El pasado martes, en el marco de una reunión celebrada en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (Conassat) de Uruguay, las cámaras empresariales pidieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una nueva prórroga al decreto 381/021 que obliga a las empresas que tienen entre 50 y 150 empleados a ofrecer servicios de salud y seguridad laboral. La cartera descartó la propuesta y siguió adelante.
El decreto ya había tenido más de una prórroga. Incluso la redacción original (el decreto 127/014) data del año 2014. Luego, en 2019 y 2020, la coyuntura de las empresas y la pandemia llevaron a nuevos retrasos que culminaron este lunes 2 de mayo con la entrada en vigencia del decreto que contempla a las empresas que tienen entre 50 y 150 trabajadores en su plantilla. Según los empresarios a este grupo pertenecen unas 2 mil empresas.
La nueva dilación pedida por los empresarios se debe, según sus referentes, a un motivo práctico que impide su implementación. A esto se refirió el representante de la Cámara de Industrias (CIU) en el Conassat, Raúl Damonte que, en diálogo con El Observador, aseguró: “No hay médicos ocupacionales disponibles para poder llevar adelante un sistema de prevención”.
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El representante de los industriales afirmó que actualmente hay 43 médicos ocupacionales con título habilitante y otros 50 que están cursando el posgrado de esta especialización.
“¿Cómo se va a poder atender a todas las empresas con un número tan insignificante de profesionales habilitados?”, se preguntó Damonte.
Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) la preocupación va en el mismo sentido. “El Poder Ejecutivo avanza en este tema sin tener las condiciones, estimamos que las empresas van a tener dificultades para implementar estos servicios de salud y seguridad en el trabajo”, aseguraron a El Observador fuentes de esta gremial empresarial.
En las misma línea, el delegado de la CIU recordó que cuando la obligatoriedad se extienda a las empresas con más de cinco empleados -cuya vigencia comienza el 1º de noviembre- el problema se agudizará aún más ya que dentro de este universo se encuentran unas 20.000 empresas.
Para los empresarios se trata de un tema prioritario, pero su posición se respalda en que el sistema no se encuentra maduro para aplicar una medida de esta magnitud. Como ejemplo de esto, Damonte señaló que, desde 2007, todas las empresas deben tener por obligación un ámbito de cooperación tripartito de salud y seguridad. Al respecto señaló que de los 180 grupos y subgrupos que existen según su determinación en los Consejos de Salarios, solo 23 tienen hoy en día esas comisiones conformadas. “Si no puedo lograr que una empresa conforme una comisión tripartita, ¿cómo voy a hacer para instalarles un servicio de prevención en salud?”, cuestionó.
Para la CNCS la implementación de esta normativa es “una cuestión un poco perversa” debido a que las empresas no van a poder cumplir con el precepto del decreto y eso las puede exponer a sanciones administrativas, “más allá de tener impacto también en la eventual ley de responsabilidad penal empresarial”.
Por su parte, Damonte opinó que esto se debe a que no se ha instalado culturalmente una gestión preventiva en materia de salud y seguridad y a esto se le suma, en su opinión, que Inspección General del Trabajo tampoco tiene recursos suficientes para el control pleno de la normativa.
“Estamos queriendo ir a una velocidad crucero y andamos en un fitito”, comentó el representante de los industriales.
“Como Cámara de Industrias no vamos a poner obstáculo alguno a la promoción de la salud y la seguridad, es un objetivo prioritario, pero somos escépticos de la aplicación práctica porque cuando las empresas se dispongan a instalar sus servicios de prevención se van a encontrar con que no disponen de los médicos”, reflexionó Damonte y apuntó: “Una cosa es el voluntarismo de querer cumplir y otra es la realidad de que podamos hacerlo. Alguien se va a tener que hacer cargo cuando la empresa quiera cumplir y no pueda. No es una cuestión de salir a sancionar olímpicamente”.
Desde la Cámara de Comercio estimaron que si bien son conscientes de que no se van a hacer inspecciones específicas por este tema, siendo ley vigente, cualquier inspección puede referirse a estos temas y, al final de cuentas, exponer a la empresa a una dificultad.
UNA POSIBLE SOLUCIÓN
En la normativa se prevé que quienes realicen los controles en las compañías sean profesionales especializados en medicina ocupacional, es por esto que el decreto resulta tan difícil de llevarse a la práctica para los empresarios. “El problema es que el número de médicos laboralistas está a la baja y esta escasez va a llevar a que los costos de estos profesionales sean elevados”, afirmaron fuentes de la Cámara de Comercio.
Desde las cámaras empresariales se propuso que se ampliara esta visión y que otros profesionales de la salud pudieran llevar adelante la tarea. Sin embargo, según sostuvo Damonte, esto no prosperó. El Departamento de Salud Ocupacional “hizo una excepción para aquellos que estuvieran cursando el posgrado, pero ni siquiera eso pudimos conseguir porque depende del Ministerio de Salud Pública”, puntualizó el representante de los industriales.
LOS COSTOS
Hacerle frente al costo que implica atender a lo dicho en el decreto también es un problema al que se enfrentan los empresarios. Según Damonte, la salud y seguridad de la las personas son “temas prioritarios y nadie puede oponerse a eso” pero, a la hora de ponerlo en práctica, los problemas están a la vista.
“Por más que pueda cumplir con el decreto haciendo una visita semestral, es imposible que en ese día el médico pueda hacer todo lo que dice el decreto: evaluación de los riesgos, un diagnóstico de cómo trabajar, un plan de prevención, un seguimiento de salud de todos los trabajadores; eso es absolutamente imposible. En un día cada seis meses ni siquiera conozco dónde quedan los baños de la empresa”, estimó el representante de la CIU en el Conassat.
En tanto desde la CNCS aseguraron que la disposición agrega costos adicionales a las empresas e incrementa la brecha con el sector informal de la economía.
En el mismo sentido, indicaron que si bien es un tema que se discute desde hace muchos años con el Ministerio de Trabajo aún no están dadas las condiciones para que las empresas puedan aplicarlo como deben. “No hubo un aumento de la cantidad de médicos laboralistas, no se logró que la Universidad habilitara de alguna manera otras especialidades que pudieran estar interviniendo en la materia, no hubo una campaña de sensibilización al respecto. Hoy estamos en el brete: la norma vigente y dificultades para implementar los servicios de salud y seguridad”.
Con el fin de informar a sus agremiados, la CNCS tiene previstos seminarios de difusión sobre la normativa entrada en vigencia para sensibilizarlos y analizar una manera práctica de dar cumplimiento a las disposiciones del decreto.
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