El propio presidente se comprometió a acabar con esta práctica pero en su administración se ha seguido dando, indicó Beatriz Olivera, investigadora de Fundar.
A través de una carta pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Alianza Mexicana contra el Fracking urgió emitir un decreto de suspensión del fracking, mientras el poder legislativo avanza con una prohibición definitiva, como ha sucedido ya en otros países.
Al respecto, Beatriz Olivera, investigadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, recordó que el propio presidente ha rechazado esta práctica, sin embargo, en los hechos, se sigue dando y está permitida.
“Él se ha comprometido, el 1 de diciembre de 2018, en su toma de protesta, se comprometió a que el fracking no se realizaría en México, sin embargo la realidad es otra, el fracking sí se realiza en el país”, apuntó.
En 2019, apuntó, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó 7 planes de exploración que incluyen el uso de fracking.
Además, “hemos encontrado que hay un presupuesto asignado para realizar fracking”, dijo, en referencia a alrededor de 10 mil 837 millones de pesos aprobados en el pasado Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Nos parece muy importante que el presidente materialice este compromiso que ya hizo, a través de un documento legal. Su palabra no ha sido suficiente. No hay que convencerlo, el presidente sabe que el fracking no se debe realizar en México. Sin embargo las entidades de la administración pública federal, Pemex en particular, la Secretaría de Energía, no están obedeciendo este mandato y se han autorizado estos planes, se le ha otorgado presupuesto”, denunció.
“Lo que nosotros urgimos es que a través de un decreto que emita el mismo Ejecutivo se pueda materializar este compromiso que ya hizo el presidente”, indicó.
Reconoció que la ley permite que se desarrolle el fracking, por lo que es “necesaria una iniciativa de ley concreta que prohíba esta práctica”. Pero un decreto de suspensión es una vía que está dentro del ámbito de acción del Ejecutivo.
Actualmente, reveló, hay 8 iniciativas en el Congreso que buscan prohibir el fracking: tres en el Senado de la República (1 de MC, 1 del PT y 1 de Morena), y cinco en la Cámara de Diputados (1 del PT, 2 del PAN y 2 del PRD); ninguna ha sido dictaminada.
La carta expone que los países lo han prohibido legalmente en sus territorios: Francia (desde 2011), Bulgaria (en 2012), Luxemburgo (2013), Italia (2014), Alemania (2016), Irlanda (2017), Uruguay (2017), así como estados, provincias y localidades dentro de otros países como España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda donde también hay prohibiciones legales, además de un amplio número de moratorias en otros tantos lugares del mundo determinadas por vía legislativa, administrativa o judicial.
De acuerdo con su carta, la Alianza Mexicana contra el Fracking busca “poner fin a esta grave amenaza para la salud, el agua, el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, las generaciones presentes y futuras”.
“Si el presidente decide materializar el compromiso que ya hizo de prohibir el fracking, esto pude hacerse a través de un decreto que deje inactivos estos lineamientos. Y número dos, que instruya a las entidades de la administración pública federal que acaten esta instrucción y dejen inactivos estos lineamientos que existen”, abundó la investigadora de Fundar.
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