El gobierno de Nicaragua envió al Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca que los demás poderes públicos se subordinen al Ejecutivo, ejercer un control más estricto sobre los medios y ampliar el período presidencial, entre otras polémicas medidas que podrían ser aprobadas esta misma semana.
La propuesta fue consignada ante la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por el oficialismo, y ha sido catalogada como una “modernización de la Carta Magna” por el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.
“El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige el Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de Control de la Administración Pública y Fiscalización y los Entes Autónomos”, dice el proyecto.
Porras explicó que una comisión parlamentaria comenzará a trabajar la tarde del miércoles en la propuesta y el jueves deberá tener listo un dictamen para ser aprobado el viernes.
La iniciativa establece que “el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros y divulguen noticias falsas”. Desde 2020 rige en el país una ley que castiga la difusión de “noticias falsas” con penas de hasta diez años de cárcel.
Además, faculta a la Presidencia a “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera” y autoriza a policías y militares a “ocupar cargos temporalmente en el ámbito Ejecutivo”.
Crea también formalmente la Policía Voluntaria, surgida en respuesta a las protestas sociales de 2018 contra el presidente Daniel Ortega -saldadas con más de 300 muertos-, y compuesta mayoritariamente de exmilitares sandinistas que combatieron a los “contras” durante la revolución nicaragüense (1979-1990).
Otro cambio relevante es la creación de las figuras de “co-presidente” y “co-presidenta”, así como el incremento a seis años desde cinco del mandato presidencial y de los de los diputados de la Asamblea Nacional.
Ortega, de 79 años, ha manifestado en distintas ocasiones que la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, goza del mismo poder que él al frente del Ejecutivo.
Tras la difusión del contenido de la reforma constitucional, sectores de oposición y organizaciones civiles la rechazaron por considerarla una concentración de poder.
“Dictadura Ortega Murillo sepulta la institucionalidad en #Nicaragua a través de una reforma a la Constitución elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala”, dijo en X Concertación Democrática Nicaragüense, una coalición de opositores exiliados.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), otra organización del exilio, calificó las reformas como una “distorsión irreversible del texto constitucional” que “eleva a rango constitucional la distorsión absoluta a la que (Daniel Ortega) ha sometido al Estado”. (Reuters).
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