Hay que adquirir unas competencias comunes y unos fundamentos”.
Los estudiantes tendrán que estar tutorizados. Francisco Mora, rector de la Politécnica de Valencia, explica que su universidad se dio cuenta de que los alumnos de Bachillerato no saben diferenciar ingenierías y de que es posible frenar el abandono dándoles la oportunidad de acercarse a distintas especialidades en los primeros cursos. Este año se han puesto en marcha tres grados abiertos en Galicia.
Ciclos sucesivos para ingenieros. Las politécnicas han logrado que el trabajo de fin de grado no sea una cortapisa para proseguir los estudios de ingeniería que son eternos por su dificultad. El decreto afirma que “se podrá acceder a los estudios de máster sin haber superado el grado vinculado si los únicos créditos que restan por superar son los que corresponden al trabajo final de grado y una asignatura de seis créditos”. Antiguamente, los estudiantes de Ingeniería afrontaban seis cursos y un proyecto de fin de carrera antes de titularse. Con Bolonia, el proceso se dividió en dos —hay que terminar un máster de año y medio o dos años para firmar proyectos como ingeniero—, lo que ha desanimado a muchos potenciales alumnos y a sus familias. Las vocaciones técnicas, de hecho, han caído un 30% en dos décadas.
Formación permanente. En las universidades, especialmente las a distancia, se ofertan títulos de experto en algo preciso —por ejemplo, en protección de datos— que no habilitan para ejercer ni son titulaciones oficiales, pero tienen una enorme demanda. Nadie controla su calidad. El actual decreto fuerza a que todos los títulos tengan a un responsable de plantilla y una programación aprobada: que no se dé gato por liebre.
El reto de implicar a las empresas en los estudios
Las tres universidades vascas —la pública Universidad del País Vasco y las privadas de Mondragón y Deusto— tienen en marcha, desde hace una década, grados y másteres con un sistema de mención dual, en el que parte de la enseñanza se recibe en una empresa u organismo. El sistema tiene una enorme demanda y éxito en la empleabilidad de los graduados, y ahora el Ministerio de Universidades ha decidido replicar la normativa vasca a escala nacional en el decreto de ordenación de los estudios.
El ministerio ha estipulado que para que tengan una mención dual, “la parte práctica en empresa debe ocupar entre el 25% y el 50% de los créditos en los títulos de cuatro años”. En el caso de los posgrados, “al menos un 40% de los créditos o al menos 30 créditos”. Dentro de estos mínimos deberá incluirse el trabajo fin de grado o de máster.
Juan Armenteros, profesor de Economía Aplicada, cree que el modelo vasco no es extensible al resto de España. “No hay ese tejido productivo. En la mayoría de las prácticas de tercero y cuarto de carrera, el seguimiento de la empresa y la universidad es muy laxo, es puntual”, compara.
El País Vasco cuenta con un 20% de grandes empresas y una cultura del aprendizaje in situ enorme, como se ha puesto de manifiesto en la implantación de la Formación Profesional Dual. Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades (el puente entre los campus y la empresa) y exsecretario general de Inditex, recuerda que el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y ofrecen trabajos de bajo nivel tecnológico más acordes a lo que poseen los titulados en FP.
La prueba piloto vasca arrancó en 2011 en el Instituto Máquina Herramienta, que trasladó a la región el modelo dual alemán. Entre el 20% y el 50% de los créditos se aprueban allí con la práctica.
Para que el sistema funcione una empresa tiene que acoger al estudiante; un tutor en la empresa y otro en la universidad —formados ambos— tienen que enseñarle las destrezas y por último una agencia externa acredita los estudios.
Otras autonomías están interesadas en implantar la mención dual. Es el caso de las tres universidades de la Región de Murcia. Su intención es que durante los dos últimos años de la carrera, parte de los alumnos cursen el 25% de los créditos en una empresa de forma remunerada.
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