El salón más emblemático del Parlamento uruguayo ha acogido este jueves un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La ceremonia pública se dio en el marco del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado por las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, de 22 años, Silvia Reyes y Laura Raggio, ambas de 19 años, ocurridas en abril de 1974 en medio de un operativo de las Fuerzas Armadas y de la policía. La Corte ha declarado responsable al Estado de las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino, a partir de diciembre de 1974 y julio de 1977, cuando tenían 22 y 40 años respectivamente.
Esta es la segunda vez que la Corte IDH ordena al Estado uruguayo a cumplir con una medida reparadora de este tipo. La primera se llevó a cabo en 2012, cuando el entonces presidente José Mujica reconoció la responsabilidad estatal en la desaparición de María Claudia García de Gelman durante el régimen dictatorial. Como en aquella ocasión, el acto de este jueves contó con la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, familiares de las víctimas y cientos de ciudadanos que se acercaron al Parlamento. Sin embargo, a diferencia de aquella instancia, la ceremonia de este jueves no estuvo encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, pese al reiterado pedido de las organizaciones de familiares de que concurriese en su rol de jefe de las Fuerzas Armadas. En su lugar asistió la vicepresidenta, Beatriz Argimón.
“Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las victimas desaparecidas, así como de investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”, expresó Argimón. En representación de los familiares de las víctimas intervino Karina Tassino, hija del detenido desaparecido Oscar Tassino: “Lamentamos la ausencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou”, dijo al comienzo de su discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de las 500 personas presentes. “Esta sentencia, que reconoce los hechos del pasado, es sobre la responsabilidad incumplida de Acuerdos de Estado, sobre investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad, responsabilidad incumplida por los tres poderes del Estado hasta el presente. Es una sentencia del presente”, subrayó.
La vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, y Karina Tassino, representante de los familiares de desaparecidos, este jueves durante el acto.DANTE FERNANDEZ (AFP)
El fallo cierra un largo proceso iniciado en diciembre de 2007, cuando la denuncia de estos hechos fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Recién en mayo de 2020 el caso llegó a la Corte IDH, que emitió la sentencia en noviembre de 2021. Se trata de un dictamen de cumplimiento obligatorio para el Estado uruguayo, ya que como tal adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepta la competencia contenciosa de la Corte para juzgar estos casos. Así lo ha entendido y acatado el conjunto del sistema político de Uruguay, con la excepción de Cabildo Abierto, un partido de militares retirados creado en 2019 e integrante de la actual coalición gobernante de centroderecha. Su líder, Guido Manini Ríos, calificó de “bochornoso” lo sucedido en el Parlamento. “Entendemos que no es de recibo que tengamos la obligación, por un mandato de la Corte IDH que ordena al Estado uruguayo, de hacerle un homenaje y reconocer la culpa en la muerte de estas tres mujeres”, señaló Manini Ríos en una columna radial.
La sentencia indica que los asesinatos de las jóvenes Maidanik, Reyes y Raggio, conocidas como “las muchachas de abril”, así como las desapariciones de González y Tassino, ocurrieron en el marco de las “graves violaciones a derechos humanos” cometidas por agentes estatales durante la dictadura cívico militar entre 1973 y 1985. “Las mismas incluyeron la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia”, detalla el fallo. La Corte concluyó que el Estado es responsable por la falta de investigación en estos casos y ordenó, además de la realización de este acto, otras medidas de reparación, como la “búsqueda rigurosa” del paradero de los desaparecidos y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad creada en 2017.
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Medio año después de la sentencia de la Corte IDH, en julio de 2022, la Justicia uruguaya procesó con prisión al teniente coronel retirado Juan Rebollo por el asesinato de Maidanik, Reyes y Raggio, confirmando que las jóvenes fueron abatidas durante un operativo militar. Los cuerpos de Tassino y González continúan desaparecidos.
Un nuevo hallazgo reaviva las esperanzas de familiares
El acto celebrado el jueves coincide con un momento de gran expectación para los familiares de detenidos desaparecidos, tras la aparición de restos humanos que corresponderían a una de las víctimas de la dictadura. El hallazgo se produjo el martes 7 de junio en el predio militar del Batallón N° 14 en Toledo, al sur del país, donde el trabajo de los antropólogos permitió determinar que el cuerpo fue depositado en una fosa, boca abajo y cubierto de cal. A poca distancia de ese lugar aparecieron los restos del maestro Julio Castro y del militante comunista Ricardo Blanco, en 2011 y 2012, respectivamente. “Con las tripas decimos: más tarde o más temprano los vamos a encontrar”, dijo Karina Tassino al cierre de su discurso. Los datos sobre la identidad de esta persona se conocerán dentro de un mes, luego de que se realicen en Argentina los análisis de ADN.
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