A medida que avanza el juicio del caso máster, que este lunes ha celebrado su tercera sesión en la Audiencia Provincial de Madrid, la figura de María Teresa Feito adquiere mayor protagonismo. Esta profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ejercía como asesora de la Comunidad de Madrid cuando estalló el escándalo, se encontraba físicamente en el epicentro de la gestión de la crisis el 21 de marzo de 2018, cuando se publicó la primera información que señalaba a la entonces presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes. Ella misma ha reconocido que aquel día se desplazó hasta el centro docente y contactó con los implicados, pero alega que fue simple casualidad. Sin embargo, durante la vista oral, varios testigos la han situado al frente de las labores para solucionar el problema y con una actitud proactiva.
Andrés Martínez, vicerrector de Planificación y Estrategia, ha sido uno de los que ha señalado a Feito. Este testigo, presente en la intensa reunión que se celebró en la universidad durante la mañana del 21 de marzo, ha recalcado este lunes que la asesora autonómica participó en esa cita y que, incluso, fue la primera persona en facilitar el día en que Cifuentes supuestamente defendió su trabajo fin de máster (TFM) ante un tribunal. Una fecha que consta en el acta falsificada. “Feito dijo que el trabajo se defendió el 2 de julio —pese a que las tres profesoras que constan en ese papel niegan que llegara a hacerlo— y que se lo habían dicho desde el gabinete de Presidencia”, ha detallado Martínez, que ha insistido en que, hasta ese momento, nadie había concretado la jornada exacta.
En esa misma línea, el profesor Pablo Chico ha concedido a Feito un importante papel. Este docente del máster, que dio permiso a una funcionaria de la universidad para cambiar una nota de Cifuentes, ha reiterado que la asesora tenía “un interés especial en resolver el problema”. Según ha apuntado, un día antes de que estallara el escándalo, cuando los periodistas de eldiario.es contactaron con la URJC para contrastar la información, el propio rector ya le facilitó el número de teléfono de la asesora para que hablase con ella. Pese a ello, no lo hicieron hasta la mañana del 21 de marzo, cuando esta le “apremió para que le diera cualquier dato”. “No fue una conversación fácil”, ha apostillado.
—¿Usted entendía que Feito representaba a Cifuentes? —le ha preguntado el abogado de la universidad, que sostiene que la presidenta de la Comunidad “dio instrucciones expresas a Feito” para que “instase” a Enrique Álvarez Conde, director del máster, a crear la “documentación necesaria que justificara que Cifuentes había cursado el curso con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener el título, incluida la defensa del trabajo fin de máster”.
—No lo sé —ha echado balones fuera Chico.
—Pero entonces —ha insistido después la fiscal—, ¿por qué le envía aquel día un correo a Feito [con documentación sobre el máster]? ¿Entiende que está actuando en nombre de la Comunidad?
“Yo entiendo que tengo que mandárselo a ella porque me lo pide. Ella no me dice en nombre de quién está actuando”, ha eludido el profesor en un principio, hasta que finalmente ha respondido: “Efectivamente, ella quería resolver este problema para la Comunidad de Madrid”. “Me sentí obligado”, ha dicho.
La funcionaria Amalia Calonge declara durante la sesión del juicio de este lunes.
La trascendencia de Feito
El papel de Feito, para quien el ministerio público pide tres años y tres meses de cárcel, resulta fundamental para dilucidar la responsabilidad penal de Cifuentes. Según mantiene la Fiscalía y la juez que instruyó la investigación, la expresidenta autonómica envió a la asesora a la URJC para “evitar las nefastas consecuencias políticas” que se avecinaban. Había que evitar que la noticia le perjudicara más y, para ello, se instó supuestamente a fabricar el acta del TFM, pese a que la dirigente del PP nunca había hecho ese trabajo ni lo había defendido ante ningún tribunal.
Cecilia Rosado, una de las profesoras que consta en el acta, ya señaló que la falsificó porque Feito la presionó y se lo exigió expresamente. Otra de las docentes que aparecen en el documento, Clara Souto, reveló que Álvarez Conde le contó antes de morir que había recibido presiones desde el “ámbito político”, pero no especificó nombres. Y el rector de la universidad, Javier Ramos, no solo dijo el pasado viernes que siempre vio a la asesora del Gobierno regional como una interlocutora de la Comunidad, sino que entendió que había acudido a la URJC ese día para resolver la polémica. Además, Ramos hizo hincapié en que Rafael Van Grieken, entonces consejero de Educación y de quien Feito dependía jerárquicamente, le pidió esa acta durante las “reiteradas llamadas” que le hizo.
Feito lo niega todo. No solo repite que nunca instó a Cecilia Rosado a falsificar el acta, sino que asegura que el 21 de marzo se encontraba en la universidad porque se iba a ver con otro profesor y que, simplemente, contactó con los implicados por teléfono en decenas de llamadas por “interés personal”.
Van Grieken, que ha declarado también como testigo, ha aprovechado para cargar contra el rector. “Si hubo llamadas ese día es porque mi obligación como consejero exigía tener la documentación que estaba seguro de que el rector disponía tras haber hecho las afirmaciones que hizo durante la rueda de prensa, y que sin embargo, el rector no nos envió hasta tres horas después de finalizada la misma”, ha subrayado, antes de apostillar que no le solicitó concretamente el acta: “Lo que pido es la documentación en la que se han basado para afirmar todo lo que se contó en la rueda de prensa”. “Me he sentido engañado por el rector”, ha añadido en un comunicado posterior.
La funcionaria que cambió las notas
La sesión de este lunes ha dejado muchas más contradicciones. Y, precisamente, de dos personajes clave en la trama: Amalia Calonge, la funcionaria que acompañó a Cifuentes a recoger su diploma y que materialmente cambió las notas de la presidenta en el sistema informático —pese a que la universidad reitera que no tenía autorización para ello—, y del profesor Pablo Chico. Según la primera, este docente la autorizó a corregir la calificación de la asignatura que él había impartido y la del trabajo fin de máster. Sin embargo, Chico dice que solo dio luz verde a cambiar la nota de su materia, pero nunca la del TFM, ya que él nunca participó en su evaluación.
Calonge ha asegurado también que vio el acta bajo sospecha en la reunión que se produjo en la universidad para gestionar la crisis, pese a que esta no se falsificó hasta más tarde, según la investigación. De hecho, antes de que la funcionaria pronunciara estas palabras, José Antonio Lobato, responsable del área de Títulos Propios, departamento encargado de guardar las actas, había detallado al tribunal que ese mismo día la buscó y no la encontró.
Está previsto que el juicio continúe el próximo viernes, cuando declararán los últimos testigos. Ese mismo día, de cumplirse los cálculos del tribunal, las partes plantearán también sus conclusiones finales y quedará visto para sentencia.
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