Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, conformaron una asociación delictiva, la cual, de abril de 2013 a agosto de 2014, canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos el hoy aspirante presidencial Ricardo Anaya, con el fin de aprobar la reforma energética.
El portal Animal Político informó que “si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho”.
En las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril, Lavalle Maury fue imputado de los referidos delitos, que lo mantienen preso en el Reclusorio Norte.
“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, dijo el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de FGR.
La asociación criminal, añadió el juez según Animal Político, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.
Las pruebas de la Fiscalía para realizar estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.
Fiscales de la FGR confirmaron al referido portal que luego de haber conseguido la vinculación a proceso de Lavalle, trabajan en la preparación de las imputaciones en contra del resto de los implicados ya señalados ante el juez, lo que prevén ocurra en los siguientes meses.
“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, dijo el juez al recapitular y coincidir con el caso presentado por los fiscales.
El esquema implementado fue el siguiente: siguiendo las instrucciones del presidente, Videgaray ordenó a Lozoya que se canalizara dinero proveniente de Odebrecht para entregarlos a un grupo de legisladores. Lozoya, a su vez, designó para tal función a tres funcionarios de Pemex de su confianza: José Velasco Herrera, Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo.
Estas personas fueron las responsables de, a su vez, realizar las entregas de dinero a Caraveo Opengo, colaborador de Lavalle, quien finalmente lo puso en manos de su jefe para la dispersión entre los legisladores panistas.
Cada una de las entregas entre los intermediaros quedó asentada en un recibo que Opengo firmó a manera de acuse. Olascoaga, por su parte, habría grabado en video algunas de esos pagos por encargo de Lozoya.
Todo lo anterior fue confesado tanto por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020, así como por el propio Caraveo Opengo quien, asegura, no sabía cuál era el destino final. Otros testigos de nombre Noberto Gallardo Vargas, Miguel Pérez Esquivel y Froylan Gracia Galicia confirmaron el esquema.
Respecto al origen del dinero, los fiscales explicaron al juez que por decisión de Videgaray se utilizarían recursos provenientes de la constructora Odebrecht la cual, desde la campaña presidencial de Peña Nieto, venía canalizando recursos a través de empresas de papel denominadas “offshore”.
Los fiscales presumen que, para el caso de los sobornos en particular, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada. Esto para finalmente terminar en las cuentas de una particular denominada Fabiola Tapia Vargas.
“La dispersión en territorio nacional era por conducto de una empresa denominada Construcciones Industriales Tapia representada por Tapia Vargas. Todo ello para que a su vez esos recursos pudieran ser trasladados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que por conducto de Emilio Lozoya se trasladaran a los legisladores a efecto de que pudiera aprobarse la reforma energética”, señaló el juez en su resolución.
Coincidentemente, ayer el INAI instruyó a la FGR a dar a conocer las investigaciones en trámite que hayan sido notificadas, las concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de acción penal, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021.
Y, en paralelo, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, debido a la denuncia de hechos presentada en agosto de 2020 por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien se acogió a una figura de colaboración con las autoridades.
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