Frente a la contingencia sanitaria, los organismos denunciaron un contexto de incertidumbre económica que pone en riesgo los programas de atención a la mujer.
Erradicar las violencias de género es una responsabilidad del Estado, por lo que es urgente priorizar los derechos humanos de todas las mujeres y garantizar que ninguna política de austeridad los contravenga, exigieron organismos de defensa de la mujer en una conferencia virtual este lunes.
“Nos encontramos en un contexto de profunda incertidumbre en cuanto a los presupuestos dirigidos a las víctimas de violencia, una incertidumbre que pone en peligro el potencial de operación de los servicios básicos de atención”, explicó Maïsa Hubert, de Equis Justicia para las Mujeres.
En estos momentos, dijo, las mujeres están enfrentando un mayor nivel de maltrato por la contingencia, por las medidas de confinamiento que aumentan las condiciones de violencia intrafamiliar y dificultan el acceso a servicios.
El pasado viernes 22 de mayo, representantes de Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres, Red Nacional de Refugios y las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs) sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
La reunión fue concertada tras la publicación de una carta abierta el 6 de mayo dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la misma Sánchez Cordero, en la que externaron su preocupación por las medidas de austeridad publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, en el encuentro con la secretaria de Gobernación no hubo una respuesta clara sobre el presupuesto que el Estado destina a prevenir y atender las violencias contra mujeres y niñas.
Incluso, en esa reunión se informó de la cancelación de recursos para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs).
Tras el encuentro, los organismos hicieron un llamado a las diputadas y diputados para vigilar la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y al gobierno de México a asignar los recursos necesarios para avanzar en la igualdad de género.
Hay leyes que prohíben la reducción de presupuestos en temas de atención a la igualdad de mujeres y hombres, recordó este lunes la representante en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum en la conferencia virtual.
La pregunta fundamental de los organismos es dónde está el dinero y si habrá disponibilidad de recursos para atender los programas orientados a la prevención y atención a las violencias.
Reneaum señaló que es cierto que las cifras del secretariado de Seguridad, en el informe con corte al 30 de abril, reflejan una disminución de la violencia feminicida y también de homicidios dolosos, pero no es verdad en cambio que el 911 haya registrado una disminución de llamadas telefónicas de aquellos hechos que afectan a la mujer, como abuso sexual, hostigamiento, violación, violencia de pareja o violencia intrafamiliar.
“En estos temas”, agregó, “ha habido un aumento en las llamadas con respecto a enero y febrero”.
No puede decirse que hay una disminución de la violencia o que las llamadas son falsas, dijo.
Desde el ejecutivo, señaló Hubert, parece que se está invirtiendo mucha energía en comentar algunas cifras sin contrastarlas, para justificar que esta violencia no está sucediendo, en lugar de invertir recursos, por ejemplo, en garantizar los servicios de atención.
Para Hubert, se requiere un recurso estable y seguro que permita operar, estrategias proactivas desde el estado y un cambio de estrategias de atención, adecuadas para la situación de contingencia actual, y esto es responsabilidad del Estado.
Frente a la contingencia sanitaria, cuando los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia son esenciales, dijo Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, no saben si contarán con recursos para seguir operando.