El abogado y analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Rafael Castellanos, advirtió sobre la idoneidad de algunas candidaturas para la elección de jueces y magistrados en México, señalando que varios de los perfiles tienen vínculos recientes con el gobierno federal y el partido oficialista Morena.
“Pensamos que una vez que el INE ordenó la impresión de las boletas significaba que finalmente tendríamos certeza sobre estas candidaturas finales. Sin embargo, pues resulta que no”, declaró en entrevista para ‘Aristegui en Vivo‘.
Puso como ejemplo el caso de la jueza Gloria Santos Mendoza, quien aparecerá en la boleta pese a haber renunciado a su candidatura.
Aunado a ello, señaló que, tras revisar las listas finales, se encontraron casos de personas con cargos recientes en el gobierno.
“Algunos casos que podemos mencionar es el de la exconsejera jurídica del presidente López Obrador, María Estela Ríos González. Ella fue consejera del 2021 hasta el año pasado; Eduardo Santillán Pérez, quien fue diputado de Morena en la Ciudad de México; Selena Cruz Alcalá, que es actualmente representante del gobierno en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, titular de la Procuraduría Agraria; y Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas”, detalló.
Castellanos explicó que la presencia de estos perfiles no es ilegal, pero genera cuestionamientos sobre su imparcialidad.
No es que sea ilegal. Realmente no hay un artículo que lo prohíba. Sin embargo, es motivo de que la ciudadanía se pregunte sobre la idoneidad de los cargos.
Enfatizando lo anterior, recordó que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar el equilibrio de poderes.
“Los jueces no solo son los encargados de resolver controversias entre particulares, sino que quizás su función más importante es la de juzgar sobre la legalidad y la constitucionalidad del ejercicio del Poder Público”.
“Son los encargados de revisar la tarea y el desempeño de los servidores públicos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, explicó.
También abordó las consecuencias del recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), mencionando que “se instalará menos de la mitad de las casillas que se instalaron el año pasado” y que “no habrá conteos rápidos ni Programa de Resultados Electorales Preliminares”.
Advirtió que esto podría retrasar el conocimiento de los resultados hasta 15 días después de la elección.
Además, alertó sobre la falta de ciudadanos en las casillas como funcionarios, lo que podría afectar considerablemente el desarrollo de la jornada electoral.
“Las personas, los vecinos que son capacitados por el INE o que serán capacitados por el INE y que estarán recibiendo los votos, no serán las personas encargadas de este escrutinio y cómputo, sino que efectivamente serán los consejos distritales, cada uno de los 300 consejos distritales del INE, los que llevarán a cabo este cómputo final de los votos”.
Asimismo, mencionó que los votos serán depositados en una urna única que se va a denominar casilla seccional y que “los funcionarios de casilla tendrán esa labor limitada en comparación con lo que sucedía en votaciones anteriores, y en lugar de revisar, hacer el escrutinio y el cómputo, ellos al final de la elección simplemente van a contar el número de boletas depositadas empaquetarlas y enviarlas a la oficina distrital del INE”.
Explicó que el INE, debido al recorte presupuestal, tuvo que modificar su esquema de selección, lo que implica menos ciudadanos capacitados para desempeñar estas funciones.
Un momento histórico
Finalmente, el abogado de MCCI destacó la magnitud histórica de esta elección judicial.
“Estamos frente a un momento histórico, es una elección inédita, sin precedentes. Estamos por elegir 881 cargos, hablamos de más de 200 veces lo que ocurre en las elecciones judiciales en Bolivia. Si pensamos en el número de candidaturas, estamos hablando de miles de candidaturas.”
Castellanos subrayó el desafío que representa este proceso para la ciudadanía y las autoridades, aludiendo a la dificultad de revisar todos los perfiles de los candidatos debido al elevado número de cargos, por lo que su organización está realizando esfuerzos para revisar el mayor número posible de candidaturas.
“El tema de la idoneidad quedó un poco en entredicho, o bastante, por el proceso mismo”, refiriéndose a las fallas y limitaciones del proceso electoral que se está llevando a cabo.
Enfatizó que, si el proceso hubiera sido realizado con mayor anticipación y de manera más escalonada, “habría muchas cosas que podrían estar haciendo mejor”.
Source link