Urgen protocolos para uso de la fuerza; militares en La Huacana actuaron con prudencia: Cossío

El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, consideró que los protocolos sobre el uso de la fuerza deben incluir grados de intervención que van desde la disuasión hasta el uso letal.

Ante hechos como los de La Huacana, Michoacán, donde elementos del Ejército fueron sometidos por pobladores, urge la creación de protocolos para determinar cuándo es legítimo el uso de la fuerza que, incluso, puede llegar a ser letal, aseguró el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío.

En su participación semanal en Aristegui En Vivo, el jurista consideró que una vez que se publicaron las leyes secundarias de la Guardia Nacional en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado lunes, corresponde ahora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) elaborar esos protocolos.

Los mismos deben incluir grados de intervención que van desde la disuasión hasta el uso letal de la fuerza cuando la vida de quienes protegen esos cuerpos de seguridad, está en peligro.

Destacó que la Ley sobre el Uso de la Fuerza establece un nuevo modelo aplicable a los elementos del Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y las policías del país.

Respecto a los hechos ocurridos en La Huacana, Cossío Díaz consideró que la actuación de los militares quienes, a pesar de haber sido lastimados y sometidos, no reaccionan violentamente, fue la correcto.

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“La actuación fue correcta. Si estas personas comienzan a disparar quién sabe cuántas habrían perdido la vida”, consideró.

Añadió: “Fueron sometidos porque se dejaron someter. (De otra forma) Tendríamos mujeres, jóvenes armados con palos que estaban en la escena, 10 o 15 muertos”.

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Sobre la solicitud del expresidente Felipe Calderón para permitir a los militares defenderse ante agresiones como de las que fueron objeto en Michoacán, José Ramón Cossío apuntó que esto se resolvería con los protocolos.

Con ellos se daría a los agentes que realizan tareas de seguridad pública, elementos para saber qué hacer y a qué atenerse en el uso de la fuerza que puede incrementarse hasta llegar al abatimiento de los presuntos delincuentes.

Además, estos protocolos que debe elaborar la SSPC, a cargo de Alfonso Durazo, evitaría hechos como los de Atenco donde hubo un claro uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.

Por último, el ministro en retiro de la Corte señaló que revisó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley de Registro de Detenciones, sin que encontrara elementos de preocupación.

Anticipó que es probable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exprese algunas inquietudes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que habrán de resolverse sin mayores contratiempos a fin de que opere a plenitud el nuevo modelo de seguridad en el país.




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