Tras el alejamiento de los últimos años entre UPN y el PSOE, el jueves de la semana pasada las dos formaciones escenificaron la que, a priori, era una victoria para ambas. Por un lado, UPN votaría a favor de la convalidación en el Congreso del real decreto de la reforma laboral, con lo que el Gobierno de Sánchez se garantizaba la aprobación de la norma. Por otro, los socialistas votarían a favor de modificaciones presupuestarias por valor de 27,5 millones de euros en el Ayuntamiento de Pamplona y renunciarían a reprobar al alcalde de la capital y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, por unas declaraciones xenófobas en las que relacionaba delincuencia y menores extranjeros no acompañados.
Tras la indisciplina de los dos diputados regionalistas, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que votaron en contra de la reforma laboral pese al acuerdo de su partido, el pacto se quedó, en palabras del secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, en “papel mojado”.
Precisamente ese argumento es el que han empleado en varias ocasiones para negarse a desvelar el resto del contenido del acuerdo. Pero ayer, no obstante, el presidente de UPN, Javier Esparza, reconoció que se acordaron varias medidas más. La más destacada, la condición de que el PSOE impulsara la elaboración de una norma para sancionar a aquellas personas convocantes de los homenajes públicos a presos etarras cuando son excarcelados, los llamados ongi etorri.
Acabar con los ‘ongi etorri’
Esparza declaró ayer que “hay que acabar de una vez por todas con homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel. Eso ha generado desde hace muchos años un daño inasumible para muchos, un daño añadido, y nosotros lo que queríamos era terminar con esto a través de sanciones para evitar que se pudieran repetir más ongi etorri en el futuro”.
El fin de estos homenajes públicos es una reivindicación histórica de los colectivos de víctimas. De hecho, el pasado 29 de noviembre, el colectivo de presos de ETA —EPPK por sus siglas en euskera— emitió un comunicado en el que se sumaba a esa reivindicación y reclamaba el fin de estos homenajes por el “dolor” que causan a las víctimas. El documento solicitaba a los afines que, en lo sucesivo, estos homenajes se hicieran únicamente en espacios privados y “entre allegados”. Con ello, añadían, pretendían “aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia”. No sirvió de mucho ese comunicado porque, apenas un mes después, a finales de diciembre, decenas de personas se congregaron en el Casco Viejo de Pamplona para recibir al etarra Iñaki Etxeberria, alias Mortadelo, excarcelado tras cumplir 25 años de prisión por haber asesinado a seis personas. Los hechos suscitaron las quejas de la mayoría de partidos del arco parlamentario. EH Bildu se desmarcó asegurando que había sido convocado por “sectores ajenos a la izquierda abertzale”, de ahí la petición de UPN de legislar para la aplicación de sanciones a los convocantes.
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Finalmente, al margen de otras medidas que quedaron supeditadas a futuras negociaciones, UPN y PSOE pactaron otras dos acciones de impacto local: sacar las vías del tren del centro de Tudela, consistorio liderado por Alejandro Toquero, miembro de la Ejecutiva de UPN; y negociar un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro para limpiar los ríos. De hecho, en estos momentos el Ayuntamiento de Pamplona —también encabezado por Navarra Suma, coalición en la que UPN es socio mayoritario— está negociando un convenio con la Confederación Hidrográfica del Ebro para agilizar la limpieza de ríos y evitar inundaciones como las vividas en diciembre.
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